"El ejecutivo del Estado moderno no es otra cosa que un comité de administración de los negocios de la burguesía".
Karl Marx.
Desde que se celebrara el último proceso congresual de CCOO hace cuatro años, la economía española ha sufrido grandes y profundos cambios que no han hecho sino agudizar el desmantelamiento de nuestro frágil Estado del bienestar y la precarización permanente de los derechos sociales de la clase trabajadora. Podríamos decir que en estos cuatro años hemos asistido no sólo a un cambio de ciclo económico sino a la ruptura del pacto constitucional de 1978. Los procesos económicos y políticos se han sucedido de manera paulatina pero sin pausa.
En 2008 la quiebra de Lehman Brothers, uno de los cinco mayores bancos de inversiones de EEUU, inició un efecto dominó en la economía mundial que desencadenó la mayor crisis del capitalismo financiero de la historia contemporánea. Los excesos de la Banca y de una economía especulativa inflada durante años por la concesión de créditos hipotecarios de alto riesgo y posteriormente lastrada por la acumulación de activos tóxicos difícilmente liquidables, conllevaron desde el inicio de la crisis financiera la inyección por parte de los Estados de dinero público a las entidades bancarias a un bajo tipo de interés. Por ejemplo, desde 2008 se han prestado más de 120.000 millones de euros a la Banca, propiciando así el endeudamiento público que padece actualmente el Estado. La subordinación de los respectivos gobiernos del PSOE y del PP a la Banca ha generado una situación de quiebra del Estado social y la adopción de una política económica orientada hacia la viabilidad financiera de los bancos y el deterioro de las condiciones de trabajo de la clase obrera.
Desde 2008 se han sucedido una serie de reformas laborales y de recortes sociales que han propiciado el desarme del Estado del bienestar. El origen de la crisis no está en el mercado de trabajo pero a raíz del elevado déficit del Estado los gobiernos del PSOE y PP han aprovechado la coyuntura para iniciar una ofensiva contra los derechos sociales. Ya en marzo de 2009 el gobierno de Zapatero aprobó por Decreto-Ley seis medidas extraordinarias para “el mantenimiento y fomento del empleo” en el marco de los Acuerdos de Negociación Colectiva (ANC). Mediante aquel decreto, el gobierno del PSOE impulsaba y daba curso legal, entre otras medidas, al abaratamiento de los contratos (el empresario que contrataba a un desempleado disfrutaba de una bonificación al 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social con cargo a la prestación del parado) y a la contratación parcial (bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social para los contratos a tiempo parcial desde un 50% hasta un 100%). Los ANC de 2009 se cerraron sin acuerdo con los sindicatos por primera vez desde 2002 a causa de las diferencias que surgieron respecto al IPC previsto. Se iniciaba así un proceso del dialogo social con continuos altibajos en una primera fase y con la ruptura del propio dialogo, en una fase posterior.
Mucho se ha discutido sobre la estrategia sindical durante los últimos cuatro años. El propio Ignacio Fernández Toxo declaraba en enero de 2009 que “no era el momento de plantear una reforma laboral porque el origen de la crisis económica no estaba en el mercado de trabajo”. La reflexión de Toxo era muy acertada. No en vano, el déficit público nada tiene que ver con la estructura del tejido laboral español o con la negociación colectiva sino con los excesos cometidos durante años por la especulación financiera e inmobiliaria.
Sin embargo, la evolución de la situación económica, las presiones de los poderes fácticos y porque no decirlo, un análisis sindical algo complaciente provocaron la firma de acuerdos como el de la reforma de las pensiones o el acuerdo de negociación colectiva de 2012 que precedió a la reforma laboral del PP. Obviamente, la falta de consenso en los ANC de 2009 no significó la ruptura inmediata del diálogo social. La concertación siguió dando sus frutos y en febrero de 2010 el acuerdo alcanzado entre sindicatos, gobierno del PSOE y la patronal, posibilitaron, ésta vez sí, la renovación de los ANC por un periodo de tres años (2010-2012) mediante el I Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Ante la perspectiva de un futuro económico nada halagüeño, CCOO y UGT acordaron tres años de moderación salarial, con subidas de hasta el 1% (2010), entre el 1% y el 2% (2011) y entre el 1,5% y el 2,5% para 2012. Se trataba por lo tanto de una moderación salarial “in crescendo”. Lo que nadie auguró en ese momento es que la situación económica sería cada vez más precaria y que para 2011 y 2012 muchas serían las empresas que se descolgarían de los convenios sectoriales y provinciales o que directamente los incumplirían en materia salarial.
Tras el acuerdo alcanzado en febrero de 2010, el dialogo social se desarrolló con normalidad a pesar de una conflictividad laboral cada vez mayor y del aumento incesante de la tasa del desempleo. En 2010 la tasa del paro ya había traspasado la barrera psicológica del 20% con cerca de 4.700.000 personas desempleadas. La deuda de la Banca provocó la falta de crédito a las PYMES y un proceso de desaceleración productiva. Una vez más se estaban socializando las pérdidas justo cuando años atrás se habían privatizado los beneficios. El creciente desempleo hizo que el gobierno del PSOE aprovechara la situación para reformar el mercado de trabajo español. El resultado fue el Decreto-Ley de junio de 2010. La Reforma Laboral de Zapatero fue conocida como el “Decretazo” y supuso una vuelta de tuerca más en las ya muy precarias condiciones de la clase trabajadora española. Con la nueva reforma, los empresarios obtenían más flexibilidad laboral, un despido más fácil y barato, mayor temporalidad, ventajas fiscales, la extensión de las ETT´S al conjunto de los sectores, la ampliación en cuanto a la movilidad funcional y geográfica así como la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Es decir, la Reforma Laboral de Zapatero ya anticipaba lo que dos años más tarde sería la Reforma Laboral del Partido Popular.
El decretazo de Zapatero presentaba, por ejemplo, la modificación del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores por el cual se ampliaban las causas por despido en expedientes de regulación de empleo (ERE) al permitir que una empresa pudiera presentar un ERE alegando la previsión de futuras dificultades como causa objetiva. Asimismo, la reforma abarataba el despido para las empresas al hacerse cargo el FOGASA de abonar 8 días de indemnización en caso de extinción de todos los contratos indefinidos. Recordemos que hasta 2010 el FOGASA se hacía cargo del 40% de la indemnización sólo en los casos de empresas de menos de 25 trabajadores. La Reforma Laboral de 2010 provocó la convocatoria por parte de los sindicatos de la Huelga General del 29 de septiembre.
La Huelga General del 29-S no provocó a medio plazo un gran distanciamiento entre el gobierno del PSOE y los sindicatos. Más bien todo lo contrario. 2011 fue un año de consenso generalizado y ya en el mes de enero se alcanzó un acuerdo para reformar el sistema público de pensiones. Tras una larga campaña sindical contra la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años, CCOO y UGT estamparon su firma en la que posiblemente sea la reforma más regresiva jamás firmada por los sindicatos en España. Esgrimiendo la situación del déficit público y la evolución demográfica, el acuerdo contemplaba mediante un sistema flexible la progresiva ampliación de la edad de jubilación a los 67. En paralelo, la reforma establecía la ampliación de los años de cotización necesarios para acceder al 100% de la jubilación, pasando de 35 a 38,5 años, así como el aumento del periodo de cálculo, de 15 a 25 años.
De difícil explicación para las bases del sindicato, la reforma de las pensiones supuso un punto de inflexión en la acción sindical de CCOO y no fueron pocas las voces críticas en el seno del sindicato contra un acuerdo que contravenía la apuesta tradicional de CCOO a favor de un sistema público de pensiones al alcance del conjunto de la clase trabajadora. Con la nueva reforma de las pensiones son varios los colectivos que salen perjudicados de manera muy notable, esencialmente, los jóvenes, cuya inserción en el mercado laboral se ha retrasado en los últimos años, y las mujeres, quienes padecen índices más elevados de precariedad y temporalidad laboral. En un contexto de ofensiva antisocial, los sindicatos antepusieron los intereses del Estado a los intereses de los trabajadores. Ése, quizás, haya sido uno de los errores que los sindicatos hayan cometido durante los últimos años: defender el marco del Estado pensando que con ello se defendían los intereses de la clase trabajadora. Ese sindicalismo de Estado olvidó que los intereses generales del propio Estado no son neutros sino de parte.
La estrategia sindical del “mal menor”, acrecentada por la crisis económica y el masivo desempleo, situó a los sindicatos en una difícil encrucijada: la de aceptar mermas en las condiciones de vida de los trabajadores a cambio de paliar los efectos de las reformas laborales y de salvaguardar la estructura de la negociación colectiva. En el segundo semestre de 2011, el desgaste del gobierno de Zapatero permitió el ascenso del Partido Popular tras ganar por mayoría absoluta las elecciones generales del 20 de noviembre.
El panorama no podía ser más desolador para la clase trabajadora española y las promesas durante la campaña electoral del PP de una nueva Reforma Laboral que representara la definitiva vuelta de tuerca de los derechos sociales acentuaron la sensación de alerta máxima tanto en los sindicatos como en los partidos de izquierdas. El surgimiento del movimiento 15-M en mayo fue sin duda un soplo de aire fresco para millones de militantes de izquierdas pasando en apenas unas semanas a convertirse en el gran referente de la movilización social y ciudadana.
El diálogo social no se interrumpió con el cambio de gobierno. En enero de 2012, y ante la perspectiva de una Reforma Laboral profundamente lesiva, los sindicatos y la patronal firmaron el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. La renovación del acuerdo firmado en 2011 se produjo con unos sindicatos claramente situados a la defensiva con el pretexto de preservar la estructura de la Negociación Colectiva así como la interlocución de los propios sindicatos en la misma. No obstante, el acuerdo de enero de 2012 adelantó algunas de las medidas que dos meses más tarde aprobaría el gobierno del PP en la Reforma Laboral. El acuerdo recogía propuestas de la CEOE como el descuelgue y la inaplicación de los convenios sectoriales y la negociación en la empresa de aspectos fundamentales como la jornada laboral, las funciones profesionales o el mismo salario. En paralelo, se apostaba por el convenio provincial pero al mismo tiempo se fomentaba su descentralización favoreciendo la negociación en la pequeña y mediana empresa con escasa o nula implantación de los sindicatos de clase. Por último, en materia salarial, por primera vez se fijaban los incrementos del poder adquisitivo no solo en relación al IPC sino según la evolución del PIB y de la actividad económica. Más que un acuerdo de moderación salarial se trataba de un acuerdo de pérdida salarial.
La Reforma Laboral del PP la decretó el gobierno en marzo y como se esperaba significó la agresión más profunda contra los derechos de los trabajadores de los últimos treinta y cinco años. Una reforma diseñada para liquidar derechos sociales históricos y para desregular por completo el mercado de trabajo y la negociación colectiva. El decreto permitía a las empresas, por ejemplo, abaratar la indemnización por despido improcedente al pasar de los 45 días con un tope de 42 mensualidades a los 33 días don un tope de 24 mensualidades. Asimismo, la reforma facilita la presentación de expedientes de regulación de empleo al no ser ya necesaria la autorización previa de la administración y que las empresas presenten un ERE cuando justifiquen una caída de los beneficios durante tres meses consecutivos. Con el objetivo de reducir el índice de absentismo, la reforma asume el despido de un trabajador que cause baja por enfermedad entre 9 y 20 días en un periodo de 2 meses. En cuanto a la negociación colectiva, se limita la ultractividad a dos años (en el trámite parlamentario quedará definitivamente en un año a raíz de una enmienda de CiU) y se da vía libre a las empresas para poder descolgarse de los convenios pactados así como para modificar de manera sustancial condiciones de trabajo como el salario y la jornada.
La reforma provocó una nueva convocatoria de Huelga General: la del 29 de marzo, ampliamente secundada por la clase trabajadora y por los nuevos movimientos sociales surgidos a la luz del movimiento 15-M, los cuales tuvieron un especial protagonismo en el desarrollo y éxito de la convocatoria, haciendo de la Huelga General del 29-M no sólo una huelga sindical sino social y ciudadana.
Como bien ya sabemos, la Reforma Laboral del PP no ha logrado uno de sus supuestos objetivos: crear empleo. Ya en el primer trimestre de 2012 la tasa de paro llega al 24,4%, con un total de 5.639.500 desempleados, según la EPA del citado periodo. Es decir, la reforma del PP no sólo no ha conseguido reducir el desempleo sino que lo ha disparado, especialmente entre los más jóvenes al superar por primera vez el paro juvenil la barrera del 50%. Sólo en Cataluña, la Reforma Laboral ha provocado que los expedientes de regulación de empleo hayan aumentado en un 166% respecto a 2011.
La situación social hace que vivamos en un país que va camino del tercermundismo en materia de derechos laborales y en políticas de protección del Estado del bienestar. El reciente rescate de la banca española por valor de 100.000 millones de euros provocará más recortes sociales y desempleo. Víctimas de la codicia de las élites financieras españolas y catalanas así como de la Unión Europa de dos velocidades que vuelve a definirse en torno al eje Norte-Sur, a los trabajadores no nos han dejado otra opción que la de romper con un sistema que se ha desprendido de la careta democrática y que actúa a espaldas de los intereses y de las necesidades de la mayoría de la población.
Pedro Luna Antúnez.
