Recortes sociales en Europa: Las Odiseas de Papandreu y Zapatero

Adjunto artículo que he redactado para el número de junio de Nou Treball.

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Tarde o temprano tenía que suceder. Aconteció el pasado 12 de mayo cuando el presidente del gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, se desprendió de la careta del talante y del izquierdismo de postal para anunciar el plan de recortes sociales más duro que recuerda la historia reciente española. Se ha demostrado que Zapatero es sólo un gestor al servicio del gran capital y del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo éste último que ha emprendido una autentica ofensiva contra la protección y el gasto social en países con un elevado déficit público. Semanas antes de anunciar Zapatero su plan de recortes sociales, las directrices del FMI ya eran claras e inequívocas: estados como España, Portugal o Grecia deberían rebajar los sueldos y reducir el gasto social si querían ser competitivos y sanear las cuentas públicas. Así lo manifestaba el economista jefe del FMI, el francés Olivier Blanchard en una entrevista al diario económico “Les Echos”, referencia mediática e ideológica de la “intelligentsia” neoliberal francesa y europea.

Como bien sabemos, el primer aldabonazo del FMI se produjo en Grecia mediante el anuncio a finales de abril del primer ministro, el también socialista Yorgos Papandreu, de acometer un brutal plan de recortes sociales con el objetivo de reducir el déficit público, el cual se sitúa actualmente en el 12,7% del PIB, siendo el objetivo rebajarlo hasta el 2,8% en 2012. Y lo que asemejaba más a una tragedia griega, Yoryos Papandreu lo tiñó de poema épico. Así, el anuncio lo realizó el primer ministro griego desde una paradisíaca isla del Egeo en un discurso repleto de referencias literarias a La Odisea de Homero y extrapolando la situación de la economía griega al difícil camino de regreso a Itaca del héroe Ulises, habló de grandes sacrificios y del churchiliano “sangre, sudor y lágrimas”.

Para ello, el gobierno griego en sintonía con el FMI y la Unión Europea ha decretado una serie de medidas de reducción del gasto público en 30.000 millones de euros que pasan por el retraso de la edad de jubilación femenina de los 60 años actuales a los 65 años, la supresión de dos pagas extras a los pensionistas que rebasan los 2.500 euros mensuales, la congelación de la paga para el resto de pensionistas durante los tres próximos años y la ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión, que pasará ser de toda la vida laboral. En cuanto a la función pública, Papandreu anunció una rebaja salarial en torno al 10%, la supresión de dos pagas extras a los funcionarios que cobran por encima del umbral de los 3.000 euros mensuales y la paralización de las contrataciones en el empleo público. En materia de ingresos, el gobierno griego aumentará la presión fiscal con una nueva subida del IVA del 23%, incrementará hasta el 10% los impuestos especiales sobre los combustibles y propiciará un proceso de privatizaciones al poner a la venta empresas de propiedad pública. Por el contrario, para el sector financiero los sacrificios no serán los mismos puesto que el gobierno griego inyectará más de 17.000 millones de liquidez a la banca y creará un fondo para evitar operaciones especulativas sobre las acciones en bolsa de las entidades bancarias. Finalmente, el gobierno griego anunció asimismo una reforma regresiva del mercado de trabajo basada en la rebaja de la indemnización por despido, la adecuación de un nuevo salario mínimo para jóvenes y parados de larga duración y la supresión de la prohibición de despedir a más de un 2% de la plantilla de una empresa en el periodo de un mes.

Las antisociales y severas medidas del gobierno de Papandreu fueron contestadas con la convocatoria de un reguero de huelgas generales por parte del movimiento sindical griego. A día de hoy ya son cinco las huelgas generales realizadas en Grecia en lo que va de año. Y no les falta razón a la clase trabajadora griega cuando resulta que su país ha sido el “conejillo de indias” que ha utilizado el FMI para poner en práctica sus antídotos contra el déficit público, que no dejan de ser las viejas fórmulas ultraliberales, es decir, recorte del gasto público y de la protección social , rebaja de los salarios, de las pensiones y de los subsidios por desempleo, aumento regresivo de la presión fiscal y una mayor flexibilidad del mercado de trabajo, abaratando las indemnizaciones por despido y precarizando las condiciones y los derechos sociales del asalariado.

Pues bien, parece ser que la deriva antisocial del gobierno griego y la soga del FMI han llegado a nuestros lares. Ya decía el presidente del FMI, Dominique Strauss-Kann, durante una reunión del Comité de Bretton Woods celebrada en Washington, que el FMI debía convertirse en el “inspector financiero del orbe”. Y en esa especie de imperialismo financiero del FMI, después de Grecia le tocaba el turno a España. El objetivo, al igual que Grecia, consistía en reducir el déficit público a expensas del gasto social. En este sentido, el FMI no improvisa ni sorprende con propuestas alternativas sino que aplica su libro de estilo a rajatabla, línea por línea y sin concesiones de ningún tipo. Más que salvar las finanzas de los países, estrangula y ahoga el crecimiento económico a la vez que desahucia e hipoteca el porvenir social de millones de trabajadores y trabajadoras. Porque de asfixia económica podemos calificar el préstamo de 30.000 millones de euros concedido a Grecia a un interés del 5%, para pagar la deuda con la banca internacional. Ya lo dejó escrito Marx hace ciento cincuenta años: “se ahogaron en las gélidas aguas del cálculo egoísta”.

En España, con un gobierno temeroso de acabar como Grecia, Zapatero ha terminado asumiendo sin rechistar las imposiciones del FMI y por lo visto también las de Barack Obama, quien en un alarde de paternalismo político sin precedentes, acabó de convencer y de guiar al presidente español respecto al camino que había de emprender. Así, el 12 de mayo, un día después de la conversación telefónica entre Obama y Zapatero, éste último anunciaba un plan de recortes sociales para hacer frente al déficit público español, situado en 2009 en el 11,4% del PIB. Afortunadamente, y al contrario de su homónimo Papandreu, Zapatero no recurrió a la épica nacional y se abstuvo de presentar el plan en el monasterio del Escorial o de aderezar la comparecencia con citas del Quijote. Sea como fuera, el plan de Zapatero es tan regresivo y antisocial como el de Papandreu.

En síntesis, el plan de Zapatero recoge los ejes centrales del plan de ajuste griego, cargando sobre el gasto público la reducción del déficit público y centrándose en dos colectivos concretos, los funcionarios y los pensionistas. A los primeros se les aplica una reducción salarial del 5% de media en 2010 y la congelación salarial en 2011. Respecto a los segundos, el gobierno suspende la revalorización de las pensiones en 2011, excluyendo de la medida las pensiones mínimas y las no contributivas. Al mismo tiempo, se suprime el régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la ley 40/2007, una de las pocas vías en los últimos años de creación de empleo juvenil y de acceso a la jubilación parcial. Otros ámbitos de actuación del plan de Zapatero se concretan en torno a la protección social, al eliminar el carácter retroactivo de las ayudas por la ley de dependencia y suprimir a partir de 2011 la ayuda de 2.500 euros por maternidad. Finalmente, entre 2010 y 2011 el gobierno aplicará un recorte de 6.045 millones de euros en la inversión pública estatal así como una reducción de 600 millones en la ayuda oficial al desarrollo.

Con el plan de ajuste, el gobierno ha anunciado que prevé un ahorro de 15.000 millones de euros entre 2010 y 2011. Sin embargo ignora o prefiere no cuantificar el coste que tales medidas provocarán en la destartalada economía española, en los índices de crecimiento, en el consumo y obviamente, en la creación de empleo. Sin más, el gobierno central del PSOE se ha alineado con el gran capital y con los intereses de la poderosa banca internacional. Es decir, una vez más un gobierno del PSOE hace prevalecer los intereses de la clase empresarial. Y si bien el gobierno español, a diferencia del gobierno griego, aún no ha aplicado una reforma laboral por decreto, no parece ser que la actitud sea la más propicia para llegar a un consenso social con las organizaciones sindicales. A pesar de ello, el diálogo social aún está abierto y ello es seguramente lo que nos separa de Grecia, donde el gobierno sí ha reformado el mercado de trabajo al margen de los sindicatos. En cualquier caso, los objetivos de fondo tanto de Zapatero como de Papandreu son los mismos, el sacrificio de la clase trabajadora a cambio de mantener los privilegios y el bienestar de los más poderosos.

Es una vieja ley que remonta sus orígenes a esa época clásica que glosaba Yoryos Papandreu. Porque la dicotomía entre gasto y ahorro del erario público sitúa en realidad posiciones ideológicas bien antagónicas desde hace siglos. Como botón de muestra, quisiera rematar el presente artículo con una reflexión que el viejo reaccionario Cicerón realizó en el año 55 a. de C. y que dice así: “El presupuesto tendrá que estar equilibrado, el tesoro tendrá que volver a estar lleno, la deuda pública tendrá que reducirse, la arrogancia de la burocracia tendrá que ser atemperada y controlada y la ayuda a las tierras extranjeras tendrá que eliminarse para que Roma no entré en la bancarrota. El pueblo debe otra vez aprender a trabajar en vez de vivir de la asistencia”.

Es decir, la historia se repite una vez más.

Pedro Luna Antunez.

Análisis sobre la situación social y económica

Artículo publicado en Rebelión.

La actual coyuntura económica y social es ciertamente dramática. Desde que se iniciara la crisis, ha sido exclusivamente la clase trabajadora la que ha pagado las consecuencias de una situación provocada por el gran capital, por quienes tras años de especulación financiera e inmobiliaria desmedida han provocado un estado de bancarrota de la economía española. La crisis, aún habiendo tenido una transcendencia internacional, ha chocado frontalmente con la débil y precaria estructura económica del Estado español. No podía ser de otra manera cuando el patrón de crecimiento económico en la última década se ha basado esencialmente en la especulación inmobiliaria y en los servicios de bajo coste.

Los respectivos gobiernos tanto del Partido Popular como del PSOE han edificado un modelo económico frágil, escasamente productivo y orientado hacia el beneficio rápido. Al mismo tiempo, tal modelo económico ha consolidado un mercado de trabajo de naturaleza precaria con altas tasas de temporalidad y de siniestralidad, abuso de las horas extras, fraude empresarial en materia contractual y de la seguridad social, etc. Con ello, si bien entre 1999 y 2006 los beneficios empresariales aumentaron en un 73%, la clase trabajadora apenas vio mejorar sus condiciones laborales, sino más bien todo lo contrario. Por ejemplo, entre 1995 y 2005 la clase obrera española perdió poder adquisitivo, en torno a un 4% menos. Por otro lado, en los últimos veinte años la temporalidad laboral apenas se ha movido de la franja del 30% y las medidas adoptadas para paliar tan elevado índice han resultado ineficaces y en ocasiones contraproducentes para los intereses de la clase trabajadora. Es decir, el ciclo de crecimiento económico de finales del siglo anterior y principios del actual no generó riqueza real ni bienestar social para el conjunto de la clase trabajadora. En época de crecimiento se privatizaron los beneficios. En la actualidad, son las pérdidas las que se socializan.

Es por ello que los procesos y las dinámicas actuales no son casuales y con anterioridad a la crisis, el mercado laboral español ya presentaba los déficits en cuanto a precariedad y temporalidad que han provocado el desplome y la destrucción de empleo posterior. La insuficiencia del Estado del bienestar y de la protección social en España no son consecuencia de la crisis sino una de las causas de la misma. Ya en febrero de 2005 el Sector Crítico de CCOO alertaba en un estudio sobre la “desconvergencia” que se estaba produciendo con respecto a la Unión Europea en materia de gasto social. En este sentido, el ciclo expansivo de la economía española que se había iniciado en 1995 no se aprovechó para mejorar la protección social y acercarnos a Europa sino que la tendencia había sido la inversa. El gasto en protección social representaba en España el 24% del PIB en 1993 y en la Unión Europea el 28,8%. Por lo tanto, el diferencial era de 4,8 puntos. Pues bien, en 2000 el gasto social en España era del 20,1% y aunque el gasto de la Unión Europea se había reducido a un 27,3%. El diferencial había aumentado hasta los 7,2 puntos.

La propaganda neoliberal del déficit cero se había fraguado mediante una drástica reducción del gasto social en un contexto de crecimiento económico. En paralelo, se había utilizado de manera escandalosa el superávit de la Seguridad Social para cuadrar las cuentas del Estado, tapando el agujero de la reforma fiscal y transfiriendo recursos de la protección social a las rentas más elevadas. Por otra parte, la economía no crece de manera infinita sino que depende de los ciclos y de las fluctuaciones del mercado. Esa es una ley básica de la economía que parecieron obviar las élites del neoliberalismo. La crisis que vendría después no haría sino agudizar los problemas estructurales de la economía española y su fragilidad desde el punto de vista social y de empleo.

La destrucción de empleo es sin duda actualmente el mayor problema que afecta a la economía española y al conjunto de la clase trabajadora de nuestro país. Y el problema se hace aun más grande cuando la protección social es insuficiente para hacer frente a las necesidades de subsistencia de los desempleados y a las crecientes bolsas de pobreza. Un país que apenas gasta en protección social el 20% del PIB no puede afrontar en condiciones la mejora de las ayudas al desempleo, teniendo en cuenta además que el problema del desempleo en España es estructural y no obedece exclusivamente a la evolución de la economía.

Podríamos afirmar que el desempleo caracteriza el modelo económico español y que forma parte del mismo como uno de sus rasgos más visibles. Es cierto que el desempleo ha aumentado a causa de la crisis pero con anterioridad a la crisis el problema no era precisamente insustancial. No olvidemos que en los últimos quince años la cifra de parados apenas ha bajado de los 2.000.000de afectados llegando a alcanzar los 3.000.000 en fases de crecimiento económico.

En el tercer trimestre de 2008 se produce un punto de inflexión y el desempleo aumenta hacia cuotas históricas, pasando de 2.500.000 de parados a 4.000.000 en apenas año y medio. En una dinámica de socialización de las pérdidas y de sacrificio permanente de los trabajadores y trabajadoras es complicado atisbar a día de hoy cuando remitirá la situación. Los índices no parecen acompañar y en 2010 la destrucción de empleo no sólo no se ha frenado sino que se ha disparado, afectando muy especialmente a tres colectivos tan vulnerables como los jóvenes, las mujeres y la población inmigrante.

En la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año la tasa de desempleo se ha situado en el 20,05% y el número de parados ha alcanzado la cifra de 4.612.700 desempleados, 286.000 más que en el último trimestre de 2009, 602.000 más que hace doce meses y 2.000.000 más que hace un año y medio. Un país que genera 2.000.000 millones de desempleados en 18 meses es un país socialmente desestructurado y que adolece de políticas económicas activas que por lo menos puedan paliar la sangría en cuanto a destrucción del empleo. En tales circunstancias, España es un país socialmente enfermo al que ni siquiera se le administra el tratamiento ni los antídotos apropiados puesto que estos últimos son propuestos por los mismos que han provocado la enfermedad.

Decíamos en líneas anteriores que la protección social en España es insuficiente. En este caso, los intentos por mejorarla han sido infructuosos o cuando menos han significado un brindis al sol. Porque de infructuosa podemos calificar la ayuda de los 420 euros a los desempleados aprobada por el gobierno central el año pasado. Tal ayuda, concedida a los desempleados sin prestación económica desde el 1 de enero de 2009 no sólo es insuficiente desde una perspectiva material sino que además exige unos requisitos que buena parte de los afectados no pueden cumplir. Por ejemplo, la ayuda es incompatible con la percepción de otro tipo de prestaciones sociales o rentas mínimas y requiere no tener rentas superiores a 468 euros, es decir, el 75% del Salario Mínimo Interprofesional. En el momento actual el gobierno central debería plantearse una ampliación de la renta activa de inserción de carácter universal si de verdad aspira a mejorar la situación insostenible de millones de trabajadores y trabajadoras que una vez superado el plazo máximo de prestación del desempleo carecen de ayuda o renta mínima alguna para subsistir. Recordemos que actualmente son ya 1.300.000 las familias españolas que tienen a todos sus miembros en el paro.

Se ha demostrado que las intenciones del gobierno central a la hora de luchar contra la crisis económica y el desempleo son las mismas recetas que propone la patronal. Tales intenciones se han puesto de manifiesto en dos proyectos del gobierno de Zapatero de marcado perfil neoliberal: por un lado, la propuesta de revisión del Pacto de Toledo y del sistema público de pensiones y por otro lado, el documento de reforma del mercado de trabajo presentado por el gobierno el pasado 12 de abril. Con el primero, el objetivo del gobierno es el de iniciar un proceso gradual hacia el empobrecimiento del sistema público de pensiones y reforzar el papel de la previsión social complementaria, aproximándose, así, a un modelo mixto basado en una seguridad social pública débil y de carácter asistencial y en una protección social de iniciativa privada. La raíz neoliberal del proyecto de revisión del sistema de pensiones se caracteriza por situar el debate en torno a los gastos y no en los ingresos, cargando sobre la clase trabajadora el incremento de los ingresos de la Seguridad Social mientras el pasado mes de julio el propio gobierno central planteó una reducción de las cuotas empresariales del 2%.

Retrasar por decreto la edad de jubilación hasta los 67 años y ampliar el periodo de cálculo de cotización exigible para generar una pensión de los 15 años actuales a los 25 años son medidas profundamente antisociales que muestran la verdadera cara de un gobierno aliado con los intereses empresariales. Por ello, fue determinante el éxito de las movilizaciones convocadas por las organizaciones sindicales en toda la geografía española el pasado 23 de febrero en protesta contra la reforma de las pensiones planteada por el gobierno.

Respecto al proyecto de reforma del mercado de trabajo presentado por el gobierno el 12 de abril a sindicatos y patronal, el ejecutivo central persigue una reforma laboral en toda regla con cuatro grandes ejes centrales como objetivos:

- Reducción de las indemnizaciones por despido. El gobierno pretende generalizar el contrato de fomento de la contratación indefinida (indemnización de 33 días) introducido en la reforma laboral de 1997 con la finalidad de reducir los elevados índices de temporalidad laboral. Éste contrato sustituiría progresivamente al contrato ordinario de 45 días de indemnización. En paralelo, el proyecto de reforma contempla la aplicación en España del llamado “modelo austriaco”, consistente en una nueva aportación mensual como indemnización por despido que genere una bolsa propiedad del trabajador resultante de un fondo empresarial pero que se nutre del salario del propio trabajador (en Austria la aportación es del 1,53% del salario bruto). Con tal medida, el gobierno español espera únicamente abaratar el despido pero parece ignorar que el modelo que se aplica en Austria se asienta sobre un Estado social muy superior al español. Por ejemplo, en Austria la tasa de desempleo es del 5% frente al 20% de España y en Austria la prestación por desempleo es indefinida. ¿Pretende también el gobierno del PSOE extrapolar la realidad social austriaca a la paupérrima realidad española o se trata sólo de reducir las indemnizaciones por despido?.

- Ampliación del contrato de formación. Esta medida la justifica el gobierno para mejorar los índices de empleo juvenil pero sin atender a la precariedad que comporta un tipo de contrato exento de los topes salariales pactados en los convenios y que no genera derecho al desempleo ni a la jubilación. El gobierno aspira a incrementar la edad límite para acceder al contrato de formación, pasando de los actuales 21 años hasta los 24 años.

- Supresión de las restricciones a las ETT´S. Mediante el proyecto de reforma, el gobierno afirma su predisposición a eliminar las trabas legales hacia las empresas de trabajo temporal (ETT,S). Por ejemplo, se propone extender las ETT´S a sectores como la construcción donde su implantación era muy limitada. Al mismo tiempo se potencian las empresas privadas de recolocación.

- Mayor flexibilidad en los contratos a tiempo parcial. El objetivo del gobierno en este punto es la desregulación completa de la jornada laboral de los trabajadores contratados a tiempo parcial de manera que las empresas puedan modificar los horarios de trabajo a su antojo y con un mínimo preaviso a determinar y en el que se podrían incluso acordar la aplicación de horas extras.

En definitiva, estamos frente a una reforma laboral profundamente lesiva contra los intereses de la clase trabajadora. La actitud de rechazo de los sindicatos de clase a las medidas del gobierno central obligan a replantear un nuevo escenario y unas nuevas pautas en la mesa del dialogo social. El gobierno ha de cambiar los parámetros de la negociación si pretende llegar a un acuerdo y si de verdad espera acabar con los desajustes sociales y con la destrucción de empleo, ha de encarar la negociación desde una perspectiva social y de impulso de política laborales activas que fomenten la creación de empleo sin perdida de derechos, mejora de la protección social, defensa del sistema público de pensiones, aplicación de políticas fiscales progresivas, etc.

Las 100 propuestas de Izquierda Unida para una salida social de la crisis, presentadas por la organización el pasado mes de febrero son sin duda un gran eje con el que trabajar y proponer alternativas a la ofensiva neoliberal de la patronal y del gobierno. Exigir la causalidad en los contratos temporales, el aumento progresivo del salario mínimo interprofesional hasta un 60% del salario medio o la reducción de la jornada laboral semanal a 35 horas sin merma salarial son propuestas tangibles sobre una base real, la necesidad, por un lado, de controlar la contratación temporal y por otro lado, de mejorar el poder adquisitivo de los colectivos más frágiles. La creación de empleo es sin duda el otro gran reto y para hacerlo hacen falta recursos económicos. Izquierda Unida propone un fondo de 10.000 euros más 1.800 de la Comunidades Autonomías para acometer un plan activo de creación de puestos de trabajo, lejos de la eventualidad del Plan E y de las palabras hueras del gobierno en materia de empleo. La izquierda sindical y política ha de pasar a la acción y ha de hacerlo sin complejos. Es necesario un rearme ideológico desde la izquierda. Un rearme que impulse conjuntamente el diálogo social y la movilización. Se ha puesto de manifiesto que la movilización de los trabajadores y trabajadoras ha supuesto un acicate y una motivación extra para mantener la posición de firmeza de las organizaciones sindicales en la mesa de negociación. Esa es la línea a seguir.

Hace pocas semanas, el profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, Carlos Alfonso Mellado, publicaba en la Fundación 1º de Mayo de CCOO un estudio en el que se afirmaba una gran verdad: la solución a la crisis no es la reforma laboral que “tantas voces acreditadas” demandan con gran ahínco y no lo es porque la crisis no tiene su origen en el mercado de trabajo sino en un colapso de los mercados financieros internacionales (y en el caso de España, en el estallido de la burbuja inmobiliaria y a causa de un modelo productivo basado en sectores muy vulnerables). Por lo tanto, la alternativa no está en la reforma de ese mismo mercado de trabajo y menos aún si la reforma se asienta en abaratar el despido o en flexibilizar aún más las relaciones laborales en el marco de la empresa.

En cualquier caso y a la vista de la coyuntura actual, el gobierno central parece ignorar la situación de precariedad laboral y social millones de ciudadanos y ciudadanas. El reciente anuncio del gobierno de realizar un ajuste que afectará al salario de los funcionarios, a las pensiones y la futuro de la prestación por maternidad suponen un duro golpe a un Estado social y del bienestar ya de por sí frágil. En concreto, el gobierno aplicará en 2010 una reducción salarial del 5% y la congelación del sueldo en 2011 en la función pública. Así mismo, en 2011 se congelará la revalorización de las pensiones, excepto las no contributivas y las mínimas, a la vez que se suprimirá el régimen transitorio de la jubilación parcial. Además se eliminará el carácter retroactivo de las ayudas de la ley de dependencia y en 2011 se suprimirá la ayuda de 2.500 euros por maternidad. Por último, el gobierno reducirá en 6.045 millones de euros la inversión pública estatal entre 2010 y 2011, periodo en el que también se aplicará un recorte de 600 millones en la ayuda oficial al desarrollo. Es decir, más jarabe de palo contra la clase trabajadora. Frente a ello, no nos queda otra salida que manifestar nuestro rechazo, salir a la calle en el contexto de una movilización general y recuperar el diálogo social desde la exigencia de dar una salida a la complicada situación que atraviesan millones de ciudadanos y ciudadanas. La respuesta de las organizaciones sindicales y políticas ha de ser contundente y para ello se han de preparar las condiciones, despojándose de ciertas rémoras y aspirando a algo más que gestionar los efectos de la crisis. Y lo diremos cuantas veces haga falta: que la crisis la paguen quienes la han provocado. Mientras no se resuelva tal necesidad, el conflicto social estará servido.

Pedro Luna Antúnez.