El fin del mundo

Recuerdo la primera vez que escuché hablar a alguien en catalán. Corría el año 1981 y yo estudiaba 3º de EGB en un colegio público de Hospitalet de Llobregat. El primer día del curso se presentó una joven maestra con unas gafas enormes de cristal redondo y empezó a dar la clase en catalán. Yo tenía ocho años y hasta entonces nadie me había hablado en catalán. Aquel día apenas pude seguir el hilo de la clase. Sin embargo, a las pocas semanas ya llamaba “senyoreta” a la maestra. No fui el único en aprender catalán en la escuela. Para millones de catalanes como yo, cuya lengua materna es el castellano, la escuela fue el vínculo gracias al cual aprendimos la lengua del poeta Martí i Pol. Los idiomas se pueden aprender en la escuela y en la calle. No fue mi caso. Yo, que crecí en un barrio castellanohablante, sólo tuve la escuela. Es posible que me deje llevar por la nostalgia hacia ese mundo de realismo mágico que es la infancia. Pero 31 años después sólo tengo palabras de agradecimiento hacia la escuela de mi infancia y hacia la “senyoreta” de las gafas grandes a quien jamás olvidaré.

No me interesan conceptos como la soberanía o la identidad nacional. Sí me interesa el entorno en el que vivo. La identidad me la dio el barrio en el que crecí y el pueblo de Córdoba del que proceden mis padres. Es la misma identidad que pueda sentir alguien que se haya criado en Vallecas y cuyos padres emigraron desde Extremadura al Madrid de los años 60. No es un sentimiento identitario en lo nacional sino en lo social. Son las clases sociales. Tan ignoradas como desconocidas por nuestros políticos, incluyendo a algunos que dicen ser de izquierdas. Quizás la ocurrencia de Paco Vázquez, alcalde socialista de La Coruña entre 1983 y 2006, de comparar la inmersión lingüística en Cataluña con la Alemania Nazi pueda quedar en un mero traspiés dialéctico debido al desconocimiento de una realidad social determinada. Uno más de esos apoltronados que tenemos por dirigentes. Pero cuando se afirma que “no hay diferencia entre un judío perseguido por los nazis y un niño catalán castigado por hablar español” se está evidenciando una indecencia moral y una indigencia intelectual difícilmente asumibles.

En Paseos con mi madre, Javier Pérez Andújar escribía que “antes de sentirse de ningún país, patria o nación, pertenece a la internacional de los bloques”. Un sentimiento similar sentirá David Reboredo, un extoxicómano gallego a quien el gobierno ha denegado dos veces el indulto pese a estar plenamente rehabilitado. David creció en el barrio obrero de El Calvario, en Vigo. Cayó en las drogas en la década de los ochenta como otros tantos jóvenes de su generación. Hace trece años emprendió un programa de desintoxicación pero entre 2006 y 2009 cometió algún que otro pequeño delito relacionado con el consumo de drogas; le incautaron medio gramo de heroína y fue condenado a siete años de prisión. Su caso contrasta con la facilidad que han exhibido los gobiernos del PSOE y del PP para indultar a estafadores y corruptos de guante blanco. La estadística habla por sí sola: en España se han concedido desde 2000 un total de 226 indultos por delitos contra la administración pública. A modo de ejemplo, 25 indultos fueron por casos de prevaricación, 107 por malversación de fondos públicos y 16 por cohecho. A David le engancharon con una papelina. No es una cuestión de justicia sino de ricos y pobres.

“Crecimos en el gueto del fin de la historia” escribe Silvia Nanclares, joven escritora de Moratalaz, en El Sur: Instrucciones de uso. Moratalaz es un distrito de Madrid delimitado por un enjambre de autopistas; la M-30 al oeste, la M-40 al este, la A-3 al sur y la M-23 al norte. Las “ciudades dormitorio” son nuestra identidad. Esa identidad que tan bien describe Silvia Nanclares: Hablo de buzones idénticos con Gómez-García, González-Crespo, Jiménez-Blanco, de tardes completas sentados en un bordillo, de motos robadas, de chabolas en badenes, de casas prefabricadas donadas a gitanos, de vías muertas y charcos gigantes que, como partículas de carbono 14, desmentían el placebo de la Ahistoria para decirnos al oído: "Pues no, niños, lo que veis ahora no siempre fue así". Hospitalet, El Calvario y Moratalaz son para algunos el fin del mundo. Nuestros políticos, jueces o periodistas no crecieron en esos barrios y ciudades, ni los conocen ni se esfuerzan lo más mínimo por echar un vistazo y recorrer sus calles. Supongo que es más cómodo observar el mundo desde una torre de marfil.

Pedro Luna Antúnez.

Crimen y castigo

Si existe una sociedad donde la separación entre lo oficial y lo real es cada vez más profunda ésa es la catalana. En los últimos treinta años medios de comunicación como TV3 o La Vanguardia nos han dibujado una Cataluña monolítica y casi de postal, como arrancada de las páginas de L´auca del senyor Esteve de Santiago Rusiñol, ese canto del cisne literario de la burguesía catalana de principios del siglo XX. Pero Cataluña es algo más que una comedia modernista. Es posiblemente la realidad política más compleja de España. Muy por encima del País Vasco donde las posiciones son más claras y extremas. Donde apenas caben cuatro fuerzas políticas delimitadas por la cuestión nacional.

En Cataluña caben los matices y la transversalidad. Incluso la ambigüedad. Si a ello le añadimos una población social y políticamente diversa no es casualidad que en el Parlament de Catalunya hayan entrado hasta siete fuerzas políticas que responden a su vez a siete tradiciones políticas bien asentadas. Siete que se convierten en nueve si partimos por la mitad dos coaliciones como CiU e ICV-EUiA. La izquierda va desde la socialdemocracia hasta la izquierda independentista pasando del ecosocialismo a la izquierda comunista. No menos atomizado es el eje nacional. Desde el nacionalismo español y el regionalismo democristiano hasta el independentismo pasando por el nacionalismo conservador y de un federalismo a otro: el asimétrico y el republicano. Incluso el españolismo presenta el hecho diferencial de Ciutadans en lugar de una UPyD que ha vuelto a fracasar en Cataluña al obtener menos votos que el PACMA o el Partido Pirata.

Pero olvidémonos de la aritmética y de los bloques nacionales. Se podrán hacer las cábalas que se quieran y sumar a unos partidos u otros dependiendo de su grado de afección a la patria. Ésa no es la clave. Lo será para vender periódicos y marear la perdiz. La clave es otra: el 25 de noviembre la Cataluña real vapuleó a la oficial. La Cataluña de los Yayoflautas de Bellvitge y la de las plataformas contra los desahucios derrotó a la de Felip Puig, Boi Ruiz y Felix Millet, a la Cataluña de las balas de goma, la corrupción y los recortes en sanidad. La otra gran derrota afectó a los imperios mediáticos. El talegazo de CiU pone de relieve el fracaso de una opinión pública institucionalizada hasta el tuétano. Cavernas mediáticas, expresión utilizada en Cataluña para referirse a la prensa madrileña, las hay en Madrid y en Barcelona. Decía Antonio Gramsci que un diario con 800.000 lectores es un partido político. En Cataluña hay un diario que supera con creces esa cifra: La Vanguardia. La cabecera del Grupo Godó es el ejemplo más paradigmático de la simbiosis entre los medios catalanes y el poder político en Cataluña. Su campaña de exaltación nacional iniciada tras la pasada Diada llegó a adquirir tintes de teatro del absurdo. No fueron los únicos por mucho que ahora otros traten de pescar en aguas revueltas.

Dos años de guerra declarada a la clase trabajadora no podían caer en el olvido. No puede haber crimen sin castigo. Especialmente para CiU. Aunque también para el PP y para un PSC-PSOE a la deriva. No dejan de ser los partidos de la Troika. Las políticas de austeridad y la destrucción de empleo han provocado que en Cataluña la tasa de pobreza haya crecido hasta el 30% y que uno de cada cinco catalanes corra el riesgo de engordar la estadística. Los recortes sociales del gobierno de CiU y la reforma laboral del PP, que tan alegremente apoyó CiU, han hecho a Cataluña más pobre. Pensar que ello no tendría incidencia alguna en las elecciones era propio de quien no ve más allá de su micro realidad. La patria mueve a las personas pero no les da de comer.

Las elecciones catalanas han rematado a un cadáver. El avance del independentismo y de la izquierda evidencia la superación del modelo constitucional de 1978. Exceptuando a las momias del bipartidismo, PSOE y PP, la constitución monárquica ya ni seduce ni convence a amplios sectores de la población. No lo hace por una razón muy sencilla; porque ya no sirve para garantizar las necesidades materiales más básicas y porque ha degenerado en una estafa pseudodemocrática. No es de extrañar que crezca el independentismo en Cataluña. Lo ha hecho no sólo en los últimos tres meses. El “sorpasso” de ERC al PSC y la entrada de la CUP demuestra que el auge social del independentismo camina al margen de CiU y que no sólo es producto del mesianismo de Artur Mas. Por último, el buen resultado electoral de ICV-EUiA no puede hacernos olvidar que las elecciones no son el fin sino el medio. El fin es cambiar el sistema. Es la República. Algo que deberían asimilar las direcciones de ICV y EUiA si pretenden seguir remontando el vuelo hasta alcanzar el techo histórico de los 25 diputados que consiguió el PSUC en las elecciones catalanas de 1980. En esta ocasión sólo se podrá hacer desde la unidad y ampliando las alianzas. Recordemos que sólo nueve meses después de las elecciones de 1980 se produjo la ruptura cainita del V Congreso del PSUC. Fue en enero de 1981. En las siguientes elecciones celebradas en 1984 el PSUC perdió 19 diputados y se quedó en 6.

Pedro Luna Antúnez.

Saltarse el guión

Un lugar común de las últimas tres huelgas generales son las reacciones del día después. Tanto a favor como en contra. Que tome nota el gobierno expresan los líderes sindicales. Fracaso sindical titula la derecha mediática. Las reacciones son parte de un guión ya escrito. Tanto es así que incluso algunos ya tenían redactada la crónica con anterioridad al desarrollo de la huelga. Luego se harán llamar periodistas. El caso es que ni el gobierno tomará nota ni la huelga puede haber fracasado cuando la misma prensa ultramontana habla de pérdidas de unos 4.000 millones de euros. Posiblemente ese guión responda a una necesidad: la que tenemos todos de leer aquello que queremos escuchar. Eso sí, capítulo aparte merece una prensa que a poco que rasques deja brotar un fascismo que si bien disimulaba hace algunos años ahora muestra con absoluto descaro.

En ese guión establecido sorprende que desde los sindicatos apenas se analice una realidad social que por sí sola puede condicionar el éxito o no de una huelga general. Igual más de uno se sorprende pero resulta que no todos los trabajadores cobran 1.500 euros mensuales. Ni siquiera la mitad. Son millones los trabajadores que aún apoyando la huelga no pueden hacerla. En primer lugar porque perder el salario de un día puede provocar que dejen de pagar el alquiler de su vivienda o que pasen hambre. En segundo lugar porque sobre ellos pesa la losa del despido sólo por el mero hecho de ejercer el derecho a la huelga. No es un fenómeno nuevo. Uno de cada cuatro españoles viven bajo el umbral de la pobreza. Pero no sólo los desempleados sufren condiciones de miseria y penuria. Por ello es necesario repensar la huelga general desde un punto de vista organizativo.

Se echan en falta voces que hablen de recuperar las cajas de resistencia sindicales. Muy pocos o casi nadie lo han hecho salvo honrosas excepciones. La de Don Jesús, por ejemplo, quien posee el don de la anticipación. Ahora bien, la pelota está en el tejado de las direcciones sindicales y son ellas las que tienen que dar el paso. De lo contrario se correría el riesgo de desvirtuar una herramienta tan poderosa como es la huelga general. Aunque sólo sea por evitar situaciones profundamente injustas no podemos caer en el error de no saber diferenciar entre un trabajador que se presenta en el piquete de la empresa con su Audi A3 dispuesto a trabajar “porque le sale de los cojones” y una cajera del Día que no hace huelga coartada por el régimen laboral de semiesclavitud al que está sujeta. En el primer caso un insulto como el de “perro esquirol” forma parte del juego. Sin embargo, observar en el segundo caso como alguien con trabajo fijo y un salario medio de 1.900 euros mensuales le dedica tal ofensa a una cajera con contrato eventual que gana 600 euros mensuales es cuando menos sonrojante.

Sería preciso que de cara a próximas huelgas, ya sean generales o sectoriales, alguien proponga saltarse el guión de las anteriores. No podemos dejar desamparados a millones de trabajadores y esperar de ellos un acto de martirio y heroísmo. Quizás la solución radique en hacer progresivas las cuotas de afiliación sindical según el nivel de rentas u organizar campañas de financiación colectiva para crear un fondo de resistencia que llegada la convocatoria de una huelga sirva para aliviar las extremas dificultades que padecen los más precarios. Por lo menos cabe esperar la solidaridad de aquellos que disfrutamos de una situación laboral más digna y estable. Esa es la idea, compañeros.

Pedro Luna Antúnez.

Sobran manifiestos y catedrales que nos iluminen

Federalistas tan “ilustres” como Carlos Solchaga y Mario Vargas Llosa firman hoy en "El País" un manifiesto de intelectuales y profesionales a favor de una España federal frente la oleada soberanista de Artur Mas. Después de leer detenidamente el texto pienso que se ha desperdiciado una gran oportunidad para confrontar el debate identitario en Cataluña desde una perspectiva federal, republicana y democrática. Eso dicho de manera diplomática. Siendo menos suave diría simplemente que no se enteran. Porque si ése es el servicio que nos prestan los firmantes del manifiesto a aquellos que en Cataluña defendemos un Estado federal, mejor que se abstengan la próxima ocasión. Así lo ha expresado el maestro López Bulla en un breve pero acertado artículo. Un manifiesto que pretendía ser hermano del publicado en Cataluña hace unas semanas no deja de ser un mal remedo del anterior y ya sea por omisión o por desconocimiento de la realidad catalana, tropieza una y otra vez en lugares comunes y en la defensa de un marco político y jurídico que es precisamente donde se halla la raíz del problema.

Primer error. Hablar de federalismo y defender la Constitución de 1978. ¿Acaso proponen los firmantes una monarquía federal?. Ante tal disparate no podemos sino reaccionar con perplejidad y esbozar una sonrisa burlona a la vez. Ya no hay dicotomía posible. España será republicana o no será. Es el único encaje político que puede hacer confluir en un proyecto común a las diferentes realidades nacionales que conforman este país. El manifiesto en ningún momento cuestiona el régimen actual. Ni emplaza a transformarlo. Por no cuestionar, ni siquiera se hace la más mínima crítica a las políticas de recortes sociales del gobierno central del PP ni se rechaza la eclosión del nacionalismo español con el fin de tapar bajo la bandera monárquica la miseria social que padece actualmente España. Como es obvio, tampoco se cuestiona la monarquía. 

Segundo error. Reducir la oleada soberanista en Cataluña a CiU. Es cierto que CiU ha intensificado su perfil más nacionalista en los últimos meses. Lo ha hecho de manera interesada y con el propósito de borrar de un plumazo dos años de gobierno caracterizados por continuos hachazos contra los derechos sociales y los servicios públicos. Ahora bien, nos equivocaríamos si pensáramos que el millón y medio de catalanes que se echaron a la calle el 11 de septiembre eran en su totalidad votantes o simpatizantes de CiU. Artur Mas lo único que ha hecho ha sido subirse a una ola y en cierto modo hegemonizarla. Pero ésa es una ola que lleva años fraguándose desde plataformas y movimientos sociales en Cataluña. Podremos colocarnos una venda en los ojos e ignorar la realidad. Pero la realidad objetiva nos dice que en Cataluña el independentismo ha ganado base social y lo ha hecho al margen de CiU e incluso de los partidos de corte tradicional.

Tercer error. El manifiesto es parcial y recurre en exceso a los clichés políticamente correctos. Aún estando de acuerdo con algunos párrafos me resulta difícil creer la visión tan idílica y paternalista que transmite el manifiesto. Es verdad que desde ciertos sectores del nacionalismo catalán se tiende a engordar el victimismo y se aviva un sentimiento de rencor en contraposición con la supuesta catalanofobia existente en el resto de España. Pero hablemos claro. Tampoco los catalanes son recibidos con globos y serpentinas una vez cruzan el Ebro. Ya se han encargado algunos prohombres del nacionalismo español más rancio de que no sea así. Ahora se trata de traspasar esa perversa red tejida por ambos nacionalismos y desbaratar cualquier atisbo de fomentar el enfrentamiento entre los pueblos. En fin, que sobran manifiestos y catedrales que nos iluminen.

Pedro Luna Antúnez.

Como decíamos ayer

Los sindicatos han convocado oficialmente una huelga general para el próximo 14 de noviembre. Era de esperar y así lo intuíamos desde hace algunas semanas. Es la huelga europea, o mejor dicho, la huelga de los países más maltratados por las políticas de jarabe de palo aplicadas por el triunvirato formado por el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. La huelga se realizará al unísono en España, Portugal, Grecia, Malta y Chipre. En paralelo, se organizarán movilizaciones en otros tantos países del sur de Europa como Francia e Italia. Como decíamos ayer, era y es preciso internacionalizar el conflicto. El éxito de experiencias como la del movimiento “Global Noise” del pasado 13 de octubre han puesto de relieve la necesidad de coordinar las luchas a mundial. Ahora es el turno del movimiento sindical. Quizás éste sea el primer paso. Esperando, eso sí, que a las próximas batallas se sume la izquierda sindical y política de los países del norte. Seguir aferrándose a las viejas fronteras del Estado-nación y limitar la acción política a las mismas denotaría que la izquierda que en su día fue modelo para el conjunto de la socialdemocracia europea, hoy peque de ombliguismo y no entienda las dimensiones reales de una crisis que si bien hoy golpea con dureza a los trabajadores del sur mañana lo hará con los del norte.

Lo decíamos ayer. Cabe suponer que en Cataluña la huelga general tenga un doble efecto. Como eje vertebrador contra los recortes y como acicate para insuflar aires renovados en la campaña electoral catalana con el fin de acentuar el componente social. Parece que algunas sensibilidades en el seno de la izquierda catalana empiezan a asomar la cabeza y a cuestionar una deriva nacionalista que está alcanzando ribetes irracionales. Hace unos días se presentó el manifiesto por una “Cataluña federalista y de izquierdas”, un texto mejorable en el contenido pero necesario en cuanto al mensaje. Ahora bien, sería saludable y conveniente no caer en el frentismo que otros fomentan interesadamente a ambos lados de la orilla. Tal y como expresa el propio manifiesto, Cataluña ha de seguir articulándose como “un solo pueblo”. Un pueblo con diversas realidades políticas, culturales y lingüísticas pero sin menoscabo del bien más preciado: la cohesión social.

Un último apunte. La huelga general llega en un momento de regresión en materia de libertades. La libertad de expresión y el derecho de manifestación sufren cada día la coacción permanente del poder político y económico. Los de arriba se han despojado de los falsos ropajes democráticos y no están dispuestos a admitir la más mínima crítica o protesta ciudadana. La caza de brujas contra los movimientos sociales o más recientemente, la pretensión gubernamental de prohibir la grabación de imágenes de las actuaciones policiales en manifestaciones hacen vislumbrar que al Estado de derecho le quedan tres telediarios. Frente a ello, nuestra respuesta ha de ser perseverante. Recordemos sino a Fray Luis de León. Pasó cinco largos años de su vida en las cárceles de la Inquisición por traducir a lengua vulgar el “Cantar de los cantares”. Sin embargo, ni la censura ni los años de penuria amedrentaron al clérigo castellano. El día que volvió a su cátedra de la Universidad de Salamanca comenzó la clase como en él era habitual. Con temple sereno y orgulloso exclamó: “como decíamos ayer”. Un buen ejemplo de entereza el del autor de la oda a la “Vida retirada”.

Pedro Luna Antúnez.

2008-2012: los años de la Contrarreforma

"El ejecutivo del Estado moderno no es otra cosa que un comité de administración de los negocios de la burguesía". 
Karl Marx.

Desde que se celebrara el último proceso congresual de CCOO hace cuatro años, la economía española ha sufrido grandes y profundos cambios que no han hecho sino agudizar el desmantelamiento de nuestro frágil Estado del bienestar y la precarización permanente de los derechos sociales de la clase trabajadora. Podríamos decir que en estos cuatro años hemos asistido no sólo a un cambio de ciclo económico sino a la ruptura del pacto constitucional de 1978. Los procesos económicos y políticos se han sucedido de manera paulatina pero sin pausa.

En 2008 la quiebra de Lehman Brothers, uno de los cinco mayores bancos de inversiones de EEUU, inició un efecto dominó en la economía mundial que desencadenó la mayor crisis del capitalismo financiero de la historia contemporánea. Los excesos de la Banca y de una economía especulativa inflada durante años por la concesión de créditos hipotecarios de alto riesgo y posteriormente lastrada por la acumulación de activos tóxicos difícilmente liquidables, conllevaron desde el inicio de la crisis financiera la inyección por parte de los Estados de dinero público a las entidades bancarias a un bajo tipo de interés. Por ejemplo, desde 2008 se han prestado más de 120.000 millones de euros a la Banca, propiciando así el endeudamiento público que padece actualmente el Estado. La subordinación de los respectivos gobiernos del PSOE y del PP a la Banca ha generado una situación de quiebra del Estado social y la adopción de una política económica orientada hacia la viabilidad financiera de los bancos y el deterioro de las condiciones de trabajo de la clase obrera. 

Desde 2008 se han sucedido una serie de reformas laborales y de recortes sociales que han propiciado el desarme del Estado del bienestar. El origen de la crisis no está en el mercado de trabajo pero a raíz del elevado déficit del Estado los gobiernos del PSOE y PP han aprovechado la coyuntura para iniciar una ofensiva contra los derechos sociales. Ya en marzo de 2009 el gobierno de Zapatero aprobó por Decreto-Ley seis medidas extraordinarias para “el mantenimiento y fomento del empleo” en el marco de los Acuerdos de Negociación Colectiva (ANC). Mediante aquel decreto, el gobierno del PSOE impulsaba y daba curso legal, entre otras medidas, al abaratamiento de los contratos (el empresario que contrataba a un desempleado disfrutaba de una bonificación al 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social con cargo a la prestación del parado) y a la contratación parcial (bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social para los contratos a tiempo parcial desde un 50% hasta un 100%). Los ANC de 2009 se cerraron sin acuerdo con los sindicatos por primera vez desde 2002 a causa de las diferencias que surgieron respecto al IPC previsto. Se iniciaba así un proceso del dialogo social con continuos altibajos en una primera fase y con la ruptura del propio dialogo, en una fase posterior.

Mucho se ha discutido sobre la estrategia sindical durante los últimos cuatro años. El propio Ignacio Fernández Toxo declaraba en enero de 2009 que “no era el momento de plantear una reforma laboral porque el origen de la crisis económica no estaba en el mercado de trabajo”. La reflexión de Toxo era muy acertada. No en vano, el déficit público nada tiene que ver con la estructura del tejido laboral español o con la negociación colectiva sino con los excesos cometidos durante años por la especulación financiera e inmobiliaria.

Sin embargo, la evolución de la situación económica, las presiones de los poderes fácticos y porque no decirlo, un análisis sindical algo complaciente provocaron la firma de acuerdos como el de la reforma de las pensiones o el acuerdo de negociación colectiva de 2012 que precedió a la reforma laboral del PP. Obviamente, la falta de consenso en los ANC de 2009 no significó la ruptura inmediata del diálogo social. La concertación siguió dando sus frutos y en febrero de 2010 el acuerdo alcanzado entre sindicatos, gobierno del PSOE y la patronal, posibilitaron, ésta vez sí, la renovación de los ANC por un periodo de tres años (2010-2012) mediante el I Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Ante la perspectiva de un futuro económico nada halagüeño, CCOO y UGT acordaron tres años de moderación salarial, con subidas de hasta el 1% (2010), entre el 1% y el 2% (2011) y entre el 1,5% y el 2,5% para 2012. Se trataba por lo tanto de una moderación salarial “in crescendo”. Lo que nadie auguró en ese momento es que la situación económica sería cada vez más precaria y que para 2011 y 2012 muchas serían las empresas que se descolgarían de los convenios sectoriales y provinciales o que directamente los incumplirían en materia salarial.

Tras el acuerdo alcanzado en febrero de 2010, el dialogo social se desarrolló con normalidad a pesar de una conflictividad laboral cada vez mayor y del aumento incesante de la tasa del desempleo. En 2010 la tasa del paro ya había traspasado la barrera psicológica del 20% con cerca de 4.700.000 personas desempleadas. La deuda de la Banca provocó la falta de crédito a las PYMES y un proceso de desaceleración productiva. Una vez más se estaban socializando las pérdidas justo cuando años atrás se habían privatizado los beneficios. El creciente desempleo hizo que el gobierno del PSOE aprovechara la situación para reformar el mercado de trabajo español. El resultado fue el Decreto-Ley de junio de 2010. La Reforma Laboral de Zapatero fue conocida como el “Decretazo” y supuso una vuelta de tuerca más en las ya muy precarias condiciones de la clase trabajadora española. Con la nueva reforma, los empresarios obtenían más flexibilidad laboral, un despido más fácil y barato, mayor temporalidad, ventajas fiscales, la extensión de las ETT´S al conjunto de los sectores, la ampliación en cuanto a la movilidad funcional y geográfica así como la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Es decir, la Reforma Laboral de Zapatero ya anticipaba lo que dos años más tarde sería la Reforma Laboral del Partido Popular.

El decretazo de Zapatero presentaba, por ejemplo, la modificación del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores por el cual se ampliaban las causas por despido en expedientes de regulación de empleo (ERE) al permitir que una empresa pudiera presentar un ERE alegando la previsión de futuras dificultades como causa objetiva. Asimismo, la reforma abarataba el despido para las empresas al hacerse cargo el FOGASA de abonar 8 días de indemnización en caso de extinción de todos los contratos indefinidos. Recordemos que hasta 2010 el FOGASA se hacía cargo del 40% de la indemnización sólo en los casos de empresas de menos de 25 trabajadores. La Reforma Laboral de 2010 provocó la convocatoria por parte de los sindicatos de la Huelga General del 29 de septiembre.

La Huelga General del 29-S no provocó a medio plazo un gran distanciamiento entre el gobierno del PSOE y los sindicatos. Más bien todo lo contrario. 2011 fue un año de consenso generalizado y ya en el mes de enero se alcanzó un acuerdo para reformar el sistema público de pensiones. Tras una larga campaña sindical contra la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años, CCOO y UGT estamparon su firma en la que posiblemente sea la reforma más regresiva jamás firmada por los sindicatos en España. Esgrimiendo la situación del déficit público y la evolución demográfica, el acuerdo contemplaba mediante un sistema flexible la progresiva ampliación de la edad de jubilación a los 67. En paralelo, la reforma establecía la ampliación de los años de cotización necesarios para acceder al 100% de la jubilación, pasando de 35 a 38,5 años, así como el aumento del periodo de cálculo, de 15 a 25 años.

De difícil explicación para las bases del sindicato, la reforma de las pensiones supuso un punto de inflexión en la acción sindical de CCOO y no fueron pocas las voces críticas en el seno del sindicato contra un acuerdo que contravenía la apuesta tradicional de CCOO a favor de un sistema público de pensiones al alcance del conjunto de la clase trabajadora. Con la nueva reforma de las pensiones son varios los colectivos que salen perjudicados de manera muy notable, esencialmente, los jóvenes, cuya inserción en el mercado laboral se ha retrasado en los últimos años, y las mujeres, quienes padecen índices más elevados de precariedad y temporalidad laboral. En un contexto de ofensiva antisocial, los sindicatos antepusieron los intereses del Estado a los intereses de los trabajadores. Ése, quizás, haya sido uno de los errores que los sindicatos hayan cometido durante los últimos años: defender el marco del Estado pensando que con ello se defendían los intereses de la clase trabajadora. Ese sindicalismo de Estado olvidó que los intereses generales del propio Estado no son neutros sino de parte.

La estrategia sindical del “mal menor”, acrecentada por la crisis económica y el masivo desempleo, situó a los sindicatos en una difícil encrucijada: la de aceptar mermas en las condiciones de vida de los trabajadores a cambio de paliar los efectos de las reformas laborales y de salvaguardar la estructura de la negociación colectiva. En el segundo semestre de 2011, el desgaste del gobierno de Zapatero permitió el ascenso del Partido Popular tras ganar por mayoría absoluta las elecciones generales del 20 de noviembre.

El panorama no podía ser más desolador para la clase trabajadora española y las promesas durante la campaña electoral del PP de una nueva Reforma Laboral que representara la definitiva vuelta de tuerca de los derechos sociales acentuaron la sensación de alerta máxima tanto en los sindicatos como en los partidos de izquierdas. El surgimiento del movimiento 15-M en mayo fue sin duda un soplo de aire fresco para millones de militantes de izquierdas pasando en apenas unas semanas a convertirse en el gran referente de la movilización social y ciudadana.

El diálogo social no se interrumpió con el cambio de gobierno. En enero de 2012, y ante la perspectiva de una Reforma Laboral profundamente lesiva, los sindicatos y la patronal firmaron el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. La renovación del acuerdo firmado en 2011 se produjo con unos sindicatos claramente situados a la defensiva con el pretexto de preservar la estructura de la Negociación Colectiva así como la interlocución de los propios sindicatos en la misma. No obstante, el acuerdo de enero de 2012 adelantó algunas de las medidas que dos meses más tarde aprobaría el gobierno del PP en la Reforma Laboral. El acuerdo recogía propuestas de la CEOE como el descuelgue y la inaplicación de los convenios sectoriales y la negociación en la empresa de aspectos fundamentales como la jornada laboral, las funciones profesionales o el mismo salario. En paralelo, se apostaba por el convenio provincial pero al mismo tiempo se fomentaba su descentralización favoreciendo la negociación en la pequeña y mediana empresa con escasa o nula implantación de los sindicatos de clase. Por último, en materia salarial, por primera vez se fijaban los incrementos del poder adquisitivo no solo en relación al IPC sino según la evolución del PIB y de la actividad económica. Más que un acuerdo de moderación salarial se trataba de un acuerdo de pérdida salarial.

La Reforma Laboral del PP la decretó el gobierno en marzo y como se esperaba significó la agresión más profunda contra los derechos de los trabajadores de los últimos treinta y cinco años. Una reforma diseñada para liquidar derechos sociales históricos y para desregular por completo el mercado de trabajo y la negociación colectiva. El decreto permitía a las empresas, por ejemplo, abaratar la indemnización por despido improcedente al pasar de los 45 días con un tope de 42 mensualidades a los 33 días don un tope de 24 mensualidades. Asimismo, la reforma facilita la presentación de expedientes de regulación de empleo al no ser ya necesaria la autorización previa de la administración y que las empresas presenten un ERE cuando justifiquen una caída de los beneficios durante tres meses consecutivos. Con el objetivo de reducir el índice de absentismo, la reforma asume el despido de un trabajador que cause baja por enfermedad entre 9 y 20 días en un periodo de 2 meses. En cuanto a la negociación colectiva, se limita la ultractividad a dos años (en el trámite parlamentario quedará definitivamente en un año a raíz de una enmienda de CiU) y se da vía libre a las empresas para poder descolgarse de los convenios pactados así como para modificar de manera sustancial condiciones de trabajo como el salario y la jornada.

La reforma provocó una nueva convocatoria de Huelga General: la del 29 de marzo, ampliamente secundada por la clase trabajadora y por los nuevos movimientos sociales surgidos a la luz del movimiento 15-M, los cuales tuvieron un especial protagonismo en el desarrollo y éxito de la convocatoria, haciendo de la Huelga General del 29-M no sólo una huelga sindical sino social y ciudadana.

Como bien ya sabemos, la Reforma Laboral del PP no ha logrado uno de sus supuestos objetivos: crear empleo. Ya en el primer trimestre de 2012 la tasa de paro llega al 24,4%, con un total de 5.639.500 desempleados, según la EPA del citado periodo. Es decir, la reforma del PP no sólo no ha conseguido reducir el desempleo sino que lo ha disparado, especialmente entre los más jóvenes al superar por primera vez el paro juvenil la barrera del 50%. Sólo en Cataluña, la Reforma Laboral ha provocado que los expedientes de regulación de empleo hayan aumentado en un 166% respecto a 2011.

La situación social hace que vivamos en un país que va camino del tercermundismo en materia de derechos laborales y en políticas de protección del Estado del bienestar. El reciente rescate de la banca española por valor de 100.000 millones de euros provocará más recortes sociales y desempleo. Víctimas de la codicia de las élites financieras españolas y catalanas así como de la Unión Europa de dos velocidades que vuelve a definirse en torno al eje Norte-Sur, a los trabajadores no nos han dejado otra opción que la de romper con un sistema que se ha desprendido de la careta democrática y que actúa a espaldas de los intereses y de las necesidades de la mayoría de la población.

Pedro Luna Antúnez.

Cambio de agujas

El próximo 19 de octubre se reúnen los máximos órganos de dirección de CCOO y UGT. Por un lado lo hará el Consejo Confederal de CCOO y por otro el Comité Confederal de UGT. No parece ser que ambas reuniones vayan a ser meros trámites o en el caso de CCOO la cita sirva para calibrar las fuerzas de cara al proceso congresual que se acaba de abrir en el sindicato. En absoluto. No en vano se espera que ese día los sindicatos aprovechen para anunciar oficialmente la convocatoria de una huelga general. Posiblemente para el 14 de noviembre haciéndola coincidir con la huelga general en Portugal. Estamos por lo tanto ante un recrudecimiento del conflicto social en la calle y en los centros de trabajo. O mejor dicho, de una prolongación del conflicto permanente que se está librando entre quienes aplican políticas de recortes con el fin de desmantelar el Estado del bienestar y quienes se aferran no sólo a la defensa de los derechos colectivos sino que aspiran, como en el caso del movimiento 15M-25S, a un cambio de sistema.

La fecha del 14 de noviembre ofrece un par de lecturas a tener en cuenta. En primer lugar, sería la primera vez que se hace una huelga general en un marco ibérico. No es algo baladí. Ésta es una crisis sistémica que afecta por igual al conjunto de las clases trabajadoras más allá del distintivo nacional. Afecta por igual a un español que a un portugués. O a un italiano que a un griego. La ofensiva de los mercados es global. Por ello es necesario globalizar la respuesta e internacionalizar el conflicto. No hay otra opción si pretendemos tumbar políticas orquestadas desde organismos supranacionales y donde los gobiernos de los respectivos Estados no son más que meros peones en el tablero. Las élites financieras europeas y lo que eufemísticamente llamamos los mercados han seguido a pie juntillas una verdad volteriana: “Cuando se trata de dinero todos somos de la misma religión”.

La segunda lectura es de ámbito más local. Pero en cierto modo complementa a la primera en cuanto a la amplitud de miras. Si la huelga general finalmente se realiza el 14 de noviembre coincidirá con la campaña electoral catalana. En este sentido el paro podría ser un buen motivo para priorizar el debate social en lugar del mediático e inflado debate identitario. Es decir, se produciría un conveniente cambio de agujas que colocaría de nuevo el conflicto social y de clase en el epicentro de la discusión política. O al menos cabe esperar que así sea. De lo contrario en Cataluña corremos el riesgo de hacer descarrilar el tren de los derechos sociales sin apenas percatarnos de ello. Y como dijo Che Guevara, estamos obligados a insistir en lo obvio.

Pedro Luna Antúnez.

Mareados por el éxito

La movilización del 15S ha sido un éxito inapelable en cuanto a la asistencia. Cerca de un millón de personas se congregaron en la madrileña plaza de Colón tras haber estado la mayoría de ellas viajando toda la noche por las carreteras del país. Se ha demostrado que los sindicatos siguen manteniendo una formidable maquinaria movilizadora. Es tocar una tecla y colapsar el centro de Madrid con un millón de manifestantes. No en vano, entre CCOO y UGT suman unos dos millones y medio de afiliados. Ése es seguramente el mayor patrimonio que actualmente puedan presentar ambos sindicatos.

Pero la de ayer fue una movilización de contrastes. Entre un mar de banderas de plástico y el clamor de justicia, muy pocos se enteraron de un suceso que pasó a escasos metros: la detención de dos miembros de la Plataforma en Pie por el mero hecho de desplegar una pancarta a favor de la acción ciudadana del 25S. Detenciones que se ampliaron a cuatro tras retener la policía a dos manifestantes que sin tener vinculación con el 25S se solidarizaron con los activistas detenidos al ser testigos de tal abuso contra las libertades. Poco después se comunicó a los organizadores del 15S lo ocurrido y se les pidió informar de las detenciones en las intervenciones de los secretarios generales de CCOO y UGT. La respuesta de lo sindicatos fue que no podían hacerlo por considerar que se trataba de una llamada a la violencia y a "incendiarlo" todo.

Uno puede pensar que la negativa de los sindicatos a solidarizarse con los cuatro detenidos fue producto del despiste, el calor o por un súbito mareo producido por el enorme éxito de convocatoria. Mareados por el éxito o no, la respuesta de las direcciones de CCOO y UGT fue patética y no estuvo a la altura de las históricas organizaciones sindicales que representan. Fue la respuesta de alguien que defiende o por lo menos justifica por omisión a un sistema corrompido hasta el tuétano y a una élite político-empresarial que si la dejamos destrozará cualquier atisbo de justicia social y democracia. Incluyendo a los propios sindicatos. Por cierto, una de las detenidas que se solidarizó con los miembros de “Plataforma en Pie” es afiliada de CCOO.

Las direcciones sindicales siguen empeñadas en analizar la realidad como si nada hubiese cambiado desde 2008. Sus análisis corresponden al librillo de estilo de la socialdemocracia europea de la segunda mitad del siglo XX. Se trata de un gran legado político y teórico, sin duda. Sólo con una salvedad: ya no vivimos en un Estado del bienestar que ampara y protege a sus ciudadanos mediante una vasta estructura de servicios públicos y protección social. Han acabado con casi todo. Y en ese “casi” estamos ahora. Unos luchan por mantenerlo y otros empezarán a hacerlo cuando ya no quede nada.

Pedro Luna Antúnez.

Un baño de realidad

Hay que reconocer a CiU que son hábiles. Muy hábiles. En general, la burguesía catalana ha demostrado históricamente gran capacidad de adaptación al medio y al contexto político. Ya fuese en democracia o en plena dictadura. Aún así, ha conservado cierta pátina de derecha liberal y europea. Incluso entre la izquierda. Fue la misma izquierda la que ensalzó a CiU como la “derecha civilizada” en contraposición con la derecha española, más ruda y autoritaria. Poco importó el pasado franquista de la derecha catalana. Hoy Francesc Cambó, líder regionalista catalán durante los años veinte y treinta del siglo pasado y posterior adulador del dictador Franco, merece una estatua en el centro de Barcelona. Los fascistas siempre fueron otros.

La masiva manifestación del 11 de septiembre celebrada ayer en Barcelona es un nuevo logro de la burguesía nacionalista. No es fácil sacar a la calle a millón y medio de personas cuando por otro lado estás abocando a la pobreza a millones de ciudadanos y estás destrozando a golpe de decreto los servicios públicos más esenciales. El patriotismo y el soporte de los medios de comunicación obraron el milagro. Ayer una inmensa bandera tapó los recortes sociales del gobierno de CiU. Ese sentimiento gregario de pertenencia a la tribu del que se nutre todo nacionalismo llenó las calles de Barcelona para reclamar la creación de un nuevo Estado. Es decir, una vez más el debate sobre la cuestión nacional pasó por encima del debate social y de clase. Digamos que lo sepultó. Todo ello ante la satisfacción y la vanagloria de los Artur Mas y los Durán i Lleida.

La derecha nacionalista sabe hacer muy bien sus deberes. Su mensaje excluyente cala en la calle y ha relegado a la izquierda al papel de mera comparsa. La derecha ha vapuleado a la izquierda en su propio terreno. Lo ha logrado en un concepto tan gramsciano como el de la hegemonía cultural. La izquierda en Cataluña no es sino un espejismo de lo que fue el histórico PSUC. La idea de una república federal y el internacionalismo han caído en el olvido de una izquierda pendiente únicamente de los sondeos electorales y de la opinión pública. Es una izquierda estéril y adocenada que actúa a remolque de la derecha desoyendo e ignorando a su propia base social. A la izquierda catalana no le vendría nada mal bajar de nuevo al tajo. Le espera un baño de realidad.

Pedro Luna Antúnez.

Nuestro periodismo

Dice Ana Pastor que la han destituido de RTVE por hacer periodismo. Posiblemente sea así pero por desgracia no es la primera ni será la última. Antes que la mediática Ana Pastor, centenares de periodistas independientes fueron marginados y apartados de los grandes medios de comunicación, de los medios conservadores y de los que presumen de progresismo. Hoy en día el periodismo independiente no se hace en la prensa escrita y ni mucho menos en los informativos de televisión. Los medios convencionales están controlados por los tentáculos mediáticos del bipartidismo político y por los grupos económicos a los que sirven los primeros. Es decir, sirven al patrón y al comisario político.

La libertad de prensa en España está limitada por su propia estructura. Si pensamos en RTVE sería una quimera hacerlo en términos de servicio público. Ni con el PP ni con el PSOE. Son los grandes partidos políticos los que supervisan la información que sale de la televisión pública merced al control que ejerce el Consejo de Administración de la Corporación de RTVE. A partir de esa realidad, quien tiene la mayoría política controla la información. Así de simple. Es cierto que ese control puede ser más férreo o descarado dependiendo del color del gobierno de turno. Con el PP, un partido que desprecia la cultura y la libertad de expresión, no podemos sino esperar que resuciten la Vicesecretaría de Educación Popular.

Al periodismo independiente le queda el refugio de internet donde aún no se le han puesto puertas al campo. Eso no quiere decir que la Red escape del dominio mediático del poder. Pero sí que hay más margen de maniobra. Se trata de separar el grano de la paja. Disponemos de páginas y blogs realizados por periodistas o por ciudadanos libres y verdaderamente independientes. Si ya sabemos que la revolución no será televisada, no dejemos que también nos arrebaten los escasos espacios de libertad que nos quedan. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer cuando suene la sintonía del telediario será apagar el televisor.

Pedro Luna Antúnez.

Vacaciones de mierda

El mismo día que el Instituto Nacional de Estadística publicaba la EPA (Encuesta de Población Activa) del segundo trimestre de 2012, millones de españoles comenzaban sus vacaciones. Yo soy uno de los afortunados. Yo y algunos millones más. Pero no tantos. Según la EPA, la población ocupada en España es actualmente de 17.417.300 personas. Obviamente, no todos empiezan las vacaciones hoy. Entre otras cosas porque algunos millones las hicieron en julio. Otros las harán partidas durante agosto y otros muchos sencillamente no tendrán vacaciones. Algunos incluso tendrán un mes completo de vacaciones pero no podrán disfrutarlas porque no habrán cobrado la paga extra de verano o porque con el sueldo que cobran apenas les llegará para comer y pagar la hipoteca.

Es posible que existan despistados que aún no se hayan percatado de un detalle: ya no vivimos en aquel Estado del bienestar que nos garantizaba a todos un merecido mes de vacaciones. La pérdida del poder adquisitivo y la precariedad laboral han contribuido a que millones de españoles vean pasar el verano desde su balcón o a que sigan trabajando porque carecen de un derecho tan simple como el de disfrutar de un mes de vacaciones. Pero hay quienes están en peor situación. Si me remito a la EPA publicada hoy, en España ya hay 5.693.100 parados y la tasa de desempleo ha alcanzado su techo histórico con un 24´63%. A todos ellos ya les gustaría poder trabajar en agosto aunque fuese cobrando el salario mínimo interprofesional y sin derecho a vacaciones.

Cuando lleguemos a mediados de agosto “España será una fiesta” según los titulares de la prensa. Eso nos quieren hacer creer, que a pesar de ciertos sacrificios en este país se vive muy bien y que sus ciudadanos son profundamente felices por ello. Pero para la inmensa mayoría estas vacaciones serán una mierda. E insisto, parece que algunos no se quieren dar cuenta de la realidad social del país en el que viven. Esta misma tarde he recibido un correo electrónico de una organización política de izquierdas deseando unas buenas vacaciones a toda la militancia y avisando del cierre de la sede nacional durante todo el mes de agosto. Es decir, la lucha sigue compañeros. Pero en septiembre.

Pedro Luna Antúnez.

Pacto fiscal

Dice Artur Mas que gracias al Pacto Fiscal se resolverán casi todos los problemas de Cataluña. Supongo que en ese “casi” no incluirá, por ejemplo, el elevado fraude fiscal, los desahucios, el paro o unas tasas de pobreza infantil en Cataluña cercanas al 24%. El gobierno de la Generalitat es un elogio a la desfachatez y a la doble moral. Ha sido el fiel escudero del PP en la demolición controlada del Estado del bienestar. Decretos del gobierno central como el de la Reforma Laboral, los recortes en la prestación del desempleo y en el salario de los empleados públicos, la subida del IVA o la amnistía fiscal, recibieron los vítores más entusiastas desde la bancada convergente en el Congreso. Esas medidas han supuesto el empobrecimiento generalizado de la población española. También de la catalana, ya muy pauperizada desde que CiU inició su particular cruzada contra los servicios públicos en Cataluña, siendo el primer gobierno autonómico en aplicar el copago sanitario o adelgazando las ayudas a la renta mínima de inserción para los parados sin recursos económicos.

Hoy, a pocas horas de solicitar una línea de crédito al Estado, el Parlament de Catalunya ha aprobado una propuesta de pacto fiscal basada en el concierto económico para Cataluña. Es decir, en una agencia tributaria propia. No es ninguna novedad. El objetivo de una Hacienda catalana es una vieja reclamación del nacionalismo catalán sustentada en un supuesto expolio fiscal del Estado contra Cataluña. El recrudecimiento de la crisis hizo que el nacionalismo recuperase la demanda del concierto económico como cortina de humo para ocultar, y en ocasiones justificar, los recortes sociales en Cataluña. En este sentido, un lema como el de “Espanya ens roba” ha sido repetido de manera incesante por la cohorte del nacionalismo catalán formada por CiU-ERC y un tropel de nuevos partidos inspirados en el nacionalismo padano como Solidaritat Catalana per la Independencia, Reagrupament o Democracia Catalana del mediático Joan Laporta. Lo cierto es que el nacionalismo supo hegemonizar el debate social y el pacto fiscal pasó a erigirse en el eje central de discusión política en Cataluña.

Cataluña ya dispone de una propuesta para el pacto fiscal. O mejor dicho, el nacionalismo ya dispone de su propuesta. Que el pacto fiscal pueda ser una realidad en el futuro poco importa, la verdad. Desde una perspectiva social, el sistema fiscal es injusto y regresivo en España. Pero en Cataluña no sería muy diferente. Se trata únicamente de cambiar de gestores. El verdadero expolio, el que cometen las rentas altas contra la clase trabajadora, no sufrirá merma alguna porque no hay voluntad política para ello. Ni en España ni en Cataluña. Básicamente, seguiremos igual. Para finalizar, un último apunte. Cuesta creer que ICV-EUiA haya apoyado la propuesta sin la inclusión en el texto de un pacto social que apostara por la lucha contra el fraude fiscal, por una fiscalidad progresiva y por la solidaridad interterritorial. Tampoco es una novedad que la izquierda se haya dejado subsumir de nuevo por el nacionalismo de derechas.

Pedro Luna Antúnez.

El marasmo

Un domingo por la tarde es un buen momento para desempolvar los viejos volúmenes de nuestra biblioteca y releerlos por encima mientras saboreamos un buen café. Por ejemplo, esta tarde he vuelto a leer algunos pasajes de un ensayo que Miguel de Unamuno escribió en 1895. Su título: Sobre el marasmo actual de España. Pensaba hallar en el análisis de Unamuno de la España de finales del siglo XIX ciertas similitudes con la situación política actual. Hallé algo más que simples coincidencias cuando Unamuno se refería a la “honda crisis que atravesaba la sociedad española” y a que había “en su seno reajustes íntimos, vivaz trasiego de elementos, hervor de descomposiciones y recombinaciones, y por de fuera un desesperante marasmo”, que no conducía sin remisión al “espectáculo deprimente el del estado mental y moral de nuestra sociedad española”. Finalmente, Unamuno se refería a la prensa como una “una verdadera balsa de agua encharcada, vive de sí misma; en cada redacción se tiene presente, no el público, sino las demás redacciones; los periodistas escriben unos para otros, no conocen al público ni creen en él”. Una prensa que en definitiva adolecía de “verdaderos periodistas”.

La radiografía que Unamuno hizo de la España de 1895 no difiere demasiado de la que podríamos hacer de la España actual. La parálisis política e institucional, el adocenamiento de la prensa oficial, el caciquismo y el despotismo, la corrupción como algo inherente al propio sistema, la desfachatez de una monarquía obsoleta y parásita así como la podredumbre moral de la clase dirigente y de las élites financieras y económicas, siguen siendo moneda común hoy en día en España. Ésas son las taras de serie de un sistema, que si bien ha podido cambiar las apariencias y ser más o menos indulgente según el contexto histórico, sigue siendo el mismo que nos gobierna desde hace siglos. Con honrosos paréntesis como fue el de la Segunda República.

Nos han hecho creer que vivíamos el periodo democrático más duradero y estable de la historia de España, en un país moderno y socialmente avanzado, en una democracia parlamentaria consolidada fruto de una transición que fue modélica y el espejo para aquellos países avanzaban hacia la libertad. “La marca España triunfa en el mundo” nos decían cada vez que Induráin ganaba el tour de Francia o cuando por fin alzamos victoriosos la copa del mundo de fútbol. Decían que habíamos dejado atrás la España cabizbaja y acomplejada, la de La moral de la derrota del regeneracionista Luis Morote o aquella que Antonio Machado definió, entre otras lindezas poéticas, como país de “charanga y pandereta…devota de Frascuelo y de María, de espíritu burlón…vieja y tahúr, zaragatera y triste”. Sin embargo, esa España que poetizó Antonio Machado jamás desapareció. El fracaso del Estado moderno y de la ilustración en nuestro país o la posterior quiebra democrática y cultural de 1939, han hecho que la historia de España continúe explicándose como un eterno retorno hacia la miseria económica, el atraso cultural y la indolencia política.

Pedro Luna Antúnez.

Medio siglo de Comisiones Obreras

Los compañeros de Nou Treball me han encargado un breve artículo sobre los orígenes de CCOO para el número de julio-agosto. He aquí el resultado.

Hablar de la creación de Comisiones Obreras hace ya medio siglo es hablar del renacer del movimiento obrero en los años de hierro de la dictadura franquista. No podríamos entender la historia de las luchas obreras desde finales de los años cincuenta sin la referencia obligada de CCOO como sindicato que se erigió mediante el conflicto laboral en una de las piedras angulares de la oposición social y política contra el franquismo. Cabe decir que los orígenes del sindicato no son lineales. No en vano, presentan diferentes características según el territorio y el sector productivo. Eso no quiere decir que la creación de las diferentes Comisiones Obreras no compartieran un patrón común. En este sentido, las primeras comisiones de trabajadores, germen de las Comisiones Obreras, surgieron ante la necesidad de organizar al movimiento obrero clandestino en torno a la negociación colectiva en la empresa y frente al aumento de la conflictividad laboral a raíz de los nuevos procesos productivos del franquismo previos al desarrollismo económico de los sesenta.

Dos factores en materia de legislación laboral provocaron el nacimiento de las Comisiones Obreras. El primero fue el “Reglamento de Jurados de Empresa” de 1953 por el cual se permitía un mínimo poder de intervención sindical en la empresa, estableciéndose Jurados de Empresa en aquellos centros de trabajo de más de 1.000 trabajadores. Con el tiempo, el control del sindicato vertical fue decreciendo a la vez que los Jurados de Empresa se fueron extendiendo paulatinamente no sólo a las grandes empresas. En 1971, por ejemplo, se decretó la existencia de los Jurados en las empresas de más de 50 trabajadores. No es de extrañar que en 1963 la primera Comisión Obrera formada en Madrid lo hiciera con el nombre de “Comisión de Enlaces y Jurados de Empresa”. Se fraguaba así una de las originalidades del nuevo sindicalismo de las Comisiones Obreras. La de infiltrarse en el sindicato vertical para socavar desde dentro uno de los pilares de la dictadura.

El segundo factor que explica la formación de comisiones de trabajadores al margen del sindicalismo oficial fue sin duda la “Ley de Convenios Colectivos” de 1958. La ley de convenios respondía al deseo del régimen franquista de contrarrestar la creciente influencia del sindicalismo clandestino y de dotar a la clase obrera de cauces de participación en la negociación de sus condiciones de trabajo. La negociación de los convenios fue en un principio exclusividad del sindicato vertical. No obstante, y como sucedió con los Jurados de Empresa, la negociación colectiva en la empresa fue un factor determinante que contribuyó de manera irreversible a la creación de comisiones de trabajadores vinculadas a la discusión y defensa de plataformas reivindicativas. Fue así como aparecieron las primeras Comisiones Obreras.

Suele referirse a la Comisión Obrera creada en la Mina asturiana de “La Camocha” en 1958 como el primer ejemplo de una comisión de trabajadores organizada y como el embrión del sindicato. No es casual que la primera comisión se formara el año que se promulgó la ley de convenios. A partir de aquella primera experiencia, la creación de comisiones se generalizó especialmente a partir de las huelgas de 1962 y 1963 y al hilo de las elecciones sindicales celebradas este último año. Un elemento común de las comisiones era que nacían y morían en cada conflicto laboral y en cada proceso de negociación colectiva en la empresa. Las primeras Comisiones Obreras con carácter estable asociadas a un territorio o sector aparecieron a partir de 1964 con la creación de la “Comisión del Metal de Madrid” a la que siguieron comisiones en ramos como las artes gráficas, los transportes, la construcción o la enseñanza. En paralelo, se fueron formando comisiones de territorio en el resto del país. De especial relevancia fue la constitución de las Comisiones Obreras en Barcelona el 20 de noviembre de 1964 en la Parroquia de Sant Medir.

La fundación de las Comisiones Obreras de Cataluña a finales de 1964 fue el resultado de un proceso de asambleas que se inició ese mismo año especialmente en el área del Baix Llobregat. Las asambleas clandestinas celebradas en la parroquia de Sant Miquel en Cornellá habían servido de base para la creación de una primera comisión central. Aquellas primeras Comisiones Obreras eran una amalgama de diferentes culturas sindicales y políticas. En ellas cabían militantes comunistas, socialistas, cristianos de base y libertarios. Esa pluralidad interna se convertiría en una de las señas de identidad de las Comisiones Obreras. El hecho de que las Comisiones Obreras se constituyeran en una parroquia de Barcelona pone de relieve la existencia de un sector progresista de la Iglesia que colaboró en la lucha antifranquista y de forma muy estimable en el impulso del sindicalismo de clase clandestino. El cristianismo de base tuvo una gran impronta en Comisiones Obreras gracias a la labor de los denominados “curas obreros” del cinturón rojo barcelonés o a la de los curas del sur de Madrid como el Padre Llanos en “El Pozo del Tío Raimundo”.

En 1964 se habían edificado los cimientos de las futuras Comisiones Obreras. Pero fue a partir de 1966 cuando el sindicato adquirió la estructura necesaria para transformarse en la referencia sindical de millones de trabajadores españoles. En 1966 se celebraron unas elecciones sindicales que significaron el impulso definitivo de las Comisiones Obreras alcanzando incluso algunos de sus dirigentes obreros la dirección de Secciones Sociales en el ramo del Metal. Ese mismo año se creó en Barcelona la CONC (“Comissió Obrera Nacional de Catalunya”) con el objetivo de coordinar a las distintas Comisiones Obreras de comarcas y sectores. La CONC se convirtió formalmente en el referente de las Comisiones Obreras en Cataluña aportando a la nueva organización sindical la herencia y las peculiaridades históricas del movimiento obrero catalán al sumar tradiciones como la del sindicalismo libertario y la del catalanismo progresista de Francesc Layret. Había nacido la CONC como sindicato de clase y nacional.

Finalmente, en junio de 1967, año de la “Ley Sindical”, se celebró en Madrid la “Primera Asamblea Nacional de las Comisiones Obreras” con la presencia de delegados del conjunto del país. En ella se ratificó el carácter de las Comisiones Obreras como sindicato de clase, unitario, independiente, sociopolítico y democrático. Las Comisiones Obreras eran ya una realidad indiscutible.

Pedro Luna Antúnez.

Los comediantes

Hay una escena de “El séptimo sello” (Ingmar Bergman, 1957) que me fascina. Una compañía  de juglares realiza una función en un poblado cuando dos de ellos empiezan a interpretar una canción en la que parodian algunos de los sonidos más característicos de animales domésticos. Por ejemplo imitan el cacareo de una gallina, el relincho de un caballo y el maullido de un gato. Mientras el dúo de comediantes entretiene al público, en la parte trasera del escenario se desarrolla otra escena, en este caso de flirteo entre un vanidoso juglar y una alegre lugareña. El jolgorio y la diversión se pararán de golpe con la entrada en el pueblo de una procesión de flagelantes entonando el Dies Irae. La palidez en el rostro de los comediantes al ver la procesión anticipa una de las escenas más escalofriantes de la historia del cine. “El séptimo sello” es una de las grandes obras maestras del celuloide. Una obra absoluta en la que vemos desfilar a comediantes, penitentes, cruzados y a la misma muerte. Pero yo me quedo con los comediantes.

Este mediodía he dado un rulo por los puestos de libros del día de Sant Jordi. Barcelona era una fiesta como de costumbre y a pesar de estar el cielo algo revuelto las calles estaban repletas de lectores ansiosos por conseguir la firma de su autor de cabecera. Como ejemplo diré que bajando por paseo de Gracia a la altura de la calle Valencia me encontré con tal aglomeración de gente que apenas pude dar unos pasos. Algunos transeúntes se preguntaban el motivo por el cual era imposible avanzar. No era normal aún siendo Sant Jordi. Armado de paciencia logré hacerme un hueco y sortear los obstáculos. Al cabo de unos metros averigüé el porqué había estado detenido durante unos minutos sin poder caminar: la famosa actriz Ana Obregón estaba firmando libros en una de las paradas. En serio. Puede tratarse de una comedia pero no es ninguna broma.

En la librería de viejo de la calle Canuda me he pillado la única obra que se conserva de Lucano. Se dice que en Farsalia Lucano se burlaba del emperador Nerón y que exhibía sus ideales republicanos. De Nerón se ha escrito mucho y no muy bueno. Es el emperador comediante y ególatra. Aquel que escribía poemas infames y canturreaba arpa en mano. Es el emperador que provocó el incendio de Roma para satisfacer un capricho personal. La historia tiene sus propias comedias. Como comediantes son quienes la escriben. Porque nadie diría que años después de la muerte de Nerón, el pueblo romano seguía venerando la memoria de aquel loco emperador arrojando flores sobre su tumba.

Pedro Luna Antúnez.

La fábula del elefante

La imagen del actual jefe del Estado posando en Botsuana con el dueño de una empresa de Safaris delante de un elefante hincado de rodillas con la trompa y los cuernos empotrados contra un árbol ha levantado ampollas este fin de semana en los mentideros mediáticos y políticos de nuestro singular país. Solo a los más ilusos les puede sorprender la indiferencia del Rey a la grave situación de desempleo y precariedad laboral que padecen millones de españoles hoy en día. Solo a los más incautos les puede extrañar que el Rey despilfarre dinero del erario público para irse a cazar elefantes a la sabana africana la misma semana que el gobierno había anunciado un duro ajuste de 10.000 millones de euros en servicios tan esenciales como la sanidad y la educación.

“Ha perdido la conexión con la realidad” han escrito algunos analistas de la prensa diaria sobre el asunto. ¿Pero acaso alguna vez tuvo conexión alguna con la realidad?. El Rey y la familia real están actuando como siempre lo han hecho. Es admisible que ahora sean algo más torpes que hace unos años pero ni la insensibilidad social ni el desapego hacia el sufrimiento ajeno son carencias nuevas en el comportamiento regio. Otra cosa es que algunos hayan vivido con una venda en los ojos durante décadas o que el conjunto de la población española no se haya enterado de los frecuentes desmanes reales de la misma manera que no nos habríamos enterado del reciente percance de no haberse lesionado el atolondrado cazador. Como otras tantas veces.

Todo aquel que haya leído “Tintín en el Congo”, el polémico y eurocentrista álbum publicado por Hergé en 1946, sabe que hasta un mono puede abatir de un disparo a un elefante desprotegido. Es muy fácil disparar a bocajarro contra los más débiles. Ya sea el Rey cazando elefantes en Botsuana o el gobierno recortando derechos sociales. Saben o quizás suponen que seres tan indefensos no podrán hacerles frente ni responder a los ataques. Ni los elefantes ni nosotros. Es posible que conozcan “la fábula del elefante” y pretendan aplicarla a las personas. En nuestra mano está que no lo tengan tan fácil.

La fábula dice así:

El elefante del circo estaba sujeto únicamente por una cadena que aprisionaba sus enormes patas a una pequeña estaca de madera clavada en el suelo. A pesar de la gran envergadura y fuerza del elefante, el animal se mantenía inmóvil y sin la voluntad visible de querer librarse de la cadena que le tenía prisionero. Cierto día, un hijo preguntó a su padre la razón por la cual el elefante no quería huir, a lo que el padre le respondió que el elefante estaba amaestrado. ¿Y si está amaestrado por qué lo encadenan?, volvió a preguntar el hijo. El padre respondió: el elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca muy parecida desde que era muy muy pequeño y siendo tan pequeño intentó sin éxito soltarse de la estaca empujando y haciendo fuerza.... hasta que un día el animal aceptó su derrota y se resignó a su destino.

Moraleja: el elefante había interiorizado su derrota.

Pedro Luna Antúnez.

Reformas laborales desde el hotel Ritz

Artículo publicado en Rebelión.

Como si se tratara de cuadrar el círculo, un día después de anunciar el gobierno la reforma laboral, Durán i Lleida declaraba ante la prensa que era preciso regular el derecho de huelga y manifestación para que éste no atentara contra el interés general. El diputado de CiU realizó tales manifestaciones a raíz de la convocatoria de huelga en el transporte público de Barcelona para los últimos días de febrero coincidiendo con la celebración del World Mobile Congress. “Esta huelga va en contra del interés de Barcelona y de Cataluña” afirmó Durán i Lleida utilizando sin el menor reparo el nombre de Cataluña como arma de chantaje político y emocional. El caso es que al día siguiente de presentar el PP la reforma laboral más agresiva y salvaje del periodo democrático, CiU remataba la ofensiva proponiendo limitar derechos constitucionales en previsión de un aumento de la conflictividad social en las calles.

La derecha española y la catalana componen una gran alianza en su objetivo común por desmantelar el Estado social y los servicios públicos, por un lado, y anular los derechos laborales de los trabajadores, por otro. En Cataluña no existe esa “derecha civilizada” que algunos teorizaron en su momento incluso desde las tribunas del progresismo de salón. Ya con el PSOE en el gobierno y actualmente con el PP, CiU se ha erigido en el portavoz de las propuestas más delirantes de la patronal no solo avalando cuantas reformas laborales se han sucedido sino afanándose por endurecer los decretos en sus respectivos trámites parlamentarios. Obviamente, CiU ha saludado favorablemente la última reforma laboral del PP, la cual está haciendo mella de manera muy profunda en el cada vez más deteriorado tejido laboral catalán. De hecho, fue la compañía del Liceo una de las primeras empresas en acogerse a la reforma laboral presentando un ERE exprés que afecta al 90% de la plantilla del conocido teatro barcelonés. Después del Liceo llegó el resto. Tan solo en las dos primeras semanas de aplicación de la reforma laboral se presentaron en Cataluña más de 300 expedientes de regulación de empleo afectando a un total de 6.900 trabajadores y triplicándose la cantidad respecto a los últimos meses.

Es posible que a Durán i Lleida le satisfaga que ahora los empresarios catalanes puedan despedir más barato y puedan rebajar los salarios pactados en convenios. No en vano, siempre podrá echar mano del sempiterno debate del déficit fiscal para justificar los recortes en la sanidad o para explicar el porqué uno de cada cinco catalanes viven bajo el umbral de la pobreza. Hace unas semanas, el consejero de economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, antiguo dirigente universitario del integrador y glorioso PSUC de la década de los 70, cifraba el déficit fiscal del Estado hacia Cataluña en 16.000 millones de euros anuales. Según Mas-Colell, el expolio fiscal contra Cataluña servía para crear ocupación en otras comunidades a la vez que hacía inevitable la política de recortes sociales en los servicios públicos catalanes.

Una vez más se enarbola la bandera del agravio nacional para tapar las miserias propias haciéndonos creer que los recortes en Cataluña no obedecen a criterios ideológicos sino que se deben a que otros territorios “viven a costa nuestra”. Supone CiU que abrazar un modelo de nacionalismo similar al que defiende Umberto Bossi en el norte de Italia y fomentar el enfrentamiento entre comunidades es rentable y hace que los catalanes disculpemos a los verdaderos responsables en Cataluña del aumento de la pobreza y del copago en la sanidad pública. Lo que no dice CiU es que los 16.000 millones que Mas-Colell cifraba como déficit fiscal corresponden exactamente al fraude fiscal de las rentas del capital en Cataluña y que éste sextuplica el valor de los recortes en sanidad y representa casi una cuarta parte del fraude fiscal en España. Es más fácil culpabilizar al vecino.

Hace unos meses el clasista Durán i Lleida puso el grito en el cielo contra el subsidio agrario del campo andaluz. Según Durán i Lleida, que un jornalero andaluz en el desempleo cobre una prestación de 420 euros durante seis meses provoca que el gobierno de CiU se vea en la necesidad de cerrar hospitales en Cataluña. Ese es el mensaje de la derecha neocón en Cataluña. Pero es también el mensaje de la derecha en Madrid y en el resto de España. Las derechas van de la mano cuando se trata de defender sus privilegios e intereses. Tiempo habrá para montar batallas identitarias artificiales que disimulen el idilio real que viven PP y CiU. Un idilio que se puso de manifiesto un día antes de la aprobación en el congreso de la reforma laboral cuando el PP indultó a Josep María Servitje, un antiguo alto cargo de la Generalitat con Jordi Pujol sentenciado a cuatro años y medio de cárcel por malversación de dinero público. Por cierto, Durán i Lleida nada más conocer el indulto felicitó al gobierno del PP por el favor prestado. Al día siguiente en el congreso votó a favor del decreto de reforma laboral. De esa misma reforma que se fraguó entre el palacio de la Moncloa y el hotel Ritz de Madrid, hospedaje habitual de Durán i Lleida en la capital.

Pedro Luna Antúnez.

Memoria histórica

Artículo publicado en Tercera Información.

Ayer en una conocida red social se emplazaba a los internautas a redactar en 140 caracteres las crueldades que se cometieron durante la dictadura franquista. Imposible condensar en tan poco espacio cuarenta años de muerte y represión pensé yo para mis adentros. Sin embargo me vinieron a la mente dos episodios de nuestra historia más macabra. El primero lo describe mi antiguo profesor de historia Bernat Muniesa en su libro Dictadura y monarquía en España. En los días finales de la guerra civil un batallón de milicianos republicanos había logrado escapar del avance del ejército franquista fugándose por el túnel ferroviario de Canfranc, situado en el pirenaico valle del Aragón y que servía de paso fronterizo entre España y Francia. Cuando el mando militar pasó el informe de lo sucedido a su caudillo, éste en un ataque de soberbia e histerismo ordenó tapiar el túnel y que permaneciera así el resto de los días.

El segundo episodio histórico que recordé lo conozco gracias a la memoria familiar. En el pueblo de mis padres y abuelos, Fernán-Núñez, localidad cordobesa situada en el corazón de la campiña, la represión de los vencedores fue especialmente dura y sanguinaria. Hace unos años un historiador local publicó La campiña roja: la represión franquista en Fernán-Núñez, un libro que relataba con detalle la brutalidad con la que se ensañaron las autoridades del nuevo régimen tras ocupar el ejército franquista el pueblo en los últimos días de 1936. Hojeando el libro vemos que el autor quiso abrirlo con una dedicatoria muy especial: “A los fernannuñenses que aún recuerdan a pesar de las políticas del olvido y de las injusticias históricas”. Es cierto, libros como éste u otros tantos no hubiesen sido posibles sin la inestimable memoria colectiva y en algunos casos de la de nuestros familiares más cercanos. Gracias a ellos conozco los nombres e incluso los apodos (“Diente de oro”, “Frasquini” o “El rubio del cine”) de los fascistas que participaron en los fusilamientos en Fernan-Núñez y como luego, y ese es el segundo de los episodios que ayer me vinieron a la mente, estos mismos verdugos parodiaban entre risas y burlas en el bar los gestos de los republicanos al caer muertos.

Las crueldades de la dictadura franquista dan por desgracia para escribir una pila inacabable de libros y artículos, y ni mucho menos podemos limitar el relato de los hechos a 140 caracteres. Por mucho que algunos estén hoy en día empeñados en olvidar o en equiparar a los verdugos con las víctimas, la memoria histórica no conseguirán borrarla de un plumazo porque es algo que transciende más allá de los discursos institucionales o del revisionismo histórico. La memoria histórica está en nuestros padres y abuelos y está muy viva. Tan viva que no la podemos limitar a 140 caracteres.

Pedro Luna Antúnez.

Los poetas

Aquel caluroso día del mes Shawwal del año 414, hace casi 1.000 años según la era cristiana, paseaban juntos Ibn Hazm y su inseparable amigo Ibn Suhayd por el barrio de Munyat al-Mugira de Córdoba. Los dos jóvenes poetas debatían sobre las esencias del amor y lo hacían con tanta pasión que apenas saludaban a quienes se cruzaban por su camino. Cuando llegaron a la finca de Abu Marwan al-Zayyali decidieron sentarse y descansar un poco en el luminoso jardín que el antiguo propietario había legado a la ciudad. “Me acuerdo de Abu Marwan, era un buen amigo” dijó Ibn Suhayd en un tono nostálgico y con la mirada perdida en el arroyuelo que atravesaba el patio produciendo una apacible armonía. “Es muy honorable tu sentido de la amistad porque sólo lo auténtico perdura en el tiempo” afirmó Ibn Hazm, “pasarán los siglos y de nuestro tiempo apenas quedarán algunos versos pero el agua de ese arroyo seguirá su curso, inmutable a los azares y a las miserias humanas. Afortunadamente, todo fluye amigo Suhayd”.

Tendrá que haber un camino.

Pedro Luna Antúnez.

A la enésima va la vencida

Dominique Sanda en Novecento, la mujer del patrón.

Artículo publicado en Tercera Información.

Hace tres años, en enero de 2009, Ignacio Fernández Toxo declaraba no sin razón que “no era el momento de plantear una reforma laboral porque el origen de la crisis económica no estaba en el mercado de trabajo”. La reflexión era muy certera. La crisis que se destapó en 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers a raíz del colapso financiero de los créditos subprime puso de manifiesto la avaricia de los mercados que tras años de macro beneficios habían generado una economía esencialmente especulativa basada en los créditos hipotecarios de alto riesgo. El estallido de la burbuja inmobiliaria cortó de raíz la fiebre por la compraventa de vivienda a la vez que provocó un descenso notable del consumo y el aumento del desempleo.

A pesar del origen privado de la crisis financiera, el gobierno del PSOE no vaciló a la hora de inyectar dinero público a fin de sanear las arcas de la Banca. Ya en octubre de 2008 se prestó a las entidades bancarias 30.000 millones a un interés mínimo del 1%. Se trataba de un regalo del Estado a quienes habían provocado una crisis que estaba dejando en el paro a millones de españoles. Pues bien, en los dos últimos años las tornas han cambiado y hemos pasado de la deuda privada de la Banca a la deuda pública de los Estados. Sin embargo, la actitud de la Banca no ha sido recíproca con el gobierno cuando se ha tratado de comprar deuda pública. Si el Estado concedió ayudas a la Banca con un interés del 1%, la Banca compró deuda pública con un interés por encima del 3%. He aquí el nudo gordiano de la crisis actual. No en vano, cerca del 60% del endeudamiento público se debe a las ayudas que el Estado destinó a la Banca.

En consecuencia, y volviendo a la tesis inicial del artículo, el secretario general de CCOO tenía razón al situar el origen de la crisis al margen del mercado de trabajo. No obstante, es evidente que los poderes económicos han aprovechado una crisis que ellos mismos han generado para recortar derechos sociales y cargarse el cada vez más endeble Estado social. Una de las exigencias de los mercados ha sido la de flexibilizar aún más las relaciones laborales. Pero como decía Toxo en 2009 es absurdo pensar en reformas laborales como antídoto a la crisis cuando las causas de la misma proceden del ámbito financiero y especulativo. La píldora no es nueva. En España las crisis económicas han anticipado profundas reformas del mercado de trabajo siendo en la mayoría de los casos peor el remedio que la enfermedad.

No queríamos reformas laborales por considerarlas innecesarias pero resulta que desde 2009 los sindicatos han firmado una reforma del sistema público de pensiones y recientemente una nueva reforma de la negociación colectiva amen de negociar otras tantas que a falta de acuerdo acabaron finalmente en decreto del gobierno. Ésta última es la enésima reforma y una vuelta de tuerca más en las innumerables reformas que en el transcurso de las últimas tres décadas apenas han servido para precarizar y desvirtuar los derechos sociales de la clase trabajadora. Algunas de ellas se negociaron con el más encomiable de los propósitos. Por ejemplo, para crear empleo o con el objetivo de reducir la elevada temporalidad. Pero lo cierto es que la mayoría de reformas fracasaron en su intento de corregir las profundas taras del mercado de trabajo español. Más precariedad. Eso es lo que nos aportaron las sucesivas reformas laborales.

El reciente acuerdo firmado por los sindicatos y la patronal no es estrictamente una reforma del mercado de trabajo pero sin duda marcará a sangre y fuego el futuro de las relaciones laborales en nuestro país. Y las marcará para mal. Para muy mal. Mi condición como sindicalista de CCOO no me impide reconocer que se trata de un mal acuerdo que introduce elementos de una regresividad notable. El II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva ni creará empleo ni mejorará la negociación colectiva. Una vez más hemos tropezado con la misma piedra.

En primer lugar, la enésima reforma establece unos criterios salariales entre los años 2012 y 2014 que podríamos calificar como denigrantes. Las partes firmantes han hablado de un acuerdo moderación salarial cuando en realidad hubiese sido más apropiado hablar de pérdida salarial. Así es cuando resulta que se prevén unos incrementos salariales del 0,5% para 2012 y del 0,6% para 2013, activándose la clausula de revisión solo cuando el IPC supere el 2%. En 2014 el incremento salarial partirá de un 0,6% pudiendo variar según la evolución del PIB. Si el PIB es superior al 1% e inferior al 2% los salarios aumentarán hasta el 1% y si el PIB alcanza o supera el 2% los salarios llegarán al tope del 1,5%. Es decir, en 2012 y 2013 los trabajadores podrían perder un 1,5% y un 1,6% respectivamente de poder adquisitivo y en 2014 desaparece la referencia del IPC utilizándose el ritmo de actividad de la economía española como vara de medir. Para rizar el rizo, el acuerdo establece que si el precio del barril de Brent supera el 10% ésta subida no se tome como referencia en el IPC y por lo tanto en una posible revisión salarial. O lo que es lo mismo, si EEUU atacara a Iran y el precio del petróleo se disparara los trabajadores españoles perderían más poder adquisitivo. Esperpento es la palabra. Con permiso del gran Valle-Inclán.

En segundo lugar, el acuerdo fija una serie de pautas en materia de flexibilidad interna y negociación colectiva que permitirán a las empresas la desregulación laboral en ámbitos claves de la propia negociación colectiva. Es verdad que el acuerdo señala que es necesario seguir preservando la estructura de los convenios provinciales y sectoriales. Pero no es menos cierto que tal declaración se queda en papel mojado al propiciar el descuelgue y la inaplicación de los convenios y facilitar la negociación en la empresa de aspectos fundamentales como la jornada laboral, las funciones profesionales o el mismo salario. Por ejemplo, el acuerdo eleva la distribución irregular de la jornada pasando del 5% al 10% y amplía la movilidad funcional fijando como único límite el grupo profesional. Eso quiere decir que un administrativo podría ejercer de mecánico.

En definitiva, se apuesta por el convenio provincial pero al mismo tiempo se fomenta su descentralización favoreciendo la negociación en los centros de trabajo cuando el 90% de las empresas españolas son pequeñas y medianas. Sabemos muy bien que la negociación colectiva en las pymes parte de un desequilibrio a favor de las direcciones empresariales al carecer los sindicatos de estructuras sindicales sólidas y fuertes para hacer frente a los envites de la patronal. El resultado es obvio. Millones de trabajadores quedarán desamparados.

Vivimos tiempos difíciles. Una estafa llamada crisis está destrozando la vida de millones de personas y no parece que la sangría vaya a detenerse en el futuro. Ante la supresión del Estado del bienestar se espera que los sindicatos no solo peleen por preservar sus propias organizaciones sino que actúen como diques de contención frente al tsunami neoliberal que está arrasando y aniquilando sin el mayor escrúpulo las conquistas sociales que con tanto sufrimiento y sacrificio lograron nuestros mayores. Sería una lástima que la credibilidad de los sindicatos se fuera al traste. Al fin y al cabo todos saldríamos perdiendo.

Pedro Luna Antúnez.