Los privilegiados

Adjunto artículo que he redactado para el número de diciembre-enero de Nou Treball.

“Cuando nos aprendimos las respuestas nos cambiaron las preguntas”

Mario Benedetti. Poesía con los jóvenes.

Decía el vicepresidente primero y portavoz del gobierno central Alfredo Pérez Rubalcaba el pasado 8 de diciembre que ya era hora de “desmontar el edificio de privilegios que tiene montado un colectivo que ha adquirido un poder que les hace echar pulsos de vez en cuando ya no al Gobierno sino al Estado y a los españoles”. Sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Alfredo Pérez Rubalcaba. Creo que es muy necesario cortar con los privilegios que tanto atenazan el bienestar del conjunto de la sociedad española. Por ejemplo, me parece deleznable que en plena crisis el banquero Emilio Botín haya ganado 60 millones de euros, que el BBVA obtuviera el año pasado unos beneficios de 5.260 millones de euros, que el anterior consejero delegado del BBVA, Ignacio Goirigolzarri, se jubilara con una pensión superior a 50 millones de euros o que las SICAV disfruten de importantes ventajas fiscales al tributar al 1% en el Impuesto sobre Sociedades. Sin duda, estoy de acuerdo con Alfredo Pérez Rubalcaba. Hay que cortar de raíz los privilegios de unos pocos. Y no sólo habrá que acabar con los privilegios de los banqueros sino también con los privilegios de las multinacionales, de los especuladores, del sistema financiero, de los grandes capitales que defraudan al Estado o de los directivos con salarios multimillonarios.

Sin embargo, el portavoz del gobierno no se refería a los privilegios de la Banca o de las multinacionales sino al colectivo de los controladores aéreos. De sobras es conocida la situación de conflictividad laboral que estalló en los aeropuertos españoles el 6 de diciembre coincidiendo con el inicio del puente de la constitución. Tanto el gobierno como los medios de comunicación trataron el tema desde el punto de vista de las consecuencias y el impacto económico que acarreaban el conflicto. En consecuencia, se omitieron las causas y las raíces del problema, definiendo al conjunto de los controladores aéreos como un colectivo elitista y privilegiado que obraba por capricho y sin razones aparentes más que por su codicia. Si bien es cierto que la acción de los controladores supuso un gran perjuicio económico y familiar para miles de ciudadanos que se vieron afectados sin saberlo con un paro imprevisto, el conflicto es algo más complejo y merece un análisis más objetivo y sereno.

El enfoque sensacionalista de los medios de comunicación ha distorsionado en extremo la comprensión de un conflicto laboral que viene de lejos y que ha puesto de manifiesto hasta que punto han surgido nuevas realidades laborales en el contexto de la continua fragmentación de la clase trabajadora. Nuevas realidades que se han desarrollado al margen y sin la tutela de los sindicatos de clase, más orientados hacia la defensa de la clase obrera clásica de origen fordista, hecho que provocado el intenso corporativismo en las demandas laborales de unos trabajadores bien situados económica y socialmente. Es por ello que las estrategias de lucha de los controladores distan y chocan tanto de los códigos tradicionales del sindicalismo confederal. El caso es que, justificadas o no esas luchas, el sindicalismo tradicional no ha tenido la habilidad necesaria para adaptarse a esas nuevas realidades que coexisten en el actual mercado de trabajo.

Como bien apunta Miren Etxezarreta en un artículo reciente sobre la crisis de los controladores aéreos, “los privilegios de los controladores no hacen intolerable que éste colectivo de trabajadores luche por sus derechos”. Y efectivamente es de esperar que así lo hagan cuando han pasado de tener un calendario laboral de 1.200 horas a uno de 1.760 horas y cuando les han impuesto que las horas de baja no se computen como parte de la jornada de trabajo. Como bien sabemos, la respuesta del gobierno central fue la de militarizar los aeropuertos españoles marcando un precedente peligroso al tener que recurrir al ejercito para sofocar un conflicto laboral. Creo que desde la izquierda y desde el movimiento sindical de clase no podemos vacilar ni un instante a la hora de condenar la actitud de un gobierno rendido a los poderes económicos porque en realidad lo que está en juego no son tanto los privilegios de un colectivo determinado de trabajadores sino la destrucción del propio Estado del bienestar.

Está en juego la privatización de AENA y la de los servicios públicos, así como un nuevo diseño laboral en la función pública dirigido a cargarse la estabilidad y la seguridad en el empleo, ligándolo a la productividad y al rendimiento del trabajador. Hoy han sido los controladores y mañana quien sabe, serán el resto de trabajadores que sean tachados de privilegiados, aquellos que por ejemplo disfruten de un mes de vacaciones pagadas o tengan un contrato indefinido. Lo pudimos ver en el conflicto de los controladores aéreos. Las escenas de grupos de trabajadores clamando y exigiendo el despido de otros trabajadores presupone que la táctica del “divide y vencerás” podría hallar cierto eco entre la clase trabajadora. Sería uno de los efectos más dramáticos de una crisis económica y de valores que no sólo persigue desmantelar los derechos laborales y sociales sino exterminar cualquier atisbo de solidaridad de clase.

Pedro Luna Antúnez.

El oasis catalán y las elecciones del 28-N

LO BUENO: Del Tripartito, ICV-EUiA es la única que salva los muebles. En el contexto de una campaña electoral convertida en un circo friqui, la de ICV-EUiA ha sido sin duda la campaña más política y programática. No en vano, algo nos queda del PSUC de Manuel Sacristán y del materialismo dialéctico. El racista Anglada no entra en el parlament pero la propagación de su discurso en barrios obreros es muy preocupante.

LO MALO: CiU gana con holgura las elecciones, el PP obtiene su mejor resultado electoral en Catalunya y el partido de Laporta entra en el Parlament. Una vez más el debate social y de clase queda desplazado por el debate nacional e identitario. El nacionalismo (de unos y de otros) sube y con la que está cayendo es una mala noticia y además es inconcebible.

LA MORALEJA: ¿Qué os parece que el Laporta con el apoyo de una actriz porno saque 4 diputados y que "Des de Baix" con el apoyo de Noam Chomsky y Slavoj Zizek obtenga menos votos que el Partido Antitaurino?. Es ciertamente dramático el deterioro de la política en Catalunya.

Pedro Luna Antúnez.

El día después del 29-S

Helena Rojo en "Aguirre, la cólera de Dios".

Adjunto artículo que he redactado para el número de octubre-noviembre de Nou Treball.

Podemos afirmar sin complejos que la Huelga General del 29 de septiembre fue un éxito de las organizaciones sindicales convocantes y del conjunto de la clase trabajadora. Es de apreciar el seguimiento de una huelga que no se presentaba fácil teniendo en cuenta el fervor antisindical pregonado por los medios de comunicación y las amenazas de la patronal especialmente en la pequeña y mediana empresa. Posiblemente se haya enfrentado el movimiento obrero de nuestro país a su Huelga General más complicada y es por ello que nuestra valoración ha de ser satisfactoria no sólo porque la huelga fuese secundada por una mayoría social sino porque los sindicatos han conseguido salir airosos en un contexto adverso tanto a nivel político como mediático que perseguía la propia defunción de las organizaciones sindicales de clase.

Ahora bien, una vez demostrado que la capacidad de movilización e influencia social de los sindicatos permanece intacta sería conveniente pensar que si bien la prueba se ha superado no podemos olvidar que una Huelga General no es un fin en si misma sino un medio para alcanzar ciertos objetivos. En este sentido, tampoco podemos olvidar que la huelga se convocó en protesta contra la política económica y laboral del gobierno central del PSOE, véanse el plan de ajuste salarial en la función pública, la Reforma Laboral, la reforma del sistema publico de pensiones o la más que previsible reforma de la negociación colectiva. Es decir, la clase trabajadora española ha de percibir que la huelga se hace con el afán de cambiar la deriva neoliberal del gobierno y de no ser así en el plazo corto proseguir con un proceso sostenido de movilizaciones.

Hay que decir que hasta el momento los sindicatos siguen reuniendo a sus órganos de dirección con la tarea de realizar las respectivas valoraciones de la Huelga General, siendo éste un proceso de debate algo lento y farragoso. Por ejemplo, CCOO reunió a su Consejo Confederal el 19 de octubre para debatir la estrategia del sindicato tras la Huelga General. Esto es, casi un mes después del 29-S la maquinaria ideológica del sindicato sigue valorando y analizando, lo cual evidentemente está muy bien y es sin duda necesario pero eso sí, sin perder de vista el efecto inmediato. ¿Qué hacer cuando el gobierno no sólo no ha rectificado ni una coma de su proyecto de Reforma Laboral sino que además ha iniciado las conversaciones con los grupos parlamentarios en el seno de la comisión del pacto de Toledo para reformar el sistema público de pensiones?. Pues bien, en el Consejo Confederal de CCOO se decidió estudiar la posibilidad de impulsar una ILP para modificar el contenido de la Reforma Laboral a la vez que se anuncian posibles movilizaciones en diciembre. En consecuencia, nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿nos conviene elaborar la estrategia sindical a medio o largo plazo?. Es cierto que las huelgas generales precedentes llegaron a cambiar las políticas económicas del gobierno a largo plazo. Por ejemplo, recordemos que la exitosa Huelga General del 14 de diciembre de 1988 hizo retirar el Plan de Empleo Juvenil dieciocho meses después y que en 2002 la última Huelga General provocó la retirara del “decretazo” del Partido Popular al cabo de seis meses. No obstante, en la coyuntura actual y con un gobierno empecinado en llevar a cabo sus lesivas reformas y su ideario neoliberal cueste lo que cueste y haciendo oídos sordos a la inmensa mayoría de la población trabajadora española, quizás sería apropiado pensar que la estrategia sindical debería concretarse en el corto plazo y al calor de una movilización social permanente.

En un artículo reciente Agustín Moreno escribía que “nadie con un mínimo conocimiento histórico puede dudar del valor histórico de la movilización, aunque hoy en día los mecanismos ideológicos del neoliberalismo debilitan la conciencia de clase y presentan el conflicto social como una antigualla inútil en vez de como un motor de cambio y avance social”. Tiene toda la razón el compañero Agustín. Tras unos años de concertación social con resultados desiguales y de escorar a un lado la movilización ciudadana es preciso exhibir de nuevo nuestro músculo movilizador y no por una cuestión de imagen sino por una razón práctica y de eficacia. Ya sabemos que las agresiones del gobierno no se detendrán en los próximos meses sino todo lo contrario. En consecuencia, el proceso de movilizaciones no debería detenerse tampoco.

La gestión del día después del 29-S. He aquí el dilema y la gran hoja de ruta de las organizaciones sindicales. Y habrá que hilar muy fino si pretendemos un giro de las políticas económicas del gobierno, por un lado, y volver a ganar la calle, por otro lado. Sin ser exportable la situación francesa, es legítimo y comprensible que muchos trabajadores y trabajadoras se pregunten el porqué en Francia van este año por la novena Huelga General sin haber sufrido los envites de una reforma del mercado de trabajo y cuando la tasa de desempleo apenas supera el 10%, mientras en nuestro país la ofensiva del capital es mucho más cruda y el desempleo se sitúa en el 20%. Ésta es una reflexión que deberíamos de realizar con calma y objetividad. Asimismo, no vendría mal adaptar nuestro modelo sindical a la nueva realidad social y económica. El sistema neoliberal está aprovechando el contexto de crisis económica para minar nuestros derechos sociales y laborales pero lejos de ser un ataque puntual está derivando en un cambio absoluto de las relaciones laborales y de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Se avecinan tiempos de confrontación y de lucha. Luchemos, pues.

Pedro Luna Antúnez.

La ofensiva contra la negociación colectiva y el sindicalismo de clase

Adjunto artículo que he redactado para el número de septiembre de Rebelión.

Cuando Zapatero presentó el pasado mes de mayo el plan de ajuste salarial para la administración pública no sólo castigaba duramente el poder adquisitivo de la clase trabajadora del sector sino que traspasaba una línea roja en el ámbito de la negociación colectiva y de las relaciones con las organizaciones sindicales. Recordemos que el plan del gobierno central establecía para los funcionarios una reducción salarial del 5% en 2010 y la congelación de los sueldos en 2011. Pues bien, el decreto ley del PSOE se aprobó en Consejo de Ministros sólo unos meses después de que se firmara el Acuerdo de Negociación Colectiva de la Función Pública para 2010-2012. Era, por lo tanto, el propio gobierno el que vulneraba un acuerdo ya firmado, pisoteando así un derecho laboral ejecutado por ley como es el que afecta a los incrementos salariales acordados en Convenio Colectivo. No se trata de un tema menor cuando es jurisprudencia del Tribunal Supremo la que establece que se puede modificar la estructura de las retribuciones salariales pero nunca los derechos adquiridos de las mismas. Es decir, el gobierno central podría congelar los salarios pero jamás recortarlos habiendo un convenio vigente que regule los incrementos salariales.

El plan de ajuste de Zapatero lo recurrieron las federaciones del área pública de CCOO presentando ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo sobre la protección de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 28 de la Constitución Española en relación con los artículos 7 y 37 sobre el derecho a la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios colectivos. Hace escasamente unas semanas la Audiencia Nacional admitió a trámite el recurso interpuesto por CCOO contra el recorte salarial del gobierno. No obstante, sobre la inconstitucionalidad del plan de Zapatero poco o nada se ha dicho en el ámbito de la opinión pública e incluso en el escenario político. Da la sensación de que nos hemos acostumbrado a que se vulneren convenios y a que se menoscabe la libertad sindical y ciertamente corren tiempos poco propicios para el desarrollo, tanto en las empresas como en el contexto general, de la acción sindical.

La ilegalidad se ha convertido en la norma y en una de las pautas de trabajo tanto del gobierno como de la patronal. Porque en paralelo a la actitud unilateral exhibida por el gobierno contra el diálogo social, la negociación de los convenios colectivos en España sigue paralizada por expreso deseo de la patronal y en lo que va de año 2010 se han registrado más de 1.600 convenios colectivos menos que en 2009. Ello unido a la inexistencia de un IPC previsto reconocido por el Ministerio de Trabajo (el IPC previsto sigue siendo el 2% conforme al mandato en materia de política inflacionista del Banco Central Europeo) ha provocado por un lado, el estancamiento de la negociación colectiva en las empresas y sectores y por otro lado, el incumplimiento por parte de la patronal de los incrementos salariales firmados en convenios vigentes que se ajustaban a la referencia del IPC previsto. Las consecuencias de la vulneración reiterada y de la ausencia de negociación colectiva no dejan de ser profundamente lesivas para la clase trabajadora puesto que nos aboca a la desregulación de las relaciones laborales como fin empresarial. Es el “laissez faire” del siglo XXI o la destrucción del sindicalismo de clase.

La destrucción del sindicalismo de clase no es un juicio victimista sino el objetivo del neoliberalismo. No es casual que el ex ministro de Trabajo del Partido Popular, Manuel Pimentel, declarase hace unas semanas que la reforma de la ley de huelga no se podía demorar más o que desde el gobierno de la Comunidad de Madrid y medios afines se criminalizase a los huelguistas del Metro de Madrid llamándolos “salvajes” y “delincuentes". No en vano, en los últimos meses se ha orquestado una furiosa campaña antisindical contra los sindicatos mayoritarios en la que han coincidido ciertos medios de comunicación (correas de transmisión de determinados lobbies empresariales), la derecha política, la patronal y en ocasiones la llamada “extrema izquierda” (véase el portal de internet "kaosenlared"), centrando los ataques en las subvenciones a las organizaciones sindicales más representativas, en las liberaciones y los cargos sindicales, en el derecho a la huelga, en la propia convocatoria de la Huelga General del 29 de septiembre (“se hace tarde y mal” o “los delegados sindicales no perderán económicamente el día” ha sido la cantinela de los tertulianos de Intereconomía y alrededores) y como no, en la existencia de la negociación colectiva, la cual se juzga como algo “vintage” y fuera de lugar.

¿Por qué se ha desatado tal ofensiva contra los sindicatos en el momento actual?. Es muy sencillo. Las organizaciones sindicales son la última barrera que separa al neoliberalismo de alcanzar sus objetivos de desregulación del mercado de trabajo. La presencia en absoluta minoría de los referentes electorales de la izquierda (IU-ICV cuenta con sólo 2 diputados en el congreso) y su actual debilidad social en cuanto a influencia política ha propiciado que sean los sindicatos, con sus imperfecciones y errores si se quiere pero con millones de afiliados y presencia activa en los centros de trabajo, el muro de defensa más sólido del que dispone la clase trabajadora para hacer frente a la crisis y a los ataques de la clase empresarial por individualizar las relaciones laborales y precarizar las condiciones de trabajo. Es por ello que desde la izquierda hemos de realizar un esfuerzo pedagógico que visualice y transmita la gran importancia de los sindicatos como herramienta colectiva de defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Porque cuando desde determinados ámbitos se ataca al movimiento sindical se hace con el ánimo de discutir la misma existencia de las organizaciones sindicales.

Ante el panorama descrito, el éxito de la la Huelga General del 29 de septiembre es más necesario que nunca, para las organizaciones sindicales y para el conjunto de la clase trabajadora española. Aquellos que apuestan por el deterioro de las condiciones laborales y de los derechos sociales esperan una Huelga General de perfil bajo para justificar futuros recortes sociales en el futuro como el retraso de la edad de jubilación o el desmantelamiento de los servicios públicos. La huelga hay que ganarla sí o sí. No valen intereses corporativos o locales. Por ejemplo, el hecho de que en el País vasco los sindicatos nacionalitas ELA y LAB aún no hayan mostrado públicamente su apoyo a la Huelga General es un acto de irresponsabilidad sindical muy alejado del interés de la clase obrera que sería de una gravedad enorme si finalmente ambas organizaciones sindicales no secundaran la convocatoria de huelga. Los trabajadores y trabajadoras nos jugamos muchísimo en los próximos meses y la unidad es fundamental cuando hay tantos intereses esperando la derrota del movimiento obrero.

Pedro Luna Antúnez.

Recortes sociales en Europa: Las Odiseas de Papandreu y Zapatero

Adjunto artículo que he redactado para el número de junio de Nou Treball.

Documento en PDF

Tarde o temprano tenía que suceder. Aconteció el pasado 12 de mayo cuando el presidente del gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, se desprendió de la careta del talante y del izquierdismo de postal para anunciar el plan de recortes sociales más duro que recuerda la historia reciente española. Se ha demostrado que Zapatero es sólo un gestor al servicio del gran capital y del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo éste último que ha emprendido una autentica ofensiva contra la protección y el gasto social en países con un elevado déficit público. Semanas antes de anunciar Zapatero su plan de recortes sociales, las directrices del FMI ya eran claras e inequívocas: estados como España, Portugal o Grecia deberían rebajar los sueldos y reducir el gasto social si querían ser competitivos y sanear las cuentas públicas. Así lo manifestaba el economista jefe del FMI, el francés Olivier Blanchard en una entrevista al diario económico “Les Echos”, referencia mediática e ideológica de la “intelligentsia” neoliberal francesa y europea.

Como bien sabemos, el primer aldabonazo del FMI se produjo en Grecia mediante el anuncio a finales de abril del primer ministro, el también socialista Yorgos Papandreu, de acometer un brutal plan de recortes sociales con el objetivo de reducir el déficit público, el cual se sitúa actualmente en el 12,7% del PIB, siendo el objetivo rebajarlo hasta el 2,8% en 2012. Y lo que asemejaba más a una tragedia griega, Yoryos Papandreu lo tiñó de poema épico. Así, el anuncio lo realizó el primer ministro griego desde una paradisíaca isla del Egeo en un discurso repleto de referencias literarias a La Odisea de Homero y extrapolando la situación de la economía griega al difícil camino de regreso a Itaca del héroe Ulises, habló de grandes sacrificios y del churchiliano “sangre, sudor y lágrimas”.

Para ello, el gobierno griego en sintonía con el FMI y la Unión Europea ha decretado una serie de medidas de reducción del gasto público en 30.000 millones de euros que pasan por el retraso de la edad de jubilación femenina de los 60 años actuales a los 65 años, la supresión de dos pagas extras a los pensionistas que rebasan los 2.500 euros mensuales, la congelación de la paga para el resto de pensionistas durante los tres próximos años y la ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión, que pasará ser de toda la vida laboral. En cuanto a la función pública, Papandreu anunció una rebaja salarial en torno al 10%, la supresión de dos pagas extras a los funcionarios que cobran por encima del umbral de los 3.000 euros mensuales y la paralización de las contrataciones en el empleo público. En materia de ingresos, el gobierno griego aumentará la presión fiscal con una nueva subida del IVA del 23%, incrementará hasta el 10% los impuestos especiales sobre los combustibles y propiciará un proceso de privatizaciones al poner a la venta empresas de propiedad pública. Por el contrario, para el sector financiero los sacrificios no serán los mismos puesto que el gobierno griego inyectará más de 17.000 millones de liquidez a la banca y creará un fondo para evitar operaciones especulativas sobre las acciones en bolsa de las entidades bancarias. Finalmente, el gobierno griego anunció asimismo una reforma regresiva del mercado de trabajo basada en la rebaja de la indemnización por despido, la adecuación de un nuevo salario mínimo para jóvenes y parados de larga duración y la supresión de la prohibición de despedir a más de un 2% de la plantilla de una empresa en el periodo de un mes.

Las antisociales y severas medidas del gobierno de Papandreu fueron contestadas con la convocatoria de un reguero de huelgas generales por parte del movimiento sindical griego. A día de hoy ya son cinco las huelgas generales realizadas en Grecia en lo que va de año. Y no les falta razón a la clase trabajadora griega cuando resulta que su país ha sido el “conejillo de indias” que ha utilizado el FMI para poner en práctica sus antídotos contra el déficit público, que no dejan de ser las viejas fórmulas ultraliberales, es decir, recorte del gasto público y de la protección social , rebaja de los salarios, de las pensiones y de los subsidios por desempleo, aumento regresivo de la presión fiscal y una mayor flexibilidad del mercado de trabajo, abaratando las indemnizaciones por despido y precarizando las condiciones y los derechos sociales del asalariado.

Pues bien, parece ser que la deriva antisocial del gobierno griego y la soga del FMI han llegado a nuestros lares. Ya decía el presidente del FMI, Dominique Strauss-Kann, durante una reunión del Comité de Bretton Woods celebrada en Washington, que el FMI debía convertirse en el “inspector financiero del orbe”. Y en esa especie de imperialismo financiero del FMI, después de Grecia le tocaba el turno a España. El objetivo, al igual que Grecia, consistía en reducir el déficit público a expensas del gasto social. En este sentido, el FMI no improvisa ni sorprende con propuestas alternativas sino que aplica su libro de estilo a rajatabla, línea por línea y sin concesiones de ningún tipo. Más que salvar las finanzas de los países, estrangula y ahoga el crecimiento económico a la vez que desahucia e hipoteca el porvenir social de millones de trabajadores y trabajadoras. Porque de asfixia económica podemos calificar el préstamo de 30.000 millones de euros concedido a Grecia a un interés del 5%, para pagar la deuda con la banca internacional. Ya lo dejó escrito Marx hace ciento cincuenta años: “se ahogaron en las gélidas aguas del cálculo egoísta”.

En España, con un gobierno temeroso de acabar como Grecia, Zapatero ha terminado asumiendo sin rechistar las imposiciones del FMI y por lo visto también las de Barack Obama, quien en un alarde de paternalismo político sin precedentes, acabó de convencer y de guiar al presidente español respecto al camino que había de emprender. Así, el 12 de mayo, un día después de la conversación telefónica entre Obama y Zapatero, éste último anunciaba un plan de recortes sociales para hacer frente al déficit público español, situado en 2009 en el 11,4% del PIB. Afortunadamente, y al contrario de su homónimo Papandreu, Zapatero no recurrió a la épica nacional y se abstuvo de presentar el plan en el monasterio del Escorial o de aderezar la comparecencia con citas del Quijote. Sea como fuera, el plan de Zapatero es tan regresivo y antisocial como el de Papandreu.

En síntesis, el plan de Zapatero recoge los ejes centrales del plan de ajuste griego, cargando sobre el gasto público la reducción del déficit público y centrándose en dos colectivos concretos, los funcionarios y los pensionistas. A los primeros se les aplica una reducción salarial del 5% de media en 2010 y la congelación salarial en 2011. Respecto a los segundos, el gobierno suspende la revalorización de las pensiones en 2011, excluyendo de la medida las pensiones mínimas y las no contributivas. Al mismo tiempo, se suprime el régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la ley 40/2007, una de las pocas vías en los últimos años de creación de empleo juvenil y de acceso a la jubilación parcial. Otros ámbitos de actuación del plan de Zapatero se concretan en torno a la protección social, al eliminar el carácter retroactivo de las ayudas por la ley de dependencia y suprimir a partir de 2011 la ayuda de 2.500 euros por maternidad. Finalmente, entre 2010 y 2011 el gobierno aplicará un recorte de 6.045 millones de euros en la inversión pública estatal así como una reducción de 600 millones en la ayuda oficial al desarrollo.

Con el plan de ajuste, el gobierno ha anunciado que prevé un ahorro de 15.000 millones de euros entre 2010 y 2011. Sin embargo ignora o prefiere no cuantificar el coste que tales medidas provocarán en la destartalada economía española, en los índices de crecimiento, en el consumo y obviamente, en la creación de empleo. Sin más, el gobierno central del PSOE se ha alineado con el gran capital y con los intereses de la poderosa banca internacional. Es decir, una vez más un gobierno del PSOE hace prevalecer los intereses de la clase empresarial. Y si bien el gobierno español, a diferencia del gobierno griego, aún no ha aplicado una reforma laboral por decreto, no parece ser que la actitud sea la más propicia para llegar a un consenso social con las organizaciones sindicales. A pesar de ello, el diálogo social aún está abierto y ello es seguramente lo que nos separa de Grecia, donde el gobierno sí ha reformado el mercado de trabajo al margen de los sindicatos. En cualquier caso, los objetivos de fondo tanto de Zapatero como de Papandreu son los mismos, el sacrificio de la clase trabajadora a cambio de mantener los privilegios y el bienestar de los más poderosos.

Es una vieja ley que remonta sus orígenes a esa época clásica que glosaba Yoryos Papandreu. Porque la dicotomía entre gasto y ahorro del erario público sitúa en realidad posiciones ideológicas bien antagónicas desde hace siglos. Como botón de muestra, quisiera rematar el presente artículo con una reflexión que el viejo reaccionario Cicerón realizó en el año 55 a. de C. y que dice así: “El presupuesto tendrá que estar equilibrado, el tesoro tendrá que volver a estar lleno, la deuda pública tendrá que reducirse, la arrogancia de la burocracia tendrá que ser atemperada y controlada y la ayuda a las tierras extranjeras tendrá que eliminarse para que Roma no entré en la bancarrota. El pueblo debe otra vez aprender a trabajar en vez de vivir de la asistencia”.

Es decir, la historia se repite una vez más.

Pedro Luna Antunez.

Análisis sobre la situación social y económica

Artículo publicado en Rebelión.

La actual coyuntura económica y social es ciertamente dramática. Desde que se iniciara la crisis, ha sido exclusivamente la clase trabajadora la que ha pagado las consecuencias de una situación provocada por el gran capital, por quienes tras años de especulación financiera e inmobiliaria desmedida han provocado un estado de bancarrota de la economía española. La crisis, aún habiendo tenido una transcendencia internacional, ha chocado frontalmente con la débil y precaria estructura económica del Estado español. No podía ser de otra manera cuando el patrón de crecimiento económico en la última década se ha basado esencialmente en la especulación inmobiliaria y en los servicios de bajo coste.

Los respectivos gobiernos tanto del Partido Popular como del PSOE han edificado un modelo económico frágil, escasamente productivo y orientado hacia el beneficio rápido. Al mismo tiempo, tal modelo económico ha consolidado un mercado de trabajo de naturaleza precaria con altas tasas de temporalidad y de siniestralidad, abuso de las horas extras, fraude empresarial en materia contractual y de la seguridad social, etc. Con ello, si bien entre 1999 y 2006 los beneficios empresariales aumentaron en un 73%, la clase trabajadora apenas vio mejorar sus condiciones laborales, sino más bien todo lo contrario. Por ejemplo, entre 1995 y 2005 la clase obrera española perdió poder adquisitivo, en torno a un 4% menos. Por otro lado, en los últimos veinte años la temporalidad laboral apenas se ha movido de la franja del 30% y las medidas adoptadas para paliar tan elevado índice han resultado ineficaces y en ocasiones contraproducentes para los intereses de la clase trabajadora. Es decir, el ciclo de crecimiento económico de finales del siglo anterior y principios del actual no generó riqueza real ni bienestar social para el conjunto de la clase trabajadora. En época de crecimiento se privatizaron los beneficios. En la actualidad, son las pérdidas las que se socializan.

Es por ello que los procesos y las dinámicas actuales no son casuales y con anterioridad a la crisis, el mercado laboral español ya presentaba los déficits en cuanto a precariedad y temporalidad que han provocado el desplome y la destrucción de empleo posterior. La insuficiencia del Estado del bienestar y de la protección social en España no son consecuencia de la crisis sino una de las causas de la misma. Ya en febrero de 2005 el Sector Crítico de CCOO alertaba en un estudio sobre la “desconvergencia” que se estaba produciendo con respecto a la Unión Europea en materia de gasto social. En este sentido, el ciclo expansivo de la economía española que se había iniciado en 1995 no se aprovechó para mejorar la protección social y acercarnos a Europa sino que la tendencia había sido la inversa. El gasto en protección social representaba en España el 24% del PIB en 1993 y en la Unión Europea el 28,8%. Por lo tanto, el diferencial era de 4,8 puntos. Pues bien, en 2000 el gasto social en España era del 20,1% y aunque el gasto de la Unión Europea se había reducido a un 27,3%. El diferencial había aumentado hasta los 7,2 puntos.

La propaganda neoliberal del déficit cero se había fraguado mediante una drástica reducción del gasto social en un contexto de crecimiento económico. En paralelo, se había utilizado de manera escandalosa el superávit de la Seguridad Social para cuadrar las cuentas del Estado, tapando el agujero de la reforma fiscal y transfiriendo recursos de la protección social a las rentas más elevadas. Por otra parte, la economía no crece de manera infinita sino que depende de los ciclos y de las fluctuaciones del mercado. Esa es una ley básica de la economía que parecieron obviar las élites del neoliberalismo. La crisis que vendría después no haría sino agudizar los problemas estructurales de la economía española y su fragilidad desde el punto de vista social y de empleo.

La destrucción de empleo es sin duda actualmente el mayor problema que afecta a la economía española y al conjunto de la clase trabajadora de nuestro país. Y el problema se hace aun más grande cuando la protección social es insuficiente para hacer frente a las necesidades de subsistencia de los desempleados y a las crecientes bolsas de pobreza. Un país que apenas gasta en protección social el 20% del PIB no puede afrontar en condiciones la mejora de las ayudas al desempleo, teniendo en cuenta además que el problema del desempleo en España es estructural y no obedece exclusivamente a la evolución de la economía.

Podríamos afirmar que el desempleo caracteriza el modelo económico español y que forma parte del mismo como uno de sus rasgos más visibles. Es cierto que el desempleo ha aumentado a causa de la crisis pero con anterioridad a la crisis el problema no era precisamente insustancial. No olvidemos que en los últimos quince años la cifra de parados apenas ha bajado de los 2.000.000de afectados llegando a alcanzar los 3.000.000 en fases de crecimiento económico.

En el tercer trimestre de 2008 se produce un punto de inflexión y el desempleo aumenta hacia cuotas históricas, pasando de 2.500.000 de parados a 4.000.000 en apenas año y medio. En una dinámica de socialización de las pérdidas y de sacrificio permanente de los trabajadores y trabajadoras es complicado atisbar a día de hoy cuando remitirá la situación. Los índices no parecen acompañar y en 2010 la destrucción de empleo no sólo no se ha frenado sino que se ha disparado, afectando muy especialmente a tres colectivos tan vulnerables como los jóvenes, las mujeres y la población inmigrante.

En la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año la tasa de desempleo se ha situado en el 20,05% y el número de parados ha alcanzado la cifra de 4.612.700 desempleados, 286.000 más que en el último trimestre de 2009, 602.000 más que hace doce meses y 2.000.000 más que hace un año y medio. Un país que genera 2.000.000 millones de desempleados en 18 meses es un país socialmente desestructurado y que adolece de políticas económicas activas que por lo menos puedan paliar la sangría en cuanto a destrucción del empleo. En tales circunstancias, España es un país socialmente enfermo al que ni siquiera se le administra el tratamiento ni los antídotos apropiados puesto que estos últimos son propuestos por los mismos que han provocado la enfermedad.

Decíamos en líneas anteriores que la protección social en España es insuficiente. En este caso, los intentos por mejorarla han sido infructuosos o cuando menos han significado un brindis al sol. Porque de infructuosa podemos calificar la ayuda de los 420 euros a los desempleados aprobada por el gobierno central el año pasado. Tal ayuda, concedida a los desempleados sin prestación económica desde el 1 de enero de 2009 no sólo es insuficiente desde una perspectiva material sino que además exige unos requisitos que buena parte de los afectados no pueden cumplir. Por ejemplo, la ayuda es incompatible con la percepción de otro tipo de prestaciones sociales o rentas mínimas y requiere no tener rentas superiores a 468 euros, es decir, el 75% del Salario Mínimo Interprofesional. En el momento actual el gobierno central debería plantearse una ampliación de la renta activa de inserción de carácter universal si de verdad aspira a mejorar la situación insostenible de millones de trabajadores y trabajadoras que una vez superado el plazo máximo de prestación del desempleo carecen de ayuda o renta mínima alguna para subsistir. Recordemos que actualmente son ya 1.300.000 las familias españolas que tienen a todos sus miembros en el paro.

Se ha demostrado que las intenciones del gobierno central a la hora de luchar contra la crisis económica y el desempleo son las mismas recetas que propone la patronal. Tales intenciones se han puesto de manifiesto en dos proyectos del gobierno de Zapatero de marcado perfil neoliberal: por un lado, la propuesta de revisión del Pacto de Toledo y del sistema público de pensiones y por otro lado, el documento de reforma del mercado de trabajo presentado por el gobierno el pasado 12 de abril. Con el primero, el objetivo del gobierno es el de iniciar un proceso gradual hacia el empobrecimiento del sistema público de pensiones y reforzar el papel de la previsión social complementaria, aproximándose, así, a un modelo mixto basado en una seguridad social pública débil y de carácter asistencial y en una protección social de iniciativa privada. La raíz neoliberal del proyecto de revisión del sistema de pensiones se caracteriza por situar el debate en torno a los gastos y no en los ingresos, cargando sobre la clase trabajadora el incremento de los ingresos de la Seguridad Social mientras el pasado mes de julio el propio gobierno central planteó una reducción de las cuotas empresariales del 2%.

Retrasar por decreto la edad de jubilación hasta los 67 años y ampliar el periodo de cálculo de cotización exigible para generar una pensión de los 15 años actuales a los 25 años son medidas profundamente antisociales que muestran la verdadera cara de un gobierno aliado con los intereses empresariales. Por ello, fue determinante el éxito de las movilizaciones convocadas por las organizaciones sindicales en toda la geografía española el pasado 23 de febrero en protesta contra la reforma de las pensiones planteada por el gobierno.

Respecto al proyecto de reforma del mercado de trabajo presentado por el gobierno el 12 de abril a sindicatos y patronal, el ejecutivo central persigue una reforma laboral en toda regla con cuatro grandes ejes centrales como objetivos:

- Reducción de las indemnizaciones por despido. El gobierno pretende generalizar el contrato de fomento de la contratación indefinida (indemnización de 33 días) introducido en la reforma laboral de 1997 con la finalidad de reducir los elevados índices de temporalidad laboral. Éste contrato sustituiría progresivamente al contrato ordinario de 45 días de indemnización. En paralelo, el proyecto de reforma contempla la aplicación en España del llamado “modelo austriaco”, consistente en una nueva aportación mensual como indemnización por despido que genere una bolsa propiedad del trabajador resultante de un fondo empresarial pero que se nutre del salario del propio trabajador (en Austria la aportación es del 1,53% del salario bruto). Con tal medida, el gobierno español espera únicamente abaratar el despido pero parece ignorar que el modelo que se aplica en Austria se asienta sobre un Estado social muy superior al español. Por ejemplo, en Austria la tasa de desempleo es del 5% frente al 20% de España y en Austria la prestación por desempleo es indefinida. ¿Pretende también el gobierno del PSOE extrapolar la realidad social austriaca a la paupérrima realidad española o se trata sólo de reducir las indemnizaciones por despido?.

- Ampliación del contrato de formación. Esta medida la justifica el gobierno para mejorar los índices de empleo juvenil pero sin atender a la precariedad que comporta un tipo de contrato exento de los topes salariales pactados en los convenios y que no genera derecho al desempleo ni a la jubilación. El gobierno aspira a incrementar la edad límite para acceder al contrato de formación, pasando de los actuales 21 años hasta los 24 años.

- Supresión de las restricciones a las ETT´S. Mediante el proyecto de reforma, el gobierno afirma su predisposición a eliminar las trabas legales hacia las empresas de trabajo temporal (ETT,S). Por ejemplo, se propone extender las ETT´S a sectores como la construcción donde su implantación era muy limitada. Al mismo tiempo se potencian las empresas privadas de recolocación.

- Mayor flexibilidad en los contratos a tiempo parcial. El objetivo del gobierno en este punto es la desregulación completa de la jornada laboral de los trabajadores contratados a tiempo parcial de manera que las empresas puedan modificar los horarios de trabajo a su antojo y con un mínimo preaviso a determinar y en el que se podrían incluso acordar la aplicación de horas extras.

En definitiva, estamos frente a una reforma laboral profundamente lesiva contra los intereses de la clase trabajadora. La actitud de rechazo de los sindicatos de clase a las medidas del gobierno central obligan a replantear un nuevo escenario y unas nuevas pautas en la mesa del dialogo social. El gobierno ha de cambiar los parámetros de la negociación si pretende llegar a un acuerdo y si de verdad espera acabar con los desajustes sociales y con la destrucción de empleo, ha de encarar la negociación desde una perspectiva social y de impulso de política laborales activas que fomenten la creación de empleo sin perdida de derechos, mejora de la protección social, defensa del sistema público de pensiones, aplicación de políticas fiscales progresivas, etc.

Las 100 propuestas de Izquierda Unida para una salida social de la crisis, presentadas por la organización el pasado mes de febrero son sin duda un gran eje con el que trabajar y proponer alternativas a la ofensiva neoliberal de la patronal y del gobierno. Exigir la causalidad en los contratos temporales, el aumento progresivo del salario mínimo interprofesional hasta un 60% del salario medio o la reducción de la jornada laboral semanal a 35 horas sin merma salarial son propuestas tangibles sobre una base real, la necesidad, por un lado, de controlar la contratación temporal y por otro lado, de mejorar el poder adquisitivo de los colectivos más frágiles. La creación de empleo es sin duda el otro gran reto y para hacerlo hacen falta recursos económicos. Izquierda Unida propone un fondo de 10.000 euros más 1.800 de la Comunidades Autonomías para acometer un plan activo de creación de puestos de trabajo, lejos de la eventualidad del Plan E y de las palabras hueras del gobierno en materia de empleo. La izquierda sindical y política ha de pasar a la acción y ha de hacerlo sin complejos. Es necesario un rearme ideológico desde la izquierda. Un rearme que impulse conjuntamente el diálogo social y la movilización. Se ha puesto de manifiesto que la movilización de los trabajadores y trabajadoras ha supuesto un acicate y una motivación extra para mantener la posición de firmeza de las organizaciones sindicales en la mesa de negociación. Esa es la línea a seguir.

Hace pocas semanas, el profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, Carlos Alfonso Mellado, publicaba en la Fundación 1º de Mayo de CCOO un estudio en el que se afirmaba una gran verdad: la solución a la crisis no es la reforma laboral que “tantas voces acreditadas” demandan con gran ahínco y no lo es porque la crisis no tiene su origen en el mercado de trabajo sino en un colapso de los mercados financieros internacionales (y en el caso de España, en el estallido de la burbuja inmobiliaria y a causa de un modelo productivo basado en sectores muy vulnerables). Por lo tanto, la alternativa no está en la reforma de ese mismo mercado de trabajo y menos aún si la reforma se asienta en abaratar el despido o en flexibilizar aún más las relaciones laborales en el marco de la empresa.

En cualquier caso y a la vista de la coyuntura actual, el gobierno central parece ignorar la situación de precariedad laboral y social millones de ciudadanos y ciudadanas. El reciente anuncio del gobierno de realizar un ajuste que afectará al salario de los funcionarios, a las pensiones y la futuro de la prestación por maternidad suponen un duro golpe a un Estado social y del bienestar ya de por sí frágil. En concreto, el gobierno aplicará en 2010 una reducción salarial del 5% y la congelación del sueldo en 2011 en la función pública. Así mismo, en 2011 se congelará la revalorización de las pensiones, excepto las no contributivas y las mínimas, a la vez que se suprimirá el régimen transitorio de la jubilación parcial. Además se eliminará el carácter retroactivo de las ayudas de la ley de dependencia y en 2011 se suprimirá la ayuda de 2.500 euros por maternidad. Por último, el gobierno reducirá en 6.045 millones de euros la inversión pública estatal entre 2010 y 2011, periodo en el que también se aplicará un recorte de 600 millones en la ayuda oficial al desarrollo. Es decir, más jarabe de palo contra la clase trabajadora. Frente a ello, no nos queda otra salida que manifestar nuestro rechazo, salir a la calle en el contexto de una movilización general y recuperar el diálogo social desde la exigencia de dar una salida a la complicada situación que atraviesan millones de ciudadanos y ciudadanas. La respuesta de las organizaciones sindicales y políticas ha de ser contundente y para ello se han de preparar las condiciones, despojándose de ciertas rémoras y aspirando a algo más que gestionar los efectos de la crisis. Y lo diremos cuantas veces haga falta: que la crisis la paguen quienes la han provocado. Mientras no se resuelva tal necesidad, el conflicto social estará servido.

Pedro Luna Antúnez.

Pensiones, salarios y negociación colectiva en Seat

Decía J.K Galbraith que en economía la mayoría siempre se equivoca.

Documento en PDF

"Economistas de otra galaxia"

La receta no es nueva ni es original. Las voces más cercanas al neoliberalismo dentro y fuera del gobierno del PSOE ganan cada vez más influencia y su exigencia es clara y precisa: hay que revisar el sistema público de pensiones alargando la edad de acceso a la jubilación hasta los 67 años y es necesario bajar los salarios a fin de mejorar los índices de productividad de la economía española. Sobre la reforma de las pensiones el debate está abierto y es de plena actualidad, habiéndose centrado la atención mediática en la ampliación de la edad de jubilación si bien la propuesta del gobierno contiene otra serie de medidas igualmente regresivas para la clase trabajadora. Por ejemplo, se propone la ampliación del periodo de cálculo de cotización exigible para generar una pensión, pasando de los 15 años actuales a los 25 años. Asimismo, el documento refuerza el papel de la previsión social complementaria, abriendo el camino hacia la consolidación de un sistema mixto de protección social, por un lado, una seguridad social débil y meramente asistencial y por otro lado, una protección social alternativa de iniciativa privada. En este sentido, es aceptable una previsión social complementaria ligada a planes de pensiones de empresa con control sindical pero en absoluto podemos aspirar al modelo anglosajón de pensiones basado en la necesidad de contratación de planes de pensiones privados. Tal pretensión parece ser la del gobierno central ya que mientras se revisan a la baja las pensiones públicas se siguen financiando los planes de pensiones privados de las rentas más elevadas.

Pero realmente ¿está en peligro el sistema público de pensiones en España?. La revisión del pacto de Toledo propuesta por el gobierno central alude a la sostenibilidad y al futuro del sistema, no en vano, sobre tal directriz se cimentó el primer pacto firmado en 1995. La preocupación por el futuro de nuestro sistema público de pensiones no sólo es legítima sino necesaria, y en los últimos años el movimiento sindical y en especial CCOO ha sido corresponsable con la situación. Por ejemplo, habrá que explicar que el sistema de pensiones ha sido flexible en los últimos años de modo que ha permitido jubilaciones anticipadas con penalización y jubilaciones más allá de los 65 años con una ligera bonificación. No obstante, advertimos en esta ocasión un análisis deliberadamente desproporcionado del gobierno a fin de propiciar un clima de alarma entre la población española sobre el futuro de las pensiones. La situación, por el contrario, es otra y no tan dramática. Cabe destacar que la Seguridad Social registró en 2009 un superávit de 8.502 millones de euros y en 2010 prevé uno de 2.000 millones de euros. Las arcas, por consiguiente, parecen estar saneadas.

Al mismo tiempo, el gobierno cuestiona la viabilidad futura del sistema de pensiones con motivo de la ampliación de la esperanza de vida entre la población española en el periodo 1980-2005, habiendo pasado de 76 a 80 años. Claro que tal argumento es una media verdad puesto que la mejora en la esperanza de vida de los españoles en los últimos 25 años se ha debido no tanto a que los pensionistas vivan cuatro años más sino a una reducción importante de la tasa de mortalidad infantil. En cambio, nada se dice de la diferencia de 10 años de la esperanza de vida en España entre los más ricos y los más pobres, siendo ésta de 7 años en la Unión Europea.

En definitiva, el gobierno trata de colar una reforma de las pensiones por la vía de la reducción de gastos cuando el debate debería situarse en los ingresos. Bajo el pretexto de salvar el sistema público de pensiones se persigue endurecer el periodo de cálculo y los requisitos de acceso a una pensión, “mileurizar” las pensiones públicas más altas y orientar la protección social hacia la empresa privada para aquel que pueda pagarla, desgravando hasta 10.000 euros al año en el IRPF. Los objetivos de fondo posiblemente sean éstos y no tanto el de alargar la edad de jubilación hasta los 67 años, una propuesta obviamente impopular que ha servido al gobierno de escudo mediático para que no transcendieran públicamente otras propuestas que no dejan de ser la esencia de la revisión que se propone del pacto de Toledo.

Al contrario que la reforma de las pensiones, sobre la cuestión salarial no se ha teorizado tanto y de alguna manera el debate ha pasado casi inadvertido. El gurú y economista de cabecera de Zapatero, el premio Nóbel de economía de 2008, Paul Krugman, ya advirtió en su momento que España debería someterse a una profunda devaluación interna con recortes de salarios y precios para poder salir de la crisis económica ya que no podía esperar ayudas de la Unión Europea. En paralelo, el comisario europeo de Asuntos Económicos, el socialista Joaquín Almunia, alertó hace unos meses sobre la necesidad de tener en cuenta la baja productividad de la economía española a la hora de calcular los salarios, evitando que los salarios se situaran por encima de la productividad, circunstancia que según Joaquín Almunia provocaría la pérdida de competitividad de la economía española. El caso es que en los últimos años los salarios no han estado por encima de la productividad, y menos aún de los beneficios de las empresas, sino más bien al contrario. Recordemos que en los años de bonanza de la economía española, durante el periodo 1999-2006 los beneficios empresariales crecieron hasta el 73% mientras la clase trabajadora perdía poder adquisitivo, entorno a un 4% menos. Es decir, no sólo crecieron los beneficios empresariales por encima de los salarios sino que la diferencia entre ambos fue realmente abismal.

La receta clásica, y utilizada hasta la saciedad durante la crisis post-92, fue la de devaluar la moneda nacional. Pero como es lógico ésta es una medida imposible desde que desapareciera la peseta y entrara en escena el euro, y como no era posible devaluar la moneda hallaron la solución en aplicar el tijeretazo en los salarios de la clase trabajadora. Ese ha sido durante años el manual del ministerio de economía y el de una patronal anquilosada en los usos y maneras del desarrollismo de los años 60. Jamás escucharon las advertencias de los economistas alejados del pensamiento único, a los que Felipe González acusaba en su época de “no ser de izquierdas ni de derechas sino simplemente de otra galaxia”.

Una vez explotó la burbuja inmobiliaria y se derrumbó como castillo de naipes la frágil estructura de la economía española, basada en la especulación y en la construcción, los apóstoles de la competitividad fijaron de nuevo su atención en los salarios. La consigna era la de recortar salarios con el objetivo de ganar en competitividad. ¿Pero competitividad con quién?. Por supuesto, no con Alemania, Francia o Gran Bretaña, tres países con salarios muy por encima de los salarios españoles y que sin embargo también nos ganan en productividad. Pero cuando en España se habla de mejorar la productividad siempre se piensa en la reducción de los salarios prácticamente como la única alternativa. No se habla de aumentar la productividad con una nueva política económica e industrial que dé sus resultados a medio plazo ni tampoco se aconseja invertir la política fiscal que en los últimos 20 años han dejado las cuentas públicas tan débiles como un geranio ante el huracán de la crisis económica. Desde CCOO hace años que se viene haciendo hincapié en la necesidad de impulsar un nuevo modelo productivo más encarado hacia la industria como sector estratégico, el I+D+i, y la incorporación de actividades de un mayor valor añadido. Así se gana en productividad. Sin necesidad de emigrar hacia otra galaxia.

"En economía la mayoría siempre se equivoca"

El episodio de la congelación salarial en Seat demuestra claramente como en época de crisis económica se necesita una referencia que marque el camino a seguir. A principios de 2009 y una vez superado el marco del XVII Convenio Colectivo, vigente entre 2004 y 2008, el salario de los trabajadores de Seat queda congelado a falta de un convenio nuevo que regule los incrementos salariales de acuerdo con la evolución del IPC. Recordemos que en 2009 el gobierno central no hace público el IPC previsto, una referencia que en los últimos años se había situado en el 2%, en sintonía con los objetivos inflacionistas del Banco Central Europeo, y que iba asociada en materia salarial a la mayoría de convenios colectivos. El mismo XVII Convenio Colectivo de Seat utilizaba la referencia del IPC previsto con cláusula de revisión salarial para adecuar los incrementos salariales al IPC real. Pero en 2009 no hay nuevo Convenio Colectivo de Seat, ni proceso de negociación en marcha, y por lo tanto, no hay subida salarial, un contexto que aprovechará la dirección de la empresa para supeditar la viabilidad y el futuro de la marca a la reducción de los costes salariales.

En esta coyuntura, en febrero de 2009 el IPC se situó en el 0,7% de la tasa interanual al bajar un 0,1% respecto al IPC de enero. Según el INE (Instituto Nacional de Estadística), la tasa interanual de febrero de 2009 marcaba su nivel más bajo en los últimos cuarenta años, en una deriva que supuestamente había de culminar en deflación y en el consiguiente desplome del IPC. A la vista de la situación, la dirección de Seat mueve inmediatamente a sus peones. El 26 de febrero en el seno de un Comité Intercentros, y tras una intensa campaña mediática en la prensa, la dirección informa a las organizaciones sindicales de Seat que la posible fabricación del modelo Audi Q3 en la planta de Martorell está condicionada a la reducción de costes y al aumento de la rentabilidad del Grupo Seat. En concreto, la dirección de Seat, al alimón con las directrices que emanan de Volkswagen, propone a la representación social las siguientes medidas a cambio de la asignación del nuevo modelo:

• Mantenimiento del empleo en los próximos dos años (2009 y 2010).
• Congelación salarial a las plantillas del Grupo Seat durante dos años (2009 y 2010).
• Presentación de un ERE temporal de dos años (2009 y 2010) condicionado a la asignación del nuevo modelo y hasta la fabricación del mismo (2011).
• Inversión de 300 millones de euros destinados a la fabricación del modelo Audi Q3.

Curiosamente, el mismo 26 de febrero la Sección Sindical de UGT-Seat publica una hoja informativa en la que no sólo se hace eco de las propuestas de la dirección de la empresa sino que ejerce de portavoz de las mismas. La UGT en su hoja apunta a que mientras en el resto de las empresas del sector las direcciones empresariales no sólo se conforman con una reducción salarial, sino adelgazan sus plantillas todo lo que pueden. Por ello, la UGT afirma que la situación en Seat es diferente ya que estamos hablando de fabricar un nuevo modelo y garantizar el empleo en el Grupo Seat a cambio de una congelación salarial de dos años. Y sino queda clara cual es la posición de UGT, en el penúltimo párrafo afirman lo siguiente: Ante estas y otras perspectivas UGT valorará la mejor vía para salvaguardar los puestos de trabajo, aunque sea con el sacrificio de toda la plantilla ya que esto es solidaridad con compromiso de futuro, y no demagogia la cual nos podría arrastrar y desembocar a situaciones no deseadas, por lo menos por este sindicato.

Entre la dirección de Seat y la UGT se estaba abonando el terreno para acordar dos años de congelación salarial. Por otra parte, en marzo de aquel mismo año el IPC cae en picado y se rebasa el umbral de la deflación, situándose la tasa interanual en el -0,1%, es decir, sólo en un mes el IPC se redujo en 0,8%. Se trataba sin duda del mejor escenario para justificar un acuerdo de congelación salarial con la contrapartida de la adjudicación de un nuevo modelo. El 9 de marzo se reúne el Comité Intercentros de Seat y la dirección de la empresa solicita a la representación social cual es su respuesta a las propuestas del 26 de febrero. La UGT responde que aún considerando excesivas las propuestas de la empresa, entiende que lo prioritario es buscar soluciones que permitan evitar situaciones irreversibles para toda la plantilla aún más cuando le consta, por informaciones recibidas de VW, que el nuevo modelo aún no ha sido adjudicado.

Dicho esto, la UGT propone mantener las tablas salariales de 2008 en 2009 y el incremento del 50% del IPC previsto en 2010. Para 2011 la UGT propone un incremento salarial tomando como base el IPC, más un posible porcentaje a negociar en función de los IPC reales de 2009 y 2010, y teniendo en cuenta la situación económica de la empresa. Finalmente, para 2011 la UGT propone la percepción de una paga no consolidable y condicionada a los resultados financieros de la empresa de un mínimo de 200 euros. Con ello, la UGT proponía una congelación salarial en toda regla y una recuperación del poder adquisitivo supeditada siempre a la cuenta de resultados de la empresa. Añadir que la UGT propuso la celebración de un referéndum entre la plantilla de Seat con el fin de legitimar su batería de propuestas en materia salarial.

Frente a ello, la posición de CCOO en el Comité Intercentros del 9 de marzo fue la de exigir que la plantilla del Grupo Seat en ningún caso perdiera poder adquisitivo consolidado en tablas durante la vigencia del acuerdo (IPC reales de 2009, 2010 y 2011). Asimismo, desde CCOO propusimos la percepción durante el acuerdo de las cantidades dejadas de ingresar en aplicación de la cláusula de revisión del XVII Convenio Colectivo, reclamando la reactivación de la misma cláusula una vez finalizada la vigencia del acuerdo en 2012. Respecto a la celebración del referéndum, desde CCOO, y aún estando de acuerdo con la consulta a la plantilla, alertó sobre la necesidad de realizar una pregunta clara y que el redactado de la misma se decidiera en el seno del Comité Intercentros.

A la sazón, la propuesta de UGT no garantizaba la recuperación del poder adquisitivo en 2011 tras dos años de congelación salarial, porque la recuperación no se consolidaba en tablas salariales y porque se condicionaba a la evolución positiva de los resultados financieros de la empresa. Al contrario de la UGT, la propuesta de CCOO exigía en todo momento no perder poder adquisitivo en el transcurso de los tres años de vigencia del posible acuerdo, consolidando los incrementos salariales en tablas y sin supeditar tal exigencia al balance económico de la empresa.

El 18 de marzo se celebró el referéndum votándose la propuesta que la UGT presentó en el Comité Intercentros del día 9. En los días precedentes a la consulta, la UGT se había encargado de avivar el miedo entre la plantilla al situar la congelación salarial como la única alternativa al despido seguro de miles de trabajadores y trabajadoras del Grupo Seat. Incluso en los medios de comunicación el referéndum de Seat propició la profusión de encuestas en tertulias y diarios con la pregunta de rigor: ¿entre congelarse el sueldo y perder el puesto de trabajo, qué elegiría usted?. Porque en realidad, el referéndum del 18 se presentó como un dilema entre salario y empleo. Todos los resortes, sindicales, empresariales, mediáticos y políticos, amplificaron el eco atronador del miedo a los despidos y al futuro de Seat como marca viable. El 11 de marzo el editorial de El Periódico de Catalunya (La plantilla de Seat tiene la palabra) decía lo siguiente: Aunque entendemos que las dinámicas sindicales en las empresas son complejas y que los trabajadores, en general, son los grandes afectados por esta profunda crisis, sería una desgracia dejar pasar esta oportunidad por una leve pérdida de poder adquisitivo de la plantilla. Los tiempos son muy duros y todas las partes implicadas deben mantener la cabeza fría para que los costes sociales sean los menos posibles.

Como era de esperar, el referéndum sirvió para que la UGT se diera un baño de masas y para que la propuesta de congelación salarial recabase un amplio respaldo. El voto afirmativo obtuvo el 65,17% de los votos frente al 31,3% de votos en contra y el 3,5% de votos nulos o en blanco. Decía J.K Galbraith que “en economía la mayoría siempre se equivoca”, y sin dar ni quitar la razón al ilustre economista canadiense, y aún habiéndonos opuesto a la congelación salarial propuesta por la UGT, creemos que la reacción de la mayoría de la plantilla de Seat fue comprensible. Cuando a una plantilla se le coloca la espada de Damocles de elegir entre congelarse el sueldo o perder el empleo es de prever que opte por la primera opción. Lo que ya no es tan comprensible fue la ligereza con la que UGT aceptó los argumentos de la dirección de Seat favorables a la contención salarial a cambio de una promesa hueca. Porque es iluso pensar que la fabricación del modelo Audi Q3 se deba a que la plantilla de Seat se haya congelado el salario durante dos años. En Seat la masa salarial de la plantilla apenas representa el 7% del valor final del producto y en concreto la congelación salarial para 2009 y 2010 le supone a la dirección de Seat un ahorro escaso de 5 millones de euros, en una estimación al alza.

Es evidente que a la hora de asignar la fabricación de un modelo a un centro de trabajo, se siguen otra serie de criterios, ya sean en el ámbito del ahorro de costes como en el ámbito técnico y profesional. Del primero, hay que constatar una realidad que es irrefutable: el auténtico ahorro de costes para Seat no ha venido de la congelación salarial sino de la subvención económica recibida de la administración pública, entorno a 300 millones de euros, en concepto de las ayudas al sector de la automoción (Plan de Competitividad del Sector de Automoción) aprobadas por orden ministerial en 2009. Ayudas, que por cierto, están supeditadas a la no aplicación de despidos en los próximos años por parte de la empresa receptora.

Recordemos dos de las propuestas que la dirección de Seat presentó en el Comité Intercentros del 26 de febrero:

• Mantenimiento del empleo en los próximos dos años (2009 y 2010).
• Inversión de 300 millones de euros destinados a la fabricación del modelo Audi Q3.

Curiosamente, la inversión de 300 millones de euros no salió de las arcas de la empresa sino de la administración, justamente los 300 millones percibidos del plan de competitividad del sector de la automoción con la condición de no aplicar despidos y por lo tanto, de mantener el empleo. Pero lo más trágico fue que en enero de 2010 la dirección de Seat decidió de manera unilateral el despido de más de 200 trabajadores/as del personal indirecto.

Respecto a los criterios del ámbito técnico y profesional, recordemos que fue el propio presidente de Audi, Rupert Stadler, quien admitió que las razones para asignar el modelo Audi Q3 a Seat se debían a la calidad, productividad y cualificación de la planta de Martorell. El anuncio, que se hizo público el pasado 21de abril por medio de la intranet de Audi casi un mes después del referéndum, desmontó por completo la idea generalizada de que la fabricación del muevo modelo en Seat iba a ser posible gracias a la congelación salarial. Si Seat competía con plantas como Gyor (Hungría) o Bratislava (Eslovaquia) a la hora de fabricar el Audi Q3 es indudable que la ventaja de Martorell residía en la calidad y la cualificación de la planta y no tanto en los costes salariales. La congelación salarial de Seat no es más que una cuestión política, una estrategia empresarial para condicionar la negociación del próximo Convenio Colectivo. Ya en la negociación del XVII Convenio Colectivo, uno de los objetivos de la dirección de Seat fue la de recortar la masa salarial de la plantilla vía supresión de la cláusula de revisión salarial y del plus de festivos. La congelación salarial en Seat es una cuestión política como también lo es que les suban el salario a los trabajadores alemanes de Volkswagen. En septiembre de 2009 la dirección de la multinacional llegó a un acuerdo con el sindicato alemán IG Metall por el cual se incrementaba en un 4,2% el sueldo de los 95.000 empleados de las seis plantas alemanas de Volkswagen. Habrá que pensar que el consorcio no trata por igual a las colonias a que la metrópoli o habrá que pensar que efectivamente el salario no determina la viabilidad industrial ni los volúmenes productivos de los centros de trabajo de Grupo Volkswagen.

Lo diremos sin ambigüedades: la experiencia de la congelación salarial en Seat ha sido y es un fraude sin precedentes. Eso es algo que no podemos ignorar ni maquillar, máxime cuando estamos en 2010 y la plantilla no ha visto mejorado su nivel salarial en los términos que proponía la UGT para el presente año: incremento del 50% del IPC previsto. Ello unido a los despidos de enero de 2010 ha avivado una sensación de debilidad sindical y política frente a la petulancia de la empresa, la cual, con o sin oposición, va haciendo camino y alcanzando las metas que se propone. Desde el movimiento sindical de Seat y desde las instituciones se han cometido errores y ahora se trata de corregirlos. Se han equivocado y el tiempo así lo ha demostrado. Y si por mayoría entendemos la UGT, la Generalitat de Catalunya, el gobierno central, los medios de comunicación y la opinión pública en general, pues tendremos que darle, muy a pesar nuestro, la razón a J.K Galbraith.

"La negociación colectiva es nuestro objetivo"

Como decíamos en líneas anteriores, estamos en 2010 y la plantilla de Seat continúa perdiendo poder adquisitivo sin haber percibido ni siquiera el incremento salarial propuesto por la UGT en el Comité Intercentros en el Comité Intercentros del 9 de marzo de 2009 y ratificado por la plantilla en el referéndum del mismo mes. Claro que habrá que explicar a los trabajadores y trabajadoras de Seat que no existen los acuerdos del Audi Q3 ya que la propia dirección de la empresa manifestó que la propuesta de congelación salarial para 2009 y 2010 aceptada en el referéndum de marzo no se ajustaba a la planteada por la dirección en el Comité Intercentros del 26de febrero (acta del Comité Intercentros del 20 de marzo de 2009). En todo caso, si a día de hoy la plantilla de Seat sigue padeciendo la congelación de su nivel salarial, se debe no sólo a las propuestas incumplidas, sino a la falta de un nuevo Convenio Colectivo que regulara los incrementos salariales desde 2009. Teniendo en cuenta tal situación, se nos antoja como una prioridad inaplazable la negociación del XVIII Convenio Colectivo de Seat

La negociación del Convenio Colectivo no se puede postergar más y ha de tener como eje central la recuperación del poder adquisitivo perdido durante 2009 y 2010. Es el momento y la situación general del país y de la industria no ha de suponer un obstáculo sino más bien un estímulo. Creemos que el mejor instrumento del que disponen la clase trabajadora y las organizaciones sindicales para hacer frente a la crisis económica es la negociación colectiva. Así se desprende, por ejemplo, del reciente Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, vigente para el periodo 2010-2012 y que supondrá la mejora del nivel salarial de millones de trabajadores y trabajadoras de nuestro país. El acuerdo establece incrementos salariales con una tendencia evolutiva y al alza: un 1% en 2010, entre el 1% y el 2% en 2011 y entre el 1,5% y el 2,5% en 2012, incluyendo la activación de una cláusula de garantía salarial que atenderá a la diferencia entre el incremento salarial pactado en el Convenio Colectivo y la inflación real. El acuerdo es un paso adelante en un contexto de crisis económica y de destrucción del empleo a la vez que reivindica el papel de la negociación colectiva como herramienta de avance social después de un año como 2009 caracterizado por el bloqueo por parte de la patronal de la negociación colectiva y de la cuestión salarial.

El acuerdo firmado en el ámbito confederal debería servir como acicate para activar la negociación del XVIII Convenio Colectivo de Seat. Una empresa como Seat no puede ser un oasis en el marco actual del dialogo social y menos aún en el aspecto salarial, un elemento que históricamente había diferenciado a Seat, otorgándole un perfil de empresa con un nivel salarial por encima de la media del sector industrial. Como tampoco la acción sindical en Seat puede ser ajena a la estrategia en materia salarial que emana del confederal. Con lo cual, en Seat nuestro sindicato ha de reclamar aquello que CCOO está reclamando en el resto de empresas y sectores: la negociación del Convenio Colectivo. Ese es nuestro objetivo. Porque el Convenio Colectivo es la única vía posible para evitar que la plantilla siga perdiendo poder adquisitivo. Y después del fiasco de la congelación salarial, donde CCOO mantuvo una posición correcta como sindicato de clase, planteamos que el proceso de negociación del nuevo Convenio Colectivo sea liderado por CCOO.

Para ello necesitamos un sindicato integrador y cohesionado en lo interno y disciplinado en lo orgánico, entendiendo lo orgánico como el resultado de un debate participativo y plural. Necesitamos las CCOO herederas de las luchas obreras de Seat y adaptadas, al mismo tiempo, al cambio sociológico y generacional que se ha producido en Seat en los últimos años. Un sindicato ha de evolucionar conforme evoluciona la sociedad, la clase trabajadora y su propia afiliación. Asimismo, un sindicato también ha de evolucionar conforme evoluciona el mundo de la empresa, el cual ya no tiene nada que ver con la vieja empresa fordista, ni a nivel organizativo ni productivo. Decía Ignacio Fernández Toxo en el IX Congreso Confederal de CCOO que no podíamos seguir dirigiendo el sindicato con las mismas concepciones que hace 15-20 años porque la realidad era hoy bien distinta. Ese es un reto que ha de afrontar y superar las CCOO de Seat en el camino hacia una nueva etapa sindical. En definitiva, sólo con la referencia de unas CCOO fuertes y sólidas se podrá encarar con las máximas garantías la negociación del XVIII Convenio Colectivo, un proceso que se vislumbra duro y complejo. Es por lo tanto el momento de pasar a la ofensiva y de ser firmes en la defensa de los intereses de la clase trabajadora de Seat.

La recuperación del poder adquisitivo de 2009 y 2010, la regulación de los incrementos salariales para los próximos años con la referencia del IPC previsto y con cláusula de revisión salarial según el IPC real, el mantenimiento del 100% del plus de festivo, la dignificación de la categoría de ingreso (nivel salarial de especialista u oficial de 3ª), la activación voluntaria de los trienios para el personal acogido desde 2002 al plan de pensiones del Grupo Seat, la suficiencia de la flexibilidad pactada en el XVII Convenio Colectivo, la regulación de las cargas de trabajo (no se puede negociar con la salud de los trabajadores ni se puede incrementar la productividad a costa del trabajador) o la ampliación y mejora de los permisos retribuidos son algunas de las propuestas que se han de trabajar desde CCOO en línea con nuestros documentos aprobados colectivamente y con las necesidades de la plantilla de Seat.

Pedro Luna Antúnez. Miembro de la Ejecutiva y del Consejo Intercentros de CCOO-Seat.

Óscar Guardingo Martínez. Miembro del Consejo Intercentros de CCOO-Seat.

Hospitalet de Llobregat, 8 de marzo de 2010.