Dominique Sanda en Novecento, la mujer del patrón.
Artículo publicado en Tercera Información.
Hace tres años, en enero de 2009, Ignacio Fernández Toxo declaraba no sin razón que “no era el momento de plantear una reforma laboral porque el origen de la crisis económica no estaba en el mercado de trabajo”. La reflexión era muy certera. La crisis que se destapó en 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers a raíz del colapso financiero de los créditos subprime puso de manifiesto la avaricia de los mercados que tras años de macro beneficios habían generado una economía esencialmente especulativa basada en los créditos hipotecarios de alto riesgo. El estallido de la burbuja inmobiliaria cortó de raíz la fiebre por la compraventa de vivienda a la vez que provocó un descenso notable del consumo y el aumento del desempleo.
A pesar del origen privado de la crisis financiera, el gobierno del PSOE no vaciló a la hora de inyectar dinero público a fin de sanear las arcas de la Banca. Ya en octubre de 2008 se prestó a las entidades bancarias 30.000 millones a un interés mínimo del 1%. Se trataba de un regalo del Estado a quienes habían provocado una crisis que estaba dejando en el paro a millones de españoles. Pues bien, en los dos últimos años las tornas han cambiado y hemos pasado de la deuda privada de la Banca a la deuda pública de los Estados. Sin embargo, la actitud de la Banca no ha sido recíproca con el gobierno cuando se ha tratado de comprar deuda pública. Si el Estado concedió ayudas a la Banca con un interés del 1%, la Banca compró deuda pública con un interés por encima del 3%. He aquí el nudo gordiano de la crisis actual. No en vano, cerca del 60% del endeudamiento público se debe a las ayudas que el Estado destinó a la Banca.
En consecuencia, y volviendo a la tesis inicial del artículo, el secretario general de CCOO tenía razón al situar el origen de la crisis al margen del mercado de trabajo. No obstante, es evidente que los poderes económicos han aprovechado una crisis que ellos mismos han generado para recortar derechos sociales y cargarse el cada vez más endeble Estado social. Una de las exigencias de los mercados ha sido la de flexibilizar aún más las relaciones laborales. Pero como decía Toxo en 2009 es absurdo pensar en reformas laborales como antídoto a la crisis cuando las causas de la misma proceden del ámbito financiero y especulativo. La píldora no es nueva. En España las crisis económicas han anticipado profundas reformas del mercado de trabajo siendo en la mayoría de los casos peor el remedio que la enfermedad.
No queríamos reformas laborales por considerarlas innecesarias pero resulta que desde 2009 los sindicatos han firmado una reforma del sistema público de pensiones y recientemente una nueva reforma de la negociación colectiva amen de negociar otras tantas que a falta de acuerdo acabaron finalmente en decreto del gobierno. Ésta última es la enésima reforma y una vuelta de tuerca más en las innumerables reformas que en el transcurso de las últimas tres décadas apenas han servido para precarizar y desvirtuar los derechos sociales de la clase trabajadora. Algunas de ellas se negociaron con el más encomiable de los propósitos. Por ejemplo, para crear empleo o con el objetivo de reducir la elevada temporalidad. Pero lo cierto es que la mayoría de reformas fracasaron en su intento de corregir las profundas taras del mercado de trabajo español. Más precariedad. Eso es lo que nos aportaron las sucesivas reformas laborales.
El reciente acuerdo firmado por los sindicatos y la patronal no es estrictamente una reforma del mercado de trabajo pero sin duda marcará a sangre y fuego el futuro de las relaciones laborales en nuestro país. Y las marcará para mal. Para muy mal. Mi condición como sindicalista de CCOO no me impide reconocer que se trata de un mal acuerdo que introduce elementos de una regresividad notable. El
II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva ni creará empleo ni mejorará la negociación colectiva. Una vez más hemos tropezado con la misma piedra.
En primer lugar, la enésima reforma establece unos criterios salariales entre los años 2012 y 2014 que podríamos calificar como denigrantes. Las partes firmantes han hablado de un acuerdo moderación salarial cuando en realidad hubiese sido más apropiado hablar de pérdida salarial. Así es cuando resulta que se prevén unos incrementos salariales del 0,5% para 2012 y del 0,6% para 2013, activándose la clausula de revisión solo cuando el IPC supere el 2%. En 2014 el incremento salarial partirá de un 0,6% pudiendo variar según la evolución del PIB. Si el PIB es superior al 1% e inferior al 2% los salarios aumentarán hasta el 1% y si el PIB alcanza o supera el 2% los salarios llegarán al tope del 1,5%. Es decir, en 2012 y 2013 los trabajadores podrían perder un 1,5% y un 1,6% respectivamente de poder adquisitivo y en 2014 desaparece la referencia del IPC utilizándose el ritmo de actividad de la economía española como vara de medir. Para rizar el rizo, el acuerdo establece que si el precio del barril de Brent supera el 10% ésta subida no se tome como referencia en el IPC y por lo tanto en una posible revisión salarial. O lo que es lo mismo, si EEUU atacara a Iran y el precio del petróleo se disparara los trabajadores españoles perderían más poder adquisitivo. Esperpento es la palabra. Con permiso del gran Valle-Inclán.
En segundo lugar, el acuerdo fija una serie de pautas en materia de flexibilidad interna y negociación colectiva que permitirán a las empresas la desregulación laboral en ámbitos claves de la propia negociación colectiva. Es verdad que el acuerdo señala que es necesario seguir preservando la estructura de los convenios provinciales y sectoriales. Pero no es menos cierto que tal declaración se queda en papel mojado al propiciar el descuelgue y la inaplicación de los convenios y facilitar la negociación en la empresa de aspectos fundamentales como la jornada laboral, las funciones profesionales o el mismo salario. Por ejemplo, el acuerdo eleva la distribución irregular de la jornada pasando del 5% al 10% y amplía la movilidad funcional fijando como único límite el grupo profesional. Eso quiere decir que un administrativo podría ejercer de mecánico.
En definitiva, se apuesta por el convenio provincial pero al mismo tiempo se fomenta su descentralización favoreciendo la negociación en los centros de trabajo cuando el 90% de las empresas españolas son pequeñas y medianas. Sabemos muy bien que la negociación colectiva en las pymes parte de un desequilibrio a favor de las direcciones empresariales al carecer los sindicatos de estructuras sindicales sólidas y fuertes para hacer frente a los envites de la patronal. El resultado es obvio. Millones de trabajadores quedarán desamparados.
Vivimos tiempos difíciles. Una estafa llamada crisis está destrozando la vida de millones de personas y no parece que la sangría vaya a detenerse en el futuro. Ante la supresión del Estado del bienestar se espera que los sindicatos no solo peleen por preservar sus propias organizaciones sino que actúen como diques de contención frente al tsunami neoliberal que está arrasando y aniquilando sin el mayor escrúpulo las conquistas sociales que con tanto sufrimiento y sacrificio lograron nuestros mayores. Sería una lástima que la credibilidad de los sindicatos se fuera al traste. Al fin y al cabo todos saldríamos perdiendo.
Pedro Luna Antúnez.
