Adjunto artículo que he redactado para Rebelión.
Consultando la breve pero
esencial obra que ya hace treinta y cinco años publicó
Julián Ariza sobre las Comisiones Obreras observamos que el renacer del movimiento obrero durante la oscura noche del franquismo halló en el conflicto laboral su plataforma de acción y oposición al régimen. Es a partir de la ley de convenios colectivos de 1958, inspirada por la necesidad de detener el avance del sindicalismo de clase y clandestino frente a la oficial y espuria Organización Sindical, y de de integrar a la clase obrera en los nuevos procesos productivos del desarrollismo económico de años venideros, cuando de manera muy significativa se va a producir un salto adelante en el desarrollo de las primeras comisiones organizadas de trabajadores, las cuales nacían y morían en cada uno de las plataformas reivindicativas de negociación de los convenios de empresa.
La reconstrucción del movimiento sindical se fue consolidando al fragor de la negociación colectiva, siendo ésta el vehículo de expresión de los trabajadores españoles en su lucha por mejorar las condiciones laborales de nuestra clase. Fueron años muy duros para el ejercicio del sindicalismo, de represión y cárcel contra el movimiento obrero organizado. Los casos del proceso 1001 en 1973 por el cual se condenaba a prisión a toda la dirección de CCOO o ya en 1976 el asesinato de dos obreros por parte de la policía al disolver a tiros una asamblea de trabajadores en Vitoria, ponen de relieve un espíritu de sacrificio que a la postre permitió la conquista de derechos sociales como legado para las generaciones posteriores.
Con la llegada de la democracia y la legalización de los sindicatos de clase se articula un nuevo corpus jurídico para las relaciones laborales. El
Estatuto de los Trabajadores aprobado en 1980 y la
Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS) de 1985 sentaron las bases del marco legal para el desarrollo de la negociación colectiva por un lado y de las garantías sindicales por otro. Sin embargo, el camino hacia la normalización no fue fácil ni estuvo exento de contradicciones y desacuerdos. Recordemos que CCOO no avaló el Estatuto de los Trabajadores al considerar que no reconocía a las secciones sindicales y que limitaba las competencias de los comités de empresa. El contexto social y económico del momento así como el miedo de la patronal y del gobierno de la UCD a que se decantase la balanza del lado de los trabajadores propiciaron un redactado estatutario a la baja no sólo en lo referente a la autonomía sindical sino también en cuanto a la ampliación de los modelos de contratación temporal o a la no obligatoriedad por parte del empresario de readmitir al trabajador en caso de despido improcedente.
A pesar de las deficiencias del Estatuto de los Trabajadores convendría señalar que se cimentó una estructura sólida en materia de negociación colectiva. La concurrencia, tramitación y validez de los convenios colectivos quedaron fijadas en legitimidad de las comisiones negociadoras compuestas por empresarios y representantes sindicales. La interlocución social se resolvió a favor de los sindicatos mayoritarios al exigirse un mínimo de representatividad a nivel estatal, autonómico o de empresa con el aval del 10% de delegados sindicales que debía presentar una organización sindical para erigirse en parte negociadora. Con posterioridad, la LOLS selló el anclaje sindical en las nuevas relaciones laborales del periodo democrático.
La breve introducción histórica que precede intenta situar hasta que punto el movimiento sindical de éste país se ha amoldado a un armazón legal que apenas ha cambiado en los últimos treinta años en lo relativo a la eficacia de la negociación colectiva y a la capacidad de interlocución de los sindicatos. Otra historia serían los procesos paulatinos de precariedad y deterioro de las condiciones laborales de la clase trabajadora articulados en las sucesivas reformas laborales. Una vez se ha consolidado un mercado de trabajo con importantes déficits sociales, el objetivo de las élites económicas y políticas se dirige hacia la negociación colectiva con la finalidad de flexibilizar aún más la negociación y de contrarrestar el peso de la representación de los trabajadores y con ello toda capacidad de respuesta social.
Desde que estallara la crisis económica los tambores de guerra del neoliberalismo redoblan de manera ensordecedora cuando se trata de plantear una reforma de la negociación colectiva. No en vano, la negociación colectiva es la espina dorsal sobre la que se sustentan las relaciones laborales y en buena medida es la herramienta sindical más eficaz para mejorar las condiciones laborales de la clase obrera. En este sentido, las propuestas de la patronal como también del gobierno central del PSOE, para la reforma de la negociación colectiva persiguen desvirtuar la estructura negociadora actual adaptándola a las necesidades productivas y económicas de las empresas.
Por ejemplo, se propone un modelo salarial supeditado a los beneficios empresariales de manera que se generalicen las cláusulas de retribución variable según la cuenta de resultados de la empresa. Es decir, el modelo Angela Merkel. Pero el problema no radica tanto en la mejora de la productividad sino en el medio para alcanzarla. Creo que el movimiento sindical ya no es reacio a la hora de abordar en las mesas de negociación conceptos como productividad o competitividad. Es más, desde hace años y especialmente desde CCOO se ha remarcado la necesidad de cambiar el modelo productivo y el patrón de desarrollo de la economía española mediante el impulso de políticas industriales activas, de la innovación tecnológica y de la incorporación a nuestro tejido productivo de actividades de un mayor valor añadido. Por el contrario, patronal y gobierno sólo piensan mejorar la productividad desligando las revisiones salariales de la evolución del IPC, rebajando los salarios y en consecuencia empobreciendo el poder adquisitivo de los trabajadores.
El resto de propuestas de la patronal y del PSOE se dirigen al mismo tuétano de la negociación colectiva. El salario depende de la inflación y de la marcha de la economía, es una realidad fluctuante y no se enmarca tanto en una reforma de la negociación colectiva puesto que los criterios salariales se establecen en los acuerdos interconfederales. Pero cuando se propone la supresión de los convenios sectoriales y provinciales a favor de los convenios de empresa ésa sí es una medida que entra de cuajo en el esqueleto de la negociación colectiva a la vez que se está abocando al desamparo a millones de trabajadores españoles. En España el 98% de las empresas tienen menos de 25 trabajadores. ¿Qué grado de capacidad de negociación van a tener el gran grueso de trabajadores que componen las pequeñas y medianas empresas?. Convenios a la carta, esa es la demanda de la patronal. Para ello no duda en fragmentar en diminutos compartimentos estancos la negociación colectiva con el propósito de extirpar el potencial negociador de los sindicatos. Se trata de una propuesta que rompe por la mitad la filosofía establecida hace treinta años en el Estatuto de los Trabajadores respecto al encaje de los convenios en la negociación colectiva. Aunque no es la única.
Otra medida profundamente regresiva que se quiere introducir en la reforma de la negociación colectiva y que quebraría la estructura de negociación de los últimos treinta años es la supresión de la ultra actividad de los convenios colectivos. Es decir, la patronal exige que no se prorroguen automáticamente los convenios a revisar en caso de no llegar a un acuerdo en la negociación de un nuevo convenio. No es difícil suponer que tal premisa conllevaría la prolongación interesada de los procesos de negociación por parte de la clase empresarial y por lo tanto empezar de cero, cargándose así derechos adquiridos en la negociación colectiva.
La patronal propone una reforma en profundidad de la negociación colectiva orientada a cuestionar la propia interlocución de los sindicatos de clase. Es el viento que sopla desde Wisconsin y es el delirio antisindical de un empresariado español que aún no ha realizado su propia transición democrática. En el contexto actual de negociación cabe esperar que corten de raíz las descabelladas apetencias de la patronal. Si bien es cierto que a tenor de la cruzada antisocial emprendida por el gobierno del PSOE en los últimos tiempos no podemos albergar grandes expectativas sobre la actitud que tomarán Zapatero y compañía. En cierto modo, la pelota está en el tejado de los sindicatos. Por ello, sería deseable que se dejaran atrás tacticismos políticos y se enfocará el proceso desde la más absoluta autonomía sindical. No podemos ser ajenos a un sentir cada vez más generalizado entre la población trabajadora española cuando se sitúan a los sindicatos como el salvavidas del gobierno central, un sentimiento que se intensificó en el reciente acuerdo de reforma de las pensiones.
Los sindicatos han de pasar a la ofensiva y si hay que reformar la negociación colectiva hagámoslo para extenderla a ese 20% de los trabajadores que carecen de convenio alguno que regule sus condiciones laborales. Los problemas de estructura y de vertebración de los convenios existen pero son atribuibles en la mayoría de los casos a la patronal por su falta de homogeneidad en la interlocución. Suplir deficiencias propias para acometer una ofensiva en toda regla contra los derechos laborales de la clase obrera y de paso aniquilar la negociación colectiva es un envite que no podemos perder. Nos jugamos demasiado. La negociación colectiva no deja de ser la razón de ser de las organizaciones sindicales y es fundamental preservarla si queremos mantener los derechos y las conquistas sociales que tanto trabajo costaron conseguir. No podemos dejar arrebatarnos nuestro escudo protector, el caparazón de millones de trabajadores y trabajadoras. Es la negociación colectiva, estúpidos.
Pedro Luna Antúnez.