Volveremos

Barcelona, 10 de marzo, domingo por la mañana, manifestación convocada por la Cumbre Social. Un liberado dosmileurista se pregunta dónde están los seis millones de parados. Otro liberado, en este caso tresmileurista, le contesta que siempre se echan a la calle los mismos. Que aún así, volverán dentro de seis meses porque ellos llevan indignados toda la vida. No como otros. Pues eso, volverán. O volveremos. Volveremos a manifestarnos por el centro de la ciudad. En defensa de un Estado del bienestar que ya no existe y a favor de unos servicios públicos que han sido privatizados. En contra del paro y de la corrupción. Si lo hubiésemos dejado en una manifestación “contra el Régimen” habríamos matado a tres pájaros de un tiro. Pero ni con esas. Volveremos a enarbolar nuestras banderas de plástico y volveremos a exigir la convocatoria de un referéndum. O la reanudación del diálogo social. Es nuestra cumbre social, la que se abre a los nuevos movimientos sociales. Ja. Volveremos a pasearnos. No a cuerpo; pues ni vivimos ni anunciamos algo nuevo. Volveremos a caminar a paso de procesión; como los beatos de misa diaria. Es la manifestación de los fieles. La del club. Un paseo de tres cuartos de hora. Luego volveremos a tirar las banderas de plástico en la primera papelera que veamos. Volveremos a tomarnos unas cañas. Volveremos a casa con algo de prisa. Es domingo y toca paella. Volveremos el lunes al trabajo y a la vuelta volveremos a ver las colas en el comedor social, a escasos metros de la sucursal de una entidad bancaria. De la misma que desahucia y deja sin hogar a los que hacen cola. Volveremos a pensar en clave de 2007. Volveremos a reproducir las luchas de poder de los últimos treinta y cinco años cuando hoy la única división real es quién es régimen y quién no. Volveremos a creer que seguimos viviendo en una democracia y que los trabajadores siguen disfrutado de los derechos sociales que nuestros mayores consiguieron tras años de luchas ejemplares. Volveremos a proponer nuevos modelos productivos y políticas industriales activas. Como un disco rayado. Volveremos a naufragar cuando suban las mareas; esas mismas mareas que nos pasarán por encima, arrolladoras, importantes, poderosas. Las mareas incrustan la arena en la roca. Agrietan los diques de contención del Régimen. Volveremos a afirmar que no vivimos tiempos de revolución sino de resistencia. Pues sigamos resistiendo hasta que nos comamos las cáscaras de los plátanos. Volveremos a exigir una reforma constitucional. La piden incluso aquellos que no se han leído El Gatopardo. Lampedusianos sin saberlo. Volveremos a hacer grandes análisis de la realidad. De nuestra realidad, claro. No de la realidad de los que se quedan sin casa. Sin curro. Sin futuro. No de la realidad de la periferia, de la que vive bajo el umbral de la pobreza. De la que busca comida en los contenedores de basura. Esa realidad no. No vaya a ser que lleguemos a una conclusión incómoda: que en pocos años el Capital se ha cargado décadas de conquistas sociales. Quizás así despertemos del prolongado sueño de la socialdemocracia y caigamos en la cuenta de una verdad irrebatible: donde antes habían derechos ahora sólo hay precariedad y donde antes existía una clase obrera ahora existen miles de clases obreras desestructuradas que subsisten algunas de ellas bajo condiciones de extrema pobreza. Pero cuando caigamos en la cuenta, volveremos. Esta vez sí. Y seremos millones.

Pedro Luna Antúnez.

La Cataluña posnacionalista

Parafraseando al replicante Roy Batty, yo he visto cosas en Cataluña que vosotros no creeríais. Hubo una época en la que los debates políticos eran de cierto nivel. Aunque parezca mentira existían voces críticas. Contábamos, por ejemplo, con una serie de publicaciones teóricas de gran altura; algunas de ellas de Partido como Treball y Nous Horitzons, otras afines como Mientras Tanto y El Viejo Topo, y otras más apegadas a la tradición libertaria catalana como Ajoblanco. Es decir, había una élite cultural de izquierdas de peso. Uno de nuestros analistas más lúcidos fue Manuel Vázquez Montalbán. Manolo, para los amigos. Leer hoy en día sus artículos, plenamente vigentes, no sólo son un bálsamo para los tiempos que corren sino una guía para entender el presente.

En febrero de 2000, Vázquez Montalbán escribió un artículo en El País con un título casi profético: Hacia el posnacionalismo. Según el autor de Los mares del sur, el neonacionalismo pujolista consolidó su hegemonía social y cultural a raíz del fracaso del socialismo real. Posiblemente, la URSS no fuese el paraíso terrenal del proletariado. Pero su caída provocó, entre otros efectos, la sustitución el imaginario de la lucha de clases por el nacionalismo. En Cataluña el nacionalismo de derechas supo aprovechar la debilidad de la izquierda para integrarla en un nacionalismo interclasista en la forma pero con un componente esencialista muy profundo en el fondo. Algo, como es obvio, ajeno a la tradición internacionalista, laica y republicana de la izquierda. Vázquez Montalbán ya vislumbró con la maestría que le caracterizaba la llegada del posnacionalismo. Del nacionalismo después del nacionalismo. 13 años después de la publicación de su artículo podemos afirmar con rotundidad que el posnacionalismo ha triunfado en Cataluña. Lo ha conseguido con la ayuda inestimable de la izquierda. Con solemnidad y pompa histórica. Como si hubiesen hallado el Santo Grial. Ya sabemos que el nacionalismo siempre se alimentó de cierto romanticismo.

Nacionalistas (re)escribiendo la historia. Peligro. Los nacionalistas de un signo o de otro tienen la costumbre de mangonear la historia a su antojo. La historia buena es aquella que sirve para sus intereses. Si es necesario se la inventan. O la idealizan cual fábula medieval. Leyendo el preámbulo la declaración soberanista aprobada hace unos días por el Parlamento de Cataluña, uno tiene la impresión de no estar leyendo una declaración sobre el legítimo derecho a decidir de los pueblos sino un relato épico sobre las esencias de la nación aderezado con instituciones seculares, cortes medievales y guerras de sucesión. Como si pudiéramos trazar sin más una línea recta entre la Cataluña del siglo XI y la del siglo XXI. Si tanto nos apasiona el ideal caballeresco acudamos a la literatura y leamos el Cantar de Mio Cid o Tirant lo Blanc. Pero dejemos de hacer política pensando en las revueltas nobiliarias de hace diez siglos.

¿Derecho de autodeterminación? Claro que sí. La izquierda siempre ha defendido el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro. Recordemos que durante el franquismo muchos comunistas del PSUC, algunos de ellos andaluces, aragoneses o castellanos, se jugaron la vida por defender las libertades de Cataluña mientras la burguesía catalana estrechaba la mano del dictador y se llenaba los bolsillos. Lo que jamás hizo la izquierda fue amparar discursos metafísicos sobre la nación. Aquella izquierda, heredera de la Segunda República y forjada en la lucha contra la dictadura, sabía muy bien cuál era la clase de sociedad a la que aspiraba. Una sociedad que en ningún caso respondía a parámetros identitarios o estéticos sino que surgía de la necesidad de garantizar los derechos más básicos a la población. Luchaban por la plena libertad, la igualdad y la justicia social. Aspiraban a un nuevo catorce de abril.

Pedro Luna Antúnez.

El fin del mundo

Recuerdo la primera vez que escuché hablar a alguien en catalán. Corría el año 1981 y yo estudiaba 3º de EGB en un colegio público de Hospitalet de Llobregat. El primer día del curso se presentó una joven maestra con unas gafas enormes de cristal redondo y empezó a dar la clase en catalán. Yo tenía ocho años y hasta entonces nadie me había hablado en catalán. Aquel día apenas pude seguir el hilo de la clase. Sin embargo, a las pocas semanas ya llamaba “senyoreta” a la maestra. No fui el único en aprender catalán en la escuela. Para millones de catalanes como yo, cuya lengua materna es el castellano, la escuela fue el vínculo gracias al cual aprendimos la lengua del poeta Martí i Pol. Los idiomas se pueden aprender en la escuela y en la calle. No fue mi caso. Yo, que crecí en un barrio castellanohablante, sólo tuve la escuela. Es posible que me deje llevar por la nostalgia hacia ese mundo de realismo mágico que es la infancia. Pero 31 años después sólo tengo palabras de agradecimiento hacia la escuela de mi infancia y hacia la “senyoreta” de las gafas grandes a quien jamás olvidaré.

No me interesan conceptos como la soberanía o la identidad nacional. Sí me interesa el entorno en el que vivo. La identidad me la dio el barrio en el que crecí y el pueblo de Córdoba del que proceden mis padres. Es la misma identidad que pueda sentir alguien que se haya criado en Vallecas y cuyos padres emigraron desde Extremadura al Madrid de los años 60. No es un sentimiento identitario en lo nacional sino en lo social. Son las clases sociales. Tan ignoradas como desconocidas por nuestros políticos, incluyendo a algunos que dicen ser de izquierdas. Quizás la ocurrencia de Paco Vázquez, alcalde socialista de La Coruña entre 1983 y 2006, de comparar la inmersión lingüística en Cataluña con la Alemania Nazi pueda quedar en un mero traspiés dialéctico debido al desconocimiento de una realidad social determinada. Uno más de esos apoltronados que tenemos por dirigentes. Pero cuando se afirma que “no hay diferencia entre un judío perseguido por los nazis y un niño catalán castigado por hablar español” se está evidenciando una indecencia moral y una indigencia intelectual difícilmente asumibles.

En Paseos con mi madre, Javier Pérez Andújar escribía que “antes de sentirse de ningún país, patria o nación, pertenece a la internacional de los bloques”. Un sentimiento similar sentirá David Reboredo, un extoxicómano gallego a quien el gobierno ha denegado dos veces el indulto pese a estar plenamente rehabilitado. David creció en el barrio obrero de El Calvario, en Vigo. Cayó en las drogas en la década de los ochenta como otros tantos jóvenes de su generación. Hace trece años emprendió un programa de desintoxicación pero entre 2006 y 2009 cometió algún que otro pequeño delito relacionado con el consumo de drogas; le incautaron medio gramo de heroína y fue condenado a siete años de prisión. Su caso contrasta con la facilidad que han exhibido los gobiernos del PSOE y del PP para indultar a estafadores y corruptos de guante blanco. La estadística habla por sí sola: en España se han concedido desde 2000 un total de 226 indultos por delitos contra la administración pública. A modo de ejemplo, 25 indultos fueron por casos de prevaricación, 107 por malversación de fondos públicos y 16 por cohecho. A David le engancharon con una papelina. No es una cuestión de justicia sino de ricos y pobres.

“Crecimos en el gueto del fin de la historia” escribe Silvia Nanclares, joven escritora de Moratalaz, en El Sur: Instrucciones de uso. Moratalaz es un distrito de Madrid delimitado por un enjambre de autopistas; la M-30 al oeste, la M-40 al este, la A-3 al sur y la M-23 al norte. Las “ciudades dormitorio” son nuestra identidad. Esa identidad que tan bien describe Silvia Nanclares: Hablo de buzones idénticos con Gómez-García, González-Crespo, Jiménez-Blanco, de tardes completas sentados en un bordillo, de motos robadas, de chabolas en badenes, de casas prefabricadas donadas a gitanos, de vías muertas y charcos gigantes que, como partículas de carbono 14, desmentían el placebo de la Ahistoria para decirnos al oído: "Pues no, niños, lo que veis ahora no siempre fue así". Hospitalet, El Calvario y Moratalaz son para algunos el fin del mundo. Nuestros políticos, jueces o periodistas no crecieron en esos barrios y ciudades, ni los conocen ni se esfuerzan lo más mínimo por echar un vistazo y recorrer sus calles. Supongo que es más cómodo observar el mundo desde una torre de marfil.

Pedro Luna Antúnez.

Crimen y castigo

Si existe una sociedad donde la separación entre lo oficial y lo real es cada vez más profunda ésa es la catalana. En los últimos treinta años medios de comunicación como TV3 o La Vanguardia nos han dibujado una Cataluña monolítica y casi de postal, como arrancada de las páginas de L´auca del senyor Esteve de Santiago Rusiñol, ese canto del cisne literario de la burguesía catalana de principios del siglo XX. Pero Cataluña es algo más que una comedia modernista. Es posiblemente la realidad política más compleja de España. Muy por encima del País Vasco donde las posiciones son más claras y extremas. Donde apenas caben cuatro fuerzas políticas delimitadas por la cuestión nacional.

En Cataluña caben los matices y la transversalidad. Incluso la ambigüedad. Si a ello le añadimos una población social y políticamente diversa no es casualidad que en el Parlament de Catalunya hayan entrado hasta siete fuerzas políticas que responden a su vez a siete tradiciones políticas bien asentadas. Siete que se convierten en nueve si partimos por la mitad dos coaliciones como CiU e ICV-EUiA. La izquierda va desde la socialdemocracia hasta la izquierda independentista pasando del ecosocialismo a la izquierda comunista. No menos atomizado es el eje nacional. Desde el nacionalismo español y el regionalismo democristiano hasta el independentismo pasando por el nacionalismo conservador y de un federalismo a otro: el asimétrico y el republicano. Incluso el españolismo presenta el hecho diferencial de Ciutadans en lugar de una UPyD que ha vuelto a fracasar en Cataluña al obtener menos votos que el PACMA o el Partido Pirata.

Pero olvidémonos de la aritmética y de los bloques nacionales. Se podrán hacer las cábalas que se quieran y sumar a unos partidos u otros dependiendo de su grado de afección a la patria. Ésa no es la clave. Lo será para vender periódicos y marear la perdiz. La clave es otra: el 25 de noviembre la Cataluña real vapuleó a la oficial. La Cataluña de los Yayoflautas de Bellvitge y la de las plataformas contra los desahucios derrotó a la de Felip Puig, Boi Ruiz y Felix Millet, a la Cataluña de las balas de goma, la corrupción y los recortes en sanidad. La otra gran derrota afectó a los imperios mediáticos. El talegazo de CiU pone de relieve el fracaso de una opinión pública institucionalizada hasta el tuétano. Cavernas mediáticas, expresión utilizada en Cataluña para referirse a la prensa madrileña, las hay en Madrid y en Barcelona. Decía Antonio Gramsci que un diario con 800.000 lectores es un partido político. En Cataluña hay un diario que supera con creces esa cifra: La Vanguardia. La cabecera del Grupo Godó es el ejemplo más paradigmático de la simbiosis entre los medios catalanes y el poder político en Cataluña. Su campaña de exaltación nacional iniciada tras la pasada Diada llegó a adquirir tintes de teatro del absurdo. No fueron los únicos por mucho que ahora otros traten de pescar en aguas revueltas.

Dos años de guerra declarada a la clase trabajadora no podían caer en el olvido. No puede haber crimen sin castigo. Especialmente para CiU. Aunque también para el PP y para un PSC-PSOE a la deriva. No dejan de ser los partidos de la Troika. Las políticas de austeridad y la destrucción de empleo han provocado que en Cataluña la tasa de pobreza haya crecido hasta el 30% y que uno de cada cinco catalanes corra el riesgo de engordar la estadística. Los recortes sociales del gobierno de CiU y la reforma laboral del PP, que tan alegremente apoyó CiU, han hecho a Cataluña más pobre. Pensar que ello no tendría incidencia alguna en las elecciones era propio de quien no ve más allá de su micro realidad. La patria mueve a las personas pero no les da de comer.

Las elecciones catalanas han rematado a un cadáver. El avance del independentismo y de la izquierda evidencia la superación del modelo constitucional de 1978. Exceptuando a las momias del bipartidismo, PSOE y PP, la constitución monárquica ya ni seduce ni convence a amplios sectores de la población. No lo hace por una razón muy sencilla; porque ya no sirve para garantizar las necesidades materiales más básicas y porque ha degenerado en una estafa pseudodemocrática. No es de extrañar que crezca el independentismo en Cataluña. Lo ha hecho no sólo en los últimos tres meses. El “sorpasso” de ERC al PSC y la entrada de la CUP demuestra que el auge social del independentismo camina al margen de CiU y que no sólo es producto del mesianismo de Artur Mas. Por último, el buen resultado electoral de ICV-EUiA no puede hacernos olvidar que las elecciones no son el fin sino el medio. El fin es cambiar el sistema. Es la República. Algo que deberían asimilar las direcciones de ICV y EUiA si pretenden seguir remontando el vuelo hasta alcanzar el techo histórico de los 25 diputados que consiguió el PSUC en las elecciones catalanas de 1980. En esta ocasión sólo se podrá hacer desde la unidad y ampliando las alianzas. Recordemos que sólo nueve meses después de las elecciones de 1980 se produjo la ruptura cainita del V Congreso del PSUC. Fue en enero de 1981. En las siguientes elecciones celebradas en 1984 el PSUC perdió 19 diputados y se quedó en 6.

Pedro Luna Antúnez.

Saltarse el guión

Un lugar común de las últimas tres huelgas generales son las reacciones del día después. Tanto a favor como en contra. Que tome nota el gobierno expresan los líderes sindicales. Fracaso sindical titula la derecha mediática. Las reacciones son parte de un guión ya escrito. Tanto es así que incluso algunos ya tenían redactada la crónica con anterioridad al desarrollo de la huelga. Luego se harán llamar periodistas. El caso es que ni el gobierno tomará nota ni la huelga puede haber fracasado cuando la misma prensa ultramontana habla de pérdidas de unos 4.000 millones de euros. Posiblemente ese guión responda a una necesidad: la que tenemos todos de leer aquello que queremos escuchar. Eso sí, capítulo aparte merece una prensa que a poco que rasques deja brotar un fascismo que si bien disimulaba hace algunos años ahora muestra con absoluto descaro.

En ese guión establecido sorprende que desde los sindicatos apenas se analice una realidad social que por sí sola puede condicionar el éxito o no de una huelga general. Igual más de uno se sorprende pero resulta que no todos los trabajadores cobran 1.500 euros mensuales. Ni siquiera la mitad. Son millones los trabajadores que aún apoyando la huelga no pueden hacerla. En primer lugar porque perder el salario de un día puede provocar que dejen de pagar el alquiler de su vivienda o que pasen hambre. En segundo lugar porque sobre ellos pesa la losa del despido sólo por el mero hecho de ejercer el derecho a la huelga. No es un fenómeno nuevo. Uno de cada cuatro españoles viven bajo el umbral de la pobreza. Pero no sólo los desempleados sufren condiciones de miseria y penuria. Por ello es necesario repensar la huelga general desde un punto de vista organizativo.

Se echan en falta voces que hablen de recuperar las cajas de resistencia sindicales. Muy pocos o casi nadie lo han hecho salvo honrosas excepciones. La de Don Jesús, por ejemplo, quien posee el don de la anticipación. Ahora bien, la pelota está en el tejado de las direcciones sindicales y son ellas las que tienen que dar el paso. De lo contrario se correría el riesgo de desvirtuar una herramienta tan poderosa como es la huelga general. Aunque sólo sea por evitar situaciones profundamente injustas no podemos caer en el error de no saber diferenciar entre un trabajador que se presenta en el piquete de la empresa con su Audi A3 dispuesto a trabajar “porque le sale de los cojones” y una cajera del Día que no hace huelga coartada por el régimen laboral de semiesclavitud al que está sujeta. En el primer caso un insulto como el de “perro esquirol” forma parte del juego. Sin embargo, observar en el segundo caso como alguien con trabajo fijo y un salario medio de 1.900 euros mensuales le dedica tal ofensa a una cajera con contrato eventual que gana 600 euros mensuales es cuando menos sonrojante.

Sería preciso que de cara a próximas huelgas, ya sean generales o sectoriales, alguien proponga saltarse el guión de las anteriores. No podemos dejar desamparados a millones de trabajadores y esperar de ellos un acto de martirio y heroísmo. Quizás la solución radique en hacer progresivas las cuotas de afiliación sindical según el nivel de rentas u organizar campañas de financiación colectiva para crear un fondo de resistencia que llegada la convocatoria de una huelga sirva para aliviar las extremas dificultades que padecen los más precarios. Por lo menos cabe esperar la solidaridad de aquellos que disfrutamos de una situación laboral más digna y estable. Esa es la idea, compañeros.

Pedro Luna Antúnez.

Sobran manifiestos y catedrales que nos iluminen

Federalistas tan “ilustres” como Carlos Solchaga y Mario Vargas Llosa firman hoy en "El País" un manifiesto de intelectuales y profesionales a favor de una España federal frente la oleada soberanista de Artur Mas. Después de leer detenidamente el texto pienso que se ha desperdiciado una gran oportunidad para confrontar el debate identitario en Cataluña desde una perspectiva federal, republicana y democrática. Eso dicho de manera diplomática. Siendo menos suave diría simplemente que no se enteran. Porque si ése es el servicio que nos prestan los firmantes del manifiesto a aquellos que en Cataluña defendemos un Estado federal, mejor que se abstengan la próxima ocasión. Así lo ha expresado el maestro López Bulla en un breve pero acertado artículo. Un manifiesto que pretendía ser hermano del publicado en Cataluña hace unas semanas no deja de ser un mal remedo del anterior y ya sea por omisión o por desconocimiento de la realidad catalana, tropieza una y otra vez en lugares comunes y en la defensa de un marco político y jurídico que es precisamente donde se halla la raíz del problema.

Primer error. Hablar de federalismo y defender la Constitución de 1978. ¿Acaso proponen los firmantes una monarquía federal?. Ante tal disparate no podemos sino reaccionar con perplejidad y esbozar una sonrisa burlona a la vez. Ya no hay dicotomía posible. España será republicana o no será. Es el único encaje político que puede hacer confluir en un proyecto común a las diferentes realidades nacionales que conforman este país. El manifiesto en ningún momento cuestiona el régimen actual. Ni emplaza a transformarlo. Por no cuestionar, ni siquiera se hace la más mínima crítica a las políticas de recortes sociales del gobierno central del PP ni se rechaza la eclosión del nacionalismo español con el fin de tapar bajo la bandera monárquica la miseria social que padece actualmente España. Como es obvio, tampoco se cuestiona la monarquía. 

Segundo error. Reducir la oleada soberanista en Cataluña a CiU. Es cierto que CiU ha intensificado su perfil más nacionalista en los últimos meses. Lo ha hecho de manera interesada y con el propósito de borrar de un plumazo dos años de gobierno caracterizados por continuos hachazos contra los derechos sociales y los servicios públicos. Ahora bien, nos equivocaríamos si pensáramos que el millón y medio de catalanes que se echaron a la calle el 11 de septiembre eran en su totalidad votantes o simpatizantes de CiU. Artur Mas lo único que ha hecho ha sido subirse a una ola y en cierto modo hegemonizarla. Pero ésa es una ola que lleva años fraguándose desde plataformas y movimientos sociales en Cataluña. Podremos colocarnos una venda en los ojos e ignorar la realidad. Pero la realidad objetiva nos dice que en Cataluña el independentismo ha ganado base social y lo ha hecho al margen de CiU e incluso de los partidos de corte tradicional.

Tercer error. El manifiesto es parcial y recurre en exceso a los clichés políticamente correctos. Aún estando de acuerdo con algunos párrafos me resulta difícil creer la visión tan idílica y paternalista que transmite el manifiesto. Es verdad que desde ciertos sectores del nacionalismo catalán se tiende a engordar el victimismo y se aviva un sentimiento de rencor en contraposición con la supuesta catalanofobia existente en el resto de España. Pero hablemos claro. Tampoco los catalanes son recibidos con globos y serpentinas una vez cruzan el Ebro. Ya se han encargado algunos prohombres del nacionalismo español más rancio de que no sea así. Ahora se trata de traspasar esa perversa red tejida por ambos nacionalismos y desbaratar cualquier atisbo de fomentar el enfrentamiento entre los pueblos. En fin, que sobran manifiestos y catedrales que nos iluminen.

Pedro Luna Antúnez.

Como decíamos ayer

Los sindicatos han convocado oficialmente una huelga general para el próximo 14 de noviembre. Era de esperar y así lo intuíamos desde hace algunas semanas. Es la huelga europea, o mejor dicho, la huelga de los países más maltratados por las políticas de jarabe de palo aplicadas por el triunvirato formado por el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. La huelga se realizará al unísono en España, Portugal, Grecia, Malta y Chipre. En paralelo, se organizarán movilizaciones en otros tantos países del sur de Europa como Francia e Italia. Como decíamos ayer, era y es preciso internacionalizar el conflicto. El éxito de experiencias como la del movimiento “Global Noise” del pasado 13 de octubre han puesto de relieve la necesidad de coordinar las luchas a mundial. Ahora es el turno del movimiento sindical. Quizás éste sea el primer paso. Esperando, eso sí, que a las próximas batallas se sume la izquierda sindical y política de los países del norte. Seguir aferrándose a las viejas fronteras del Estado-nación y limitar la acción política a las mismas denotaría que la izquierda que en su día fue modelo para el conjunto de la socialdemocracia europea, hoy peque de ombliguismo y no entienda las dimensiones reales de una crisis que si bien hoy golpea con dureza a los trabajadores del sur mañana lo hará con los del norte.

Lo decíamos ayer. Cabe suponer que en Cataluña la huelga general tenga un doble efecto. Como eje vertebrador contra los recortes y como acicate para insuflar aires renovados en la campaña electoral catalana con el fin de acentuar el componente social. Parece que algunas sensibilidades en el seno de la izquierda catalana empiezan a asomar la cabeza y a cuestionar una deriva nacionalista que está alcanzando ribetes irracionales. Hace unos días se presentó el manifiesto por una “Cataluña federalista y de izquierdas”, un texto mejorable en el contenido pero necesario en cuanto al mensaje. Ahora bien, sería saludable y conveniente no caer en el frentismo que otros fomentan interesadamente a ambos lados de la orilla. Tal y como expresa el propio manifiesto, Cataluña ha de seguir articulándose como “un solo pueblo”. Un pueblo con diversas realidades políticas, culturales y lingüísticas pero sin menoscabo del bien más preciado: la cohesión social.

Un último apunte. La huelga general llega en un momento de regresión en materia de libertades. La libertad de expresión y el derecho de manifestación sufren cada día la coacción permanente del poder político y económico. Los de arriba se han despojado de los falsos ropajes democráticos y no están dispuestos a admitir la más mínima crítica o protesta ciudadana. La caza de brujas contra los movimientos sociales o más recientemente, la pretensión gubernamental de prohibir la grabación de imágenes de las actuaciones policiales en manifestaciones hacen vislumbrar que al Estado de derecho le quedan tres telediarios. Frente a ello, nuestra respuesta ha de ser perseverante. Recordemos sino a Fray Luis de León. Pasó cinco largos años de su vida en las cárceles de la Inquisición por traducir a lengua vulgar el “Cantar de los cantares”. Sin embargo, ni la censura ni los años de penuria amedrentaron al clérigo castellano. El día que volvió a su cátedra de la Universidad de Salamanca comenzó la clase como en él era habitual. Con temple sereno y orgulloso exclamó: “como decíamos ayer”. Un buen ejemplo de entereza el del autor de la oda a la “Vida retirada”.

Pedro Luna Antúnez.

2008-2012: los años de la Contrarreforma

"El ejecutivo del Estado moderno no es otra cosa que un comité de administración de los negocios de la burguesía". 
Karl Marx.

Desde que se celebrara el último proceso congresual de CCOO hace cuatro años, la economía española ha sufrido grandes y profundos cambios que no han hecho sino agudizar el desmantelamiento de nuestro frágil Estado del bienestar y la precarización permanente de los derechos sociales de la clase trabajadora. Podríamos decir que en estos cuatro años hemos asistido no sólo a un cambio de ciclo económico sino a la ruptura del pacto constitucional de 1978. Los procesos económicos y políticos se han sucedido de manera paulatina pero sin pausa.

En 2008 la quiebra de Lehman Brothers, uno de los cinco mayores bancos de inversiones de EEUU, inició un efecto dominó en la economía mundial que desencadenó la mayor crisis del capitalismo financiero de la historia contemporánea. Los excesos de la Banca y de una economía especulativa inflada durante años por la concesión de créditos hipotecarios de alto riesgo y posteriormente lastrada por la acumulación de activos tóxicos difícilmente liquidables, conllevaron desde el inicio de la crisis financiera la inyección por parte de los Estados de dinero público a las entidades bancarias a un bajo tipo de interés. Por ejemplo, desde 2008 se han prestado más de 120.000 millones de euros a la Banca, propiciando así el endeudamiento público que padece actualmente el Estado. La subordinación de los respectivos gobiernos del PSOE y del PP a la Banca ha generado una situación de quiebra del Estado social y la adopción de una política económica orientada hacia la viabilidad financiera de los bancos y el deterioro de las condiciones de trabajo de la clase obrera. 

Desde 2008 se han sucedido una serie de reformas laborales y de recortes sociales que han propiciado el desarme del Estado del bienestar. El origen de la crisis no está en el mercado de trabajo pero a raíz del elevado déficit del Estado los gobiernos del PSOE y PP han aprovechado la coyuntura para iniciar una ofensiva contra los derechos sociales. Ya en marzo de 2009 el gobierno de Zapatero aprobó por Decreto-Ley seis medidas extraordinarias para “el mantenimiento y fomento del empleo” en el marco de los Acuerdos de Negociación Colectiva (ANC). Mediante aquel decreto, el gobierno del PSOE impulsaba y daba curso legal, entre otras medidas, al abaratamiento de los contratos (el empresario que contrataba a un desempleado disfrutaba de una bonificación al 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social con cargo a la prestación del parado) y a la contratación parcial (bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social para los contratos a tiempo parcial desde un 50% hasta un 100%). Los ANC de 2009 se cerraron sin acuerdo con los sindicatos por primera vez desde 2002 a causa de las diferencias que surgieron respecto al IPC previsto. Se iniciaba así un proceso del dialogo social con continuos altibajos en una primera fase y con la ruptura del propio dialogo, en una fase posterior.

Mucho se ha discutido sobre la estrategia sindical durante los últimos cuatro años. El propio Ignacio Fernández Toxo declaraba en enero de 2009 que “no era el momento de plantear una reforma laboral porque el origen de la crisis económica no estaba en el mercado de trabajo”. La reflexión de Toxo era muy acertada. No en vano, el déficit público nada tiene que ver con la estructura del tejido laboral español o con la negociación colectiva sino con los excesos cometidos durante años por la especulación financiera e inmobiliaria.

Sin embargo, la evolución de la situación económica, las presiones de los poderes fácticos y porque no decirlo, un análisis sindical algo complaciente provocaron la firma de acuerdos como el de la reforma de las pensiones o el acuerdo de negociación colectiva de 2012 que precedió a la reforma laboral del PP. Obviamente, la falta de consenso en los ANC de 2009 no significó la ruptura inmediata del diálogo social. La concertación siguió dando sus frutos y en febrero de 2010 el acuerdo alcanzado entre sindicatos, gobierno del PSOE y la patronal, posibilitaron, ésta vez sí, la renovación de los ANC por un periodo de tres años (2010-2012) mediante el I Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Ante la perspectiva de un futuro económico nada halagüeño, CCOO y UGT acordaron tres años de moderación salarial, con subidas de hasta el 1% (2010), entre el 1% y el 2% (2011) y entre el 1,5% y el 2,5% para 2012. Se trataba por lo tanto de una moderación salarial “in crescendo”. Lo que nadie auguró en ese momento es que la situación económica sería cada vez más precaria y que para 2011 y 2012 muchas serían las empresas que se descolgarían de los convenios sectoriales y provinciales o que directamente los incumplirían en materia salarial.

Tras el acuerdo alcanzado en febrero de 2010, el dialogo social se desarrolló con normalidad a pesar de una conflictividad laboral cada vez mayor y del aumento incesante de la tasa del desempleo. En 2010 la tasa del paro ya había traspasado la barrera psicológica del 20% con cerca de 4.700.000 personas desempleadas. La deuda de la Banca provocó la falta de crédito a las PYMES y un proceso de desaceleración productiva. Una vez más se estaban socializando las pérdidas justo cuando años atrás se habían privatizado los beneficios. El creciente desempleo hizo que el gobierno del PSOE aprovechara la situación para reformar el mercado de trabajo español. El resultado fue el Decreto-Ley de junio de 2010. La Reforma Laboral de Zapatero fue conocida como el “Decretazo” y supuso una vuelta de tuerca más en las ya muy precarias condiciones de la clase trabajadora española. Con la nueva reforma, los empresarios obtenían más flexibilidad laboral, un despido más fácil y barato, mayor temporalidad, ventajas fiscales, la extensión de las ETT´S al conjunto de los sectores, la ampliación en cuanto a la movilidad funcional y geográfica así como la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Es decir, la Reforma Laboral de Zapatero ya anticipaba lo que dos años más tarde sería la Reforma Laboral del Partido Popular.

El decretazo de Zapatero presentaba, por ejemplo, la modificación del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores por el cual se ampliaban las causas por despido en expedientes de regulación de empleo (ERE) al permitir que una empresa pudiera presentar un ERE alegando la previsión de futuras dificultades como causa objetiva. Asimismo, la reforma abarataba el despido para las empresas al hacerse cargo el FOGASA de abonar 8 días de indemnización en caso de extinción de todos los contratos indefinidos. Recordemos que hasta 2010 el FOGASA se hacía cargo del 40% de la indemnización sólo en los casos de empresas de menos de 25 trabajadores. La Reforma Laboral de 2010 provocó la convocatoria por parte de los sindicatos de la Huelga General del 29 de septiembre.

La Huelga General del 29-S no provocó a medio plazo un gran distanciamiento entre el gobierno del PSOE y los sindicatos. Más bien todo lo contrario. 2011 fue un año de consenso generalizado y ya en el mes de enero se alcanzó un acuerdo para reformar el sistema público de pensiones. Tras una larga campaña sindical contra la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años, CCOO y UGT estamparon su firma en la que posiblemente sea la reforma más regresiva jamás firmada por los sindicatos en España. Esgrimiendo la situación del déficit público y la evolución demográfica, el acuerdo contemplaba mediante un sistema flexible la progresiva ampliación de la edad de jubilación a los 67. En paralelo, la reforma establecía la ampliación de los años de cotización necesarios para acceder al 100% de la jubilación, pasando de 35 a 38,5 años, así como el aumento del periodo de cálculo, de 15 a 25 años.

De difícil explicación para las bases del sindicato, la reforma de las pensiones supuso un punto de inflexión en la acción sindical de CCOO y no fueron pocas las voces críticas en el seno del sindicato contra un acuerdo que contravenía la apuesta tradicional de CCOO a favor de un sistema público de pensiones al alcance del conjunto de la clase trabajadora. Con la nueva reforma de las pensiones son varios los colectivos que salen perjudicados de manera muy notable, esencialmente, los jóvenes, cuya inserción en el mercado laboral se ha retrasado en los últimos años, y las mujeres, quienes padecen índices más elevados de precariedad y temporalidad laboral. En un contexto de ofensiva antisocial, los sindicatos antepusieron los intereses del Estado a los intereses de los trabajadores. Ése, quizás, haya sido uno de los errores que los sindicatos hayan cometido durante los últimos años: defender el marco del Estado pensando que con ello se defendían los intereses de la clase trabajadora. Ese sindicalismo de Estado olvidó que los intereses generales del propio Estado no son neutros sino de parte.

La estrategia sindical del “mal menor”, acrecentada por la crisis económica y el masivo desempleo, situó a los sindicatos en una difícil encrucijada: la de aceptar mermas en las condiciones de vida de los trabajadores a cambio de paliar los efectos de las reformas laborales y de salvaguardar la estructura de la negociación colectiva. En el segundo semestre de 2011, el desgaste del gobierno de Zapatero permitió el ascenso del Partido Popular tras ganar por mayoría absoluta las elecciones generales del 20 de noviembre.

El panorama no podía ser más desolador para la clase trabajadora española y las promesas durante la campaña electoral del PP de una nueva Reforma Laboral que representara la definitiva vuelta de tuerca de los derechos sociales acentuaron la sensación de alerta máxima tanto en los sindicatos como en los partidos de izquierdas. El surgimiento del movimiento 15-M en mayo fue sin duda un soplo de aire fresco para millones de militantes de izquierdas pasando en apenas unas semanas a convertirse en el gran referente de la movilización social y ciudadana.

El diálogo social no se interrumpió con el cambio de gobierno. En enero de 2012, y ante la perspectiva de una Reforma Laboral profundamente lesiva, los sindicatos y la patronal firmaron el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. La renovación del acuerdo firmado en 2011 se produjo con unos sindicatos claramente situados a la defensiva con el pretexto de preservar la estructura de la Negociación Colectiva así como la interlocución de los propios sindicatos en la misma. No obstante, el acuerdo de enero de 2012 adelantó algunas de las medidas que dos meses más tarde aprobaría el gobierno del PP en la Reforma Laboral. El acuerdo recogía propuestas de la CEOE como el descuelgue y la inaplicación de los convenios sectoriales y la negociación en la empresa de aspectos fundamentales como la jornada laboral, las funciones profesionales o el mismo salario. En paralelo, se apostaba por el convenio provincial pero al mismo tiempo se fomentaba su descentralización favoreciendo la negociación en la pequeña y mediana empresa con escasa o nula implantación de los sindicatos de clase. Por último, en materia salarial, por primera vez se fijaban los incrementos del poder adquisitivo no solo en relación al IPC sino según la evolución del PIB y de la actividad económica. Más que un acuerdo de moderación salarial se trataba de un acuerdo de pérdida salarial.

La Reforma Laboral del PP la decretó el gobierno en marzo y como se esperaba significó la agresión más profunda contra los derechos de los trabajadores de los últimos treinta y cinco años. Una reforma diseñada para liquidar derechos sociales históricos y para desregular por completo el mercado de trabajo y la negociación colectiva. El decreto permitía a las empresas, por ejemplo, abaratar la indemnización por despido improcedente al pasar de los 45 días con un tope de 42 mensualidades a los 33 días don un tope de 24 mensualidades. Asimismo, la reforma facilita la presentación de expedientes de regulación de empleo al no ser ya necesaria la autorización previa de la administración y que las empresas presenten un ERE cuando justifiquen una caída de los beneficios durante tres meses consecutivos. Con el objetivo de reducir el índice de absentismo, la reforma asume el despido de un trabajador que cause baja por enfermedad entre 9 y 20 días en un periodo de 2 meses. En cuanto a la negociación colectiva, se limita la ultractividad a dos años (en el trámite parlamentario quedará definitivamente en un año a raíz de una enmienda de CiU) y se da vía libre a las empresas para poder descolgarse de los convenios pactados así como para modificar de manera sustancial condiciones de trabajo como el salario y la jornada.

La reforma provocó una nueva convocatoria de Huelga General: la del 29 de marzo, ampliamente secundada por la clase trabajadora y por los nuevos movimientos sociales surgidos a la luz del movimiento 15-M, los cuales tuvieron un especial protagonismo en el desarrollo y éxito de la convocatoria, haciendo de la Huelga General del 29-M no sólo una huelga sindical sino social y ciudadana.

Como bien ya sabemos, la Reforma Laboral del PP no ha logrado uno de sus supuestos objetivos: crear empleo. Ya en el primer trimestre de 2012 la tasa de paro llega al 24,4%, con un total de 5.639.500 desempleados, según la EPA del citado periodo. Es decir, la reforma del PP no sólo no ha conseguido reducir el desempleo sino que lo ha disparado, especialmente entre los más jóvenes al superar por primera vez el paro juvenil la barrera del 50%. Sólo en Cataluña, la Reforma Laboral ha provocado que los expedientes de regulación de empleo hayan aumentado en un 166% respecto a 2011.

La situación social hace que vivamos en un país que va camino del tercermundismo en materia de derechos laborales y en políticas de protección del Estado del bienestar. El reciente rescate de la banca española por valor de 100.000 millones de euros provocará más recortes sociales y desempleo. Víctimas de la codicia de las élites financieras españolas y catalanas así como de la Unión Europa de dos velocidades que vuelve a definirse en torno al eje Norte-Sur, a los trabajadores no nos han dejado otra opción que la de romper con un sistema que se ha desprendido de la careta democrática y que actúa a espaldas de los intereses y de las necesidades de la mayoría de la población.

Pedro Luna Antúnez.

Cambio de agujas

El próximo 19 de octubre se reúnen los máximos órganos de dirección de CCOO y UGT. Por un lado lo hará el Consejo Confederal de CCOO y por otro el Comité Confederal de UGT. No parece ser que ambas reuniones vayan a ser meros trámites o en el caso de CCOO la cita sirva para calibrar las fuerzas de cara al proceso congresual que se acaba de abrir en el sindicato. En absoluto. No en vano se espera que ese día los sindicatos aprovechen para anunciar oficialmente la convocatoria de una huelga general. Posiblemente para el 14 de noviembre haciéndola coincidir con la huelga general en Portugal. Estamos por lo tanto ante un recrudecimiento del conflicto social en la calle y en los centros de trabajo. O mejor dicho, de una prolongación del conflicto permanente que se está librando entre quienes aplican políticas de recortes con el fin de desmantelar el Estado del bienestar y quienes se aferran no sólo a la defensa de los derechos colectivos sino que aspiran, como en el caso del movimiento 15M-25S, a un cambio de sistema.

La fecha del 14 de noviembre ofrece un par de lecturas a tener en cuenta. En primer lugar, sería la primera vez que se hace una huelga general en un marco ibérico. No es algo baladí. Ésta es una crisis sistémica que afecta por igual al conjunto de las clases trabajadoras más allá del distintivo nacional. Afecta por igual a un español que a un portugués. O a un italiano que a un griego. La ofensiva de los mercados es global. Por ello es necesario globalizar la respuesta e internacionalizar el conflicto. No hay otra opción si pretendemos tumbar políticas orquestadas desde organismos supranacionales y donde los gobiernos de los respectivos Estados no son más que meros peones en el tablero. Las élites financieras europeas y lo que eufemísticamente llamamos los mercados han seguido a pie juntillas una verdad volteriana: “Cuando se trata de dinero todos somos de la misma religión”.

La segunda lectura es de ámbito más local. Pero en cierto modo complementa a la primera en cuanto a la amplitud de miras. Si la huelga general finalmente se realiza el 14 de noviembre coincidirá con la campaña electoral catalana. En este sentido el paro podría ser un buen motivo para priorizar el debate social en lugar del mediático e inflado debate identitario. Es decir, se produciría un conveniente cambio de agujas que colocaría de nuevo el conflicto social y de clase en el epicentro de la discusión política. O al menos cabe esperar que así sea. De lo contrario en Cataluña corremos el riesgo de hacer descarrilar el tren de los derechos sociales sin apenas percatarnos de ello. Y como dijo Che Guevara, estamos obligados a insistir en lo obvio.

Pedro Luna Antúnez.

Mareados por el éxito

La movilización del 15S ha sido un éxito inapelable en cuanto a la asistencia. Cerca de un millón de personas se congregaron en la madrileña plaza de Colón tras haber estado la mayoría de ellas viajando toda la noche por las carreteras del país. Se ha demostrado que los sindicatos siguen manteniendo una formidable maquinaria movilizadora. Es tocar una tecla y colapsar el centro de Madrid con un millón de manifestantes. No en vano, entre CCOO y UGT suman unos dos millones y medio de afiliados. Ése es seguramente el mayor patrimonio que actualmente puedan presentar ambos sindicatos.

Pero la de ayer fue una movilización de contrastes. Entre un mar de banderas de plástico y el clamor de justicia, muy pocos se enteraron de un suceso que pasó a escasos metros: la detención de dos miembros de la Plataforma en Pie por el mero hecho de desplegar una pancarta a favor de la acción ciudadana del 25S. Detenciones que se ampliaron a cuatro tras retener la policía a dos manifestantes que sin tener vinculación con el 25S se solidarizaron con los activistas detenidos al ser testigos de tal abuso contra las libertades. Poco después se comunicó a los organizadores del 15S lo ocurrido y se les pidió informar de las detenciones en las intervenciones de los secretarios generales de CCOO y UGT. La respuesta de lo sindicatos fue que no podían hacerlo por considerar que se trataba de una llamada a la violencia y a "incendiarlo" todo.

Uno puede pensar que la negativa de los sindicatos a solidarizarse con los cuatro detenidos fue producto del despiste, el calor o por un súbito mareo producido por el enorme éxito de convocatoria. Mareados por el éxito o no, la respuesta de las direcciones de CCOO y UGT fue patética y no estuvo a la altura de las históricas organizaciones sindicales que representan. Fue la respuesta de alguien que defiende o por lo menos justifica por omisión a un sistema corrompido hasta el tuétano y a una élite político-empresarial que si la dejamos destrozará cualquier atisbo de justicia social y democracia. Incluyendo a los propios sindicatos. Por cierto, una de las detenidas que se solidarizó con los miembros de “Plataforma en Pie” es afiliada de CCOO.

Las direcciones sindicales siguen empeñadas en analizar la realidad como si nada hubiese cambiado desde 2008. Sus análisis corresponden al librillo de estilo de la socialdemocracia europea de la segunda mitad del siglo XX. Se trata de un gran legado político y teórico, sin duda. Sólo con una salvedad: ya no vivimos en un Estado del bienestar que ampara y protege a sus ciudadanos mediante una vasta estructura de servicios públicos y protección social. Han acabado con casi todo. Y en ese “casi” estamos ahora. Unos luchan por mantenerlo y otros empezarán a hacerlo cuando ya no quede nada.

Pedro Luna Antúnez.