Sobran manifiestos y catedrales que nos iluminen

Federalistas tan “ilustres” como Carlos Solchaga y Mario Vargas Llosa firman hoy en "El País" un manifiesto de intelectuales y profesionales a favor de una España federal frente la oleada soberanista de Artur Mas. Después de leer detenidamente el texto pienso que se ha desperdiciado una gran oportunidad para confrontar el debate identitario en Cataluña desde una perspectiva federal, republicana y democrática. Eso dicho de manera diplomática. Siendo menos suave diría simplemente que no se enteran. Porque si ése es el servicio que nos prestan los firmantes del manifiesto a aquellos que en Cataluña defendemos un Estado federal, mejor que se abstengan la próxima ocasión. Así lo ha expresado el maestro López Bulla en un breve pero acertado artículo. Un manifiesto que pretendía ser hermano del publicado en Cataluña hace unas semanas no deja de ser un mal remedo del anterior y ya sea por omisión o por desconocimiento de la realidad catalana, tropieza una y otra vez en lugares comunes y en la defensa de un marco político y jurídico que es precisamente donde se halla la raíz del problema.

Primer error. Hablar de federalismo y defender la Constitución de 1978. ¿Acaso proponen los firmantes una monarquía federal?. Ante tal disparate no podemos sino reaccionar con perplejidad y esbozar una sonrisa burlona a la vez. Ya no hay dicotomía posible. España será republicana o no será. Es el único encaje político que puede hacer confluir en un proyecto común a las diferentes realidades nacionales que conforman este país. El manifiesto en ningún momento cuestiona el régimen actual. Ni emplaza a transformarlo. Por no cuestionar, ni siquiera se hace la más mínima crítica a las políticas de recortes sociales del gobierno central del PP ni se rechaza la eclosión del nacionalismo español con el fin de tapar bajo la bandera monárquica la miseria social que padece actualmente España. Como es obvio, tampoco se cuestiona la monarquía. 

Segundo error. Reducir la oleada soberanista en Cataluña a CiU. Es cierto que CiU ha intensificado su perfil más nacionalista en los últimos meses. Lo ha hecho de manera interesada y con el propósito de borrar de un plumazo dos años de gobierno caracterizados por continuos hachazos contra los derechos sociales y los servicios públicos. Ahora bien, nos equivocaríamos si pensáramos que el millón y medio de catalanes que se echaron a la calle el 11 de septiembre eran en su totalidad votantes o simpatizantes de CiU. Artur Mas lo único que ha hecho ha sido subirse a una ola y en cierto modo hegemonizarla. Pero ésa es una ola que lleva años fraguándose desde plataformas y movimientos sociales en Cataluña. Podremos colocarnos una venda en los ojos e ignorar la realidad. Pero la realidad objetiva nos dice que en Cataluña el independentismo ha ganado base social y lo ha hecho al margen de CiU e incluso de los partidos de corte tradicional.

Tercer error. El manifiesto es parcial y recurre en exceso a los clichés políticamente correctos. Aún estando de acuerdo con algunos párrafos me resulta difícil creer la visión tan idílica y paternalista que transmite el manifiesto. Es verdad que desde ciertos sectores del nacionalismo catalán se tiende a engordar el victimismo y se aviva un sentimiento de rencor en contraposición con la supuesta catalanofobia existente en el resto de España. Pero hablemos claro. Tampoco los catalanes son recibidos con globos y serpentinas una vez cruzan el Ebro. Ya se han encargado algunos prohombres del nacionalismo español más rancio de que no sea así. Ahora se trata de traspasar esa perversa red tejida por ambos nacionalismos y desbaratar cualquier atisbo de fomentar el enfrentamiento entre los pueblos. En fin, que sobran manifiestos y catedrales que nos iluminen.

Pedro Luna Antúnez.

Como decíamos ayer

Los sindicatos han convocado oficialmente una huelga general para el próximo 14 de noviembre. Era de esperar y así lo intuíamos desde hace algunas semanas. Es la huelga europea, o mejor dicho, la huelga de los países más maltratados por las políticas de jarabe de palo aplicadas por el triunvirato formado por el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. La huelga se realizará al unísono en España, Portugal, Grecia, Malta y Chipre. En paralelo, se organizarán movilizaciones en otros tantos países del sur de Europa como Francia e Italia. Como decíamos ayer, era y es preciso internacionalizar el conflicto. El éxito de experiencias como la del movimiento “Global Noise” del pasado 13 de octubre han puesto de relieve la necesidad de coordinar las luchas a mundial. Ahora es el turno del movimiento sindical. Quizás éste sea el primer paso. Esperando, eso sí, que a las próximas batallas se sume la izquierda sindical y política de los países del norte. Seguir aferrándose a las viejas fronteras del Estado-nación y limitar la acción política a las mismas denotaría que la izquierda que en su día fue modelo para el conjunto de la socialdemocracia europea, hoy peque de ombliguismo y no entienda las dimensiones reales de una crisis que si bien hoy golpea con dureza a los trabajadores del sur mañana lo hará con los del norte.

Lo decíamos ayer. Cabe suponer que en Cataluña la huelga general tenga un doble efecto. Como eje vertebrador contra los recortes y como acicate para insuflar aires renovados en la campaña electoral catalana con el fin de acentuar el componente social. Parece que algunas sensibilidades en el seno de la izquierda catalana empiezan a asomar la cabeza y a cuestionar una deriva nacionalista que está alcanzando ribetes irracionales. Hace unos días se presentó el manifiesto por una “Cataluña federalista y de izquierdas”, un texto mejorable en el contenido pero necesario en cuanto al mensaje. Ahora bien, sería saludable y conveniente no caer en el frentismo que otros fomentan interesadamente a ambos lados de la orilla. Tal y como expresa el propio manifiesto, Cataluña ha de seguir articulándose como “un solo pueblo”. Un pueblo con diversas realidades políticas, culturales y lingüísticas pero sin menoscabo del bien más preciado: la cohesión social.

Un último apunte. La huelga general llega en un momento de regresión en materia de libertades. La libertad de expresión y el derecho de manifestación sufren cada día la coacción permanente del poder político y económico. Los de arriba se han despojado de los falsos ropajes democráticos y no están dispuestos a admitir la más mínima crítica o protesta ciudadana. La caza de brujas contra los movimientos sociales o más recientemente, la pretensión gubernamental de prohibir la grabación de imágenes de las actuaciones policiales en manifestaciones hacen vislumbrar que al Estado de derecho le quedan tres telediarios. Frente a ello, nuestra respuesta ha de ser perseverante. Recordemos sino a Fray Luis de León. Pasó cinco largos años de su vida en las cárceles de la Inquisición por traducir a lengua vulgar el “Cantar de los cantares”. Sin embargo, ni la censura ni los años de penuria amedrentaron al clérigo castellano. El día que volvió a su cátedra de la Universidad de Salamanca comenzó la clase como en él era habitual. Con temple sereno y orgulloso exclamó: “como decíamos ayer”. Un buen ejemplo de entereza el del autor de la oda a la “Vida retirada”.

Pedro Luna Antúnez.

2008-2012: los años de la Contrarreforma

"El ejecutivo del Estado moderno no es otra cosa que un comité de administración de los negocios de la burguesía". 
Karl Marx.

Desde que se celebrara el último proceso congresual de CCOO hace cuatro años, la economía española ha sufrido grandes y profundos cambios que no han hecho sino agudizar el desmantelamiento de nuestro frágil Estado del bienestar y la precarización permanente de los derechos sociales de la clase trabajadora. Podríamos decir que en estos cuatro años hemos asistido no sólo a un cambio de ciclo económico sino a la ruptura del pacto constitucional de 1978. Los procesos económicos y políticos se han sucedido de manera paulatina pero sin pausa.

En 2008 la quiebra de Lehman Brothers, uno de los cinco mayores bancos de inversiones de EEUU, inició un efecto dominó en la economía mundial que desencadenó la mayor crisis del capitalismo financiero de la historia contemporánea. Los excesos de la Banca y de una economía especulativa inflada durante años por la concesión de créditos hipotecarios de alto riesgo y posteriormente lastrada por la acumulación de activos tóxicos difícilmente liquidables, conllevaron desde el inicio de la crisis financiera la inyección por parte de los Estados de dinero público a las entidades bancarias a un bajo tipo de interés. Por ejemplo, desde 2008 se han prestado más de 120.000 millones de euros a la Banca, propiciando así el endeudamiento público que padece actualmente el Estado. La subordinación de los respectivos gobiernos del PSOE y del PP a la Banca ha generado una situación de quiebra del Estado social y la adopción de una política económica orientada hacia la viabilidad financiera de los bancos y el deterioro de las condiciones de trabajo de la clase obrera. 

Desde 2008 se han sucedido una serie de reformas laborales y de recortes sociales que han propiciado el desarme del Estado del bienestar. El origen de la crisis no está en el mercado de trabajo pero a raíz del elevado déficit del Estado los gobiernos del PSOE y PP han aprovechado la coyuntura para iniciar una ofensiva contra los derechos sociales. Ya en marzo de 2009 el gobierno de Zapatero aprobó por Decreto-Ley seis medidas extraordinarias para “el mantenimiento y fomento del empleo” en el marco de los Acuerdos de Negociación Colectiva (ANC). Mediante aquel decreto, el gobierno del PSOE impulsaba y daba curso legal, entre otras medidas, al abaratamiento de los contratos (el empresario que contrataba a un desempleado disfrutaba de una bonificación al 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social con cargo a la prestación del parado) y a la contratación parcial (bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social para los contratos a tiempo parcial desde un 50% hasta un 100%). Los ANC de 2009 se cerraron sin acuerdo con los sindicatos por primera vez desde 2002 a causa de las diferencias que surgieron respecto al IPC previsto. Se iniciaba así un proceso del dialogo social con continuos altibajos en una primera fase y con la ruptura del propio dialogo, en una fase posterior.

Mucho se ha discutido sobre la estrategia sindical durante los últimos cuatro años. El propio Ignacio Fernández Toxo declaraba en enero de 2009 que “no era el momento de plantear una reforma laboral porque el origen de la crisis económica no estaba en el mercado de trabajo”. La reflexión de Toxo era muy acertada. No en vano, el déficit público nada tiene que ver con la estructura del tejido laboral español o con la negociación colectiva sino con los excesos cometidos durante años por la especulación financiera e inmobiliaria.

Sin embargo, la evolución de la situación económica, las presiones de los poderes fácticos y porque no decirlo, un análisis sindical algo complaciente provocaron la firma de acuerdos como el de la reforma de las pensiones o el acuerdo de negociación colectiva de 2012 que precedió a la reforma laboral del PP. Obviamente, la falta de consenso en los ANC de 2009 no significó la ruptura inmediata del diálogo social. La concertación siguió dando sus frutos y en febrero de 2010 el acuerdo alcanzado entre sindicatos, gobierno del PSOE y la patronal, posibilitaron, ésta vez sí, la renovación de los ANC por un periodo de tres años (2010-2012) mediante el I Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Ante la perspectiva de un futuro económico nada halagüeño, CCOO y UGT acordaron tres años de moderación salarial, con subidas de hasta el 1% (2010), entre el 1% y el 2% (2011) y entre el 1,5% y el 2,5% para 2012. Se trataba por lo tanto de una moderación salarial “in crescendo”. Lo que nadie auguró en ese momento es que la situación económica sería cada vez más precaria y que para 2011 y 2012 muchas serían las empresas que se descolgarían de los convenios sectoriales y provinciales o que directamente los incumplirían en materia salarial.

Tras el acuerdo alcanzado en febrero de 2010, el dialogo social se desarrolló con normalidad a pesar de una conflictividad laboral cada vez mayor y del aumento incesante de la tasa del desempleo. En 2010 la tasa del paro ya había traspasado la barrera psicológica del 20% con cerca de 4.700.000 personas desempleadas. La deuda de la Banca provocó la falta de crédito a las PYMES y un proceso de desaceleración productiva. Una vez más se estaban socializando las pérdidas justo cuando años atrás se habían privatizado los beneficios. El creciente desempleo hizo que el gobierno del PSOE aprovechara la situación para reformar el mercado de trabajo español. El resultado fue el Decreto-Ley de junio de 2010. La Reforma Laboral de Zapatero fue conocida como el “Decretazo” y supuso una vuelta de tuerca más en las ya muy precarias condiciones de la clase trabajadora española. Con la nueva reforma, los empresarios obtenían más flexibilidad laboral, un despido más fácil y barato, mayor temporalidad, ventajas fiscales, la extensión de las ETT´S al conjunto de los sectores, la ampliación en cuanto a la movilidad funcional y geográfica así como la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Es decir, la Reforma Laboral de Zapatero ya anticipaba lo que dos años más tarde sería la Reforma Laboral del Partido Popular.

El decretazo de Zapatero presentaba, por ejemplo, la modificación del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores por el cual se ampliaban las causas por despido en expedientes de regulación de empleo (ERE) al permitir que una empresa pudiera presentar un ERE alegando la previsión de futuras dificultades como causa objetiva. Asimismo, la reforma abarataba el despido para las empresas al hacerse cargo el FOGASA de abonar 8 días de indemnización en caso de extinción de todos los contratos indefinidos. Recordemos que hasta 2010 el FOGASA se hacía cargo del 40% de la indemnización sólo en los casos de empresas de menos de 25 trabajadores. La Reforma Laboral de 2010 provocó la convocatoria por parte de los sindicatos de la Huelga General del 29 de septiembre.

La Huelga General del 29-S no provocó a medio plazo un gran distanciamiento entre el gobierno del PSOE y los sindicatos. Más bien todo lo contrario. 2011 fue un año de consenso generalizado y ya en el mes de enero se alcanzó un acuerdo para reformar el sistema público de pensiones. Tras una larga campaña sindical contra la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años, CCOO y UGT estamparon su firma en la que posiblemente sea la reforma más regresiva jamás firmada por los sindicatos en España. Esgrimiendo la situación del déficit público y la evolución demográfica, el acuerdo contemplaba mediante un sistema flexible la progresiva ampliación de la edad de jubilación a los 67. En paralelo, la reforma establecía la ampliación de los años de cotización necesarios para acceder al 100% de la jubilación, pasando de 35 a 38,5 años, así como el aumento del periodo de cálculo, de 15 a 25 años.

De difícil explicación para las bases del sindicato, la reforma de las pensiones supuso un punto de inflexión en la acción sindical de CCOO y no fueron pocas las voces críticas en el seno del sindicato contra un acuerdo que contravenía la apuesta tradicional de CCOO a favor de un sistema público de pensiones al alcance del conjunto de la clase trabajadora. Con la nueva reforma de las pensiones son varios los colectivos que salen perjudicados de manera muy notable, esencialmente, los jóvenes, cuya inserción en el mercado laboral se ha retrasado en los últimos años, y las mujeres, quienes padecen índices más elevados de precariedad y temporalidad laboral. En un contexto de ofensiva antisocial, los sindicatos antepusieron los intereses del Estado a los intereses de los trabajadores. Ése, quizás, haya sido uno de los errores que los sindicatos hayan cometido durante los últimos años: defender el marco del Estado pensando que con ello se defendían los intereses de la clase trabajadora. Ese sindicalismo de Estado olvidó que los intereses generales del propio Estado no son neutros sino de parte.

La estrategia sindical del “mal menor”, acrecentada por la crisis económica y el masivo desempleo, situó a los sindicatos en una difícil encrucijada: la de aceptar mermas en las condiciones de vida de los trabajadores a cambio de paliar los efectos de las reformas laborales y de salvaguardar la estructura de la negociación colectiva. En el segundo semestre de 2011, el desgaste del gobierno de Zapatero permitió el ascenso del Partido Popular tras ganar por mayoría absoluta las elecciones generales del 20 de noviembre.

El panorama no podía ser más desolador para la clase trabajadora española y las promesas durante la campaña electoral del PP de una nueva Reforma Laboral que representara la definitiva vuelta de tuerca de los derechos sociales acentuaron la sensación de alerta máxima tanto en los sindicatos como en los partidos de izquierdas. El surgimiento del movimiento 15-M en mayo fue sin duda un soplo de aire fresco para millones de militantes de izquierdas pasando en apenas unas semanas a convertirse en el gran referente de la movilización social y ciudadana.

El diálogo social no se interrumpió con el cambio de gobierno. En enero de 2012, y ante la perspectiva de una Reforma Laboral profundamente lesiva, los sindicatos y la patronal firmaron el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. La renovación del acuerdo firmado en 2011 se produjo con unos sindicatos claramente situados a la defensiva con el pretexto de preservar la estructura de la Negociación Colectiva así como la interlocución de los propios sindicatos en la misma. No obstante, el acuerdo de enero de 2012 adelantó algunas de las medidas que dos meses más tarde aprobaría el gobierno del PP en la Reforma Laboral. El acuerdo recogía propuestas de la CEOE como el descuelgue y la inaplicación de los convenios sectoriales y la negociación en la empresa de aspectos fundamentales como la jornada laboral, las funciones profesionales o el mismo salario. En paralelo, se apostaba por el convenio provincial pero al mismo tiempo se fomentaba su descentralización favoreciendo la negociación en la pequeña y mediana empresa con escasa o nula implantación de los sindicatos de clase. Por último, en materia salarial, por primera vez se fijaban los incrementos del poder adquisitivo no solo en relación al IPC sino según la evolución del PIB y de la actividad económica. Más que un acuerdo de moderación salarial se trataba de un acuerdo de pérdida salarial.

La Reforma Laboral del PP la decretó el gobierno en marzo y como se esperaba significó la agresión más profunda contra los derechos de los trabajadores de los últimos treinta y cinco años. Una reforma diseñada para liquidar derechos sociales históricos y para desregular por completo el mercado de trabajo y la negociación colectiva. El decreto permitía a las empresas, por ejemplo, abaratar la indemnización por despido improcedente al pasar de los 45 días con un tope de 42 mensualidades a los 33 días don un tope de 24 mensualidades. Asimismo, la reforma facilita la presentación de expedientes de regulación de empleo al no ser ya necesaria la autorización previa de la administración y que las empresas presenten un ERE cuando justifiquen una caída de los beneficios durante tres meses consecutivos. Con el objetivo de reducir el índice de absentismo, la reforma asume el despido de un trabajador que cause baja por enfermedad entre 9 y 20 días en un periodo de 2 meses. En cuanto a la negociación colectiva, se limita la ultractividad a dos años (en el trámite parlamentario quedará definitivamente en un año a raíz de una enmienda de CiU) y se da vía libre a las empresas para poder descolgarse de los convenios pactados así como para modificar de manera sustancial condiciones de trabajo como el salario y la jornada.

La reforma provocó una nueva convocatoria de Huelga General: la del 29 de marzo, ampliamente secundada por la clase trabajadora y por los nuevos movimientos sociales surgidos a la luz del movimiento 15-M, los cuales tuvieron un especial protagonismo en el desarrollo y éxito de la convocatoria, haciendo de la Huelga General del 29-M no sólo una huelga sindical sino social y ciudadana.

Como bien ya sabemos, la Reforma Laboral del PP no ha logrado uno de sus supuestos objetivos: crear empleo. Ya en el primer trimestre de 2012 la tasa de paro llega al 24,4%, con un total de 5.639.500 desempleados, según la EPA del citado periodo. Es decir, la reforma del PP no sólo no ha conseguido reducir el desempleo sino que lo ha disparado, especialmente entre los más jóvenes al superar por primera vez el paro juvenil la barrera del 50%. Sólo en Cataluña, la Reforma Laboral ha provocado que los expedientes de regulación de empleo hayan aumentado en un 166% respecto a 2011.

La situación social hace que vivamos en un país que va camino del tercermundismo en materia de derechos laborales y en políticas de protección del Estado del bienestar. El reciente rescate de la banca española por valor de 100.000 millones de euros provocará más recortes sociales y desempleo. Víctimas de la codicia de las élites financieras españolas y catalanas así como de la Unión Europa de dos velocidades que vuelve a definirse en torno al eje Norte-Sur, a los trabajadores no nos han dejado otra opción que la de romper con un sistema que se ha desprendido de la careta democrática y que actúa a espaldas de los intereses y de las necesidades de la mayoría de la población.

Pedro Luna Antúnez.

Cambio de agujas

El próximo 19 de octubre se reúnen los máximos órganos de dirección de CCOO y UGT. Por un lado lo hará el Consejo Confederal de CCOO y por otro el Comité Confederal de UGT. No parece ser que ambas reuniones vayan a ser meros trámites o en el caso de CCOO la cita sirva para calibrar las fuerzas de cara al proceso congresual que se acaba de abrir en el sindicato. En absoluto. No en vano se espera que ese día los sindicatos aprovechen para anunciar oficialmente la convocatoria de una huelga general. Posiblemente para el 14 de noviembre haciéndola coincidir con la huelga general en Portugal. Estamos por lo tanto ante un recrudecimiento del conflicto social en la calle y en los centros de trabajo. O mejor dicho, de una prolongación del conflicto permanente que se está librando entre quienes aplican políticas de recortes con el fin de desmantelar el Estado del bienestar y quienes se aferran no sólo a la defensa de los derechos colectivos sino que aspiran, como en el caso del movimiento 15M-25S, a un cambio de sistema.

La fecha del 14 de noviembre ofrece un par de lecturas a tener en cuenta. En primer lugar, sería la primera vez que se hace una huelga general en un marco ibérico. No es algo baladí. Ésta es una crisis sistémica que afecta por igual al conjunto de las clases trabajadoras más allá del distintivo nacional. Afecta por igual a un español que a un portugués. O a un italiano que a un griego. La ofensiva de los mercados es global. Por ello es necesario globalizar la respuesta e internacionalizar el conflicto. No hay otra opción si pretendemos tumbar políticas orquestadas desde organismos supranacionales y donde los gobiernos de los respectivos Estados no son más que meros peones en el tablero. Las élites financieras europeas y lo que eufemísticamente llamamos los mercados han seguido a pie juntillas una verdad volteriana: “Cuando se trata de dinero todos somos de la misma religión”.

La segunda lectura es de ámbito más local. Pero en cierto modo complementa a la primera en cuanto a la amplitud de miras. Si la huelga general finalmente se realiza el 14 de noviembre coincidirá con la campaña electoral catalana. En este sentido el paro podría ser un buen motivo para priorizar el debate social en lugar del mediático e inflado debate identitario. Es decir, se produciría un conveniente cambio de agujas que colocaría de nuevo el conflicto social y de clase en el epicentro de la discusión política. O al menos cabe esperar que así sea. De lo contrario en Cataluña corremos el riesgo de hacer descarrilar el tren de los derechos sociales sin apenas percatarnos de ello. Y como dijo Che Guevara, estamos obligados a insistir en lo obvio.

Pedro Luna Antúnez.

Mareados por el éxito

La movilización del 15S ha sido un éxito inapelable en cuanto a la asistencia. Cerca de un millón de personas se congregaron en la madrileña plaza de Colón tras haber estado la mayoría de ellas viajando toda la noche por las carreteras del país. Se ha demostrado que los sindicatos siguen manteniendo una formidable maquinaria movilizadora. Es tocar una tecla y colapsar el centro de Madrid con un millón de manifestantes. No en vano, entre CCOO y UGT suman unos dos millones y medio de afiliados. Ése es seguramente el mayor patrimonio que actualmente puedan presentar ambos sindicatos.

Pero la de ayer fue una movilización de contrastes. Entre un mar de banderas de plástico y el clamor de justicia, muy pocos se enteraron de un suceso que pasó a escasos metros: la detención de dos miembros de la Plataforma en Pie por el mero hecho de desplegar una pancarta a favor de la acción ciudadana del 25S. Detenciones que se ampliaron a cuatro tras retener la policía a dos manifestantes que sin tener vinculación con el 25S se solidarizaron con los activistas detenidos al ser testigos de tal abuso contra las libertades. Poco después se comunicó a los organizadores del 15S lo ocurrido y se les pidió informar de las detenciones en las intervenciones de los secretarios generales de CCOO y UGT. La respuesta de lo sindicatos fue que no podían hacerlo por considerar que se trataba de una llamada a la violencia y a "incendiarlo" todo.

Uno puede pensar que la negativa de los sindicatos a solidarizarse con los cuatro detenidos fue producto del despiste, el calor o por un súbito mareo producido por el enorme éxito de convocatoria. Mareados por el éxito o no, la respuesta de las direcciones de CCOO y UGT fue patética y no estuvo a la altura de las históricas organizaciones sindicales que representan. Fue la respuesta de alguien que defiende o por lo menos justifica por omisión a un sistema corrompido hasta el tuétano y a una élite político-empresarial que si la dejamos destrozará cualquier atisbo de justicia social y democracia. Incluyendo a los propios sindicatos. Por cierto, una de las detenidas que se solidarizó con los miembros de “Plataforma en Pie” es afiliada de CCOO.

Las direcciones sindicales siguen empeñadas en analizar la realidad como si nada hubiese cambiado desde 2008. Sus análisis corresponden al librillo de estilo de la socialdemocracia europea de la segunda mitad del siglo XX. Se trata de un gran legado político y teórico, sin duda. Sólo con una salvedad: ya no vivimos en un Estado del bienestar que ampara y protege a sus ciudadanos mediante una vasta estructura de servicios públicos y protección social. Han acabado con casi todo. Y en ese “casi” estamos ahora. Unos luchan por mantenerlo y otros empezarán a hacerlo cuando ya no quede nada.

Pedro Luna Antúnez.

Un baño de realidad

Hay que reconocer a CiU que son hábiles. Muy hábiles. En general, la burguesía catalana ha demostrado históricamente gran capacidad de adaptación al medio y al contexto político. Ya fuese en democracia o en plena dictadura. Aún así, ha conservado cierta pátina de derecha liberal y europea. Incluso entre la izquierda. Fue la misma izquierda la que ensalzó a CiU como la “derecha civilizada” en contraposición con la derecha española, más ruda y autoritaria. Poco importó el pasado franquista de la derecha catalana. Hoy Francesc Cambó, líder regionalista catalán durante los años veinte y treinta del siglo pasado y posterior adulador del dictador Franco, merece una estatua en el centro de Barcelona. Los fascistas siempre fueron otros.

La masiva manifestación del 11 de septiembre celebrada ayer en Barcelona es un nuevo logro de la burguesía nacionalista. No es fácil sacar a la calle a millón y medio de personas cuando por otro lado estás abocando a la pobreza a millones de ciudadanos y estás destrozando a golpe de decreto los servicios públicos más esenciales. El patriotismo y el soporte de los medios de comunicación obraron el milagro. Ayer una inmensa bandera tapó los recortes sociales del gobierno de CiU. Ese sentimiento gregario de pertenencia a la tribu del que se nutre todo nacionalismo llenó las calles de Barcelona para reclamar la creación de un nuevo Estado. Es decir, una vez más el debate sobre la cuestión nacional pasó por encima del debate social y de clase. Digamos que lo sepultó. Todo ello ante la satisfacción y la vanagloria de los Artur Mas y los Durán i Lleida.

La derecha nacionalista sabe hacer muy bien sus deberes. Su mensaje excluyente cala en la calle y ha relegado a la izquierda al papel de mera comparsa. La derecha ha vapuleado a la izquierda en su propio terreno. Lo ha logrado en un concepto tan gramsciano como el de la hegemonía cultural. La izquierda en Cataluña no es sino un espejismo de lo que fue el histórico PSUC. La idea de una república federal y el internacionalismo han caído en el olvido de una izquierda pendiente únicamente de los sondeos electorales y de la opinión pública. Es una izquierda estéril y adocenada que actúa a remolque de la derecha desoyendo e ignorando a su propia base social. A la izquierda catalana no le vendría nada mal bajar de nuevo al tajo. Le espera un baño de realidad.

Pedro Luna Antúnez.

Nuestro periodismo

Dice Ana Pastor que la han destituido de RTVE por hacer periodismo. Posiblemente sea así pero por desgracia no es la primera ni será la última. Antes que la mediática Ana Pastor, centenares de periodistas independientes fueron marginados y apartados de los grandes medios de comunicación, de los medios conservadores y de los que presumen de progresismo. Hoy en día el periodismo independiente no se hace en la prensa escrita y ni mucho menos en los informativos de televisión. Los medios convencionales están controlados por los tentáculos mediáticos del bipartidismo político y por los grupos económicos a los que sirven los primeros. Es decir, sirven al patrón y al comisario político.

La libertad de prensa en España está limitada por su propia estructura. Si pensamos en RTVE sería una quimera hacerlo en términos de servicio público. Ni con el PP ni con el PSOE. Son los grandes partidos políticos los que supervisan la información que sale de la televisión pública merced al control que ejerce el Consejo de Administración de la Corporación de RTVE. A partir de esa realidad, quien tiene la mayoría política controla la información. Así de simple. Es cierto que ese control puede ser más férreo o descarado dependiendo del color del gobierno de turno. Con el PP, un partido que desprecia la cultura y la libertad de expresión, no podemos sino esperar que resuciten la Vicesecretaría de Educación Popular.

Al periodismo independiente le queda el refugio de internet donde aún no se le han puesto puertas al campo. Eso no quiere decir que la Red escape del dominio mediático del poder. Pero sí que hay más margen de maniobra. Se trata de separar el grano de la paja. Disponemos de páginas y blogs realizados por periodistas o por ciudadanos libres y verdaderamente independientes. Si ya sabemos que la revolución no será televisada, no dejemos que también nos arrebaten los escasos espacios de libertad que nos quedan. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer cuando suene la sintonía del telediario será apagar el televisor.

Pedro Luna Antúnez.

Vacaciones de mierda

El mismo día que el Instituto Nacional de Estadística publicaba la EPA (Encuesta de Población Activa) del segundo trimestre de 2012, millones de españoles comenzaban sus vacaciones. Yo soy uno de los afortunados. Yo y algunos millones más. Pero no tantos. Según la EPA, la población ocupada en España es actualmente de 17.417.300 personas. Obviamente, no todos empiezan las vacaciones hoy. Entre otras cosas porque algunos millones las hicieron en julio. Otros las harán partidas durante agosto y otros muchos sencillamente no tendrán vacaciones. Algunos incluso tendrán un mes completo de vacaciones pero no podrán disfrutarlas porque no habrán cobrado la paga extra de verano o porque con el sueldo que cobran apenas les llegará para comer y pagar la hipoteca.

Es posible que existan despistados que aún no se hayan percatado de un detalle: ya no vivimos en aquel Estado del bienestar que nos garantizaba a todos un merecido mes de vacaciones. La pérdida del poder adquisitivo y la precariedad laboral han contribuido a que millones de españoles vean pasar el verano desde su balcón o a que sigan trabajando porque carecen de un derecho tan simple como el de disfrutar de un mes de vacaciones. Pero hay quienes están en peor situación. Si me remito a la EPA publicada hoy, en España ya hay 5.693.100 parados y la tasa de desempleo ha alcanzado su techo histórico con un 24´63%. A todos ellos ya les gustaría poder trabajar en agosto aunque fuese cobrando el salario mínimo interprofesional y sin derecho a vacaciones.

Cuando lleguemos a mediados de agosto “España será una fiesta” según los titulares de la prensa. Eso nos quieren hacer creer, que a pesar de ciertos sacrificios en este país se vive muy bien y que sus ciudadanos son profundamente felices por ello. Pero para la inmensa mayoría estas vacaciones serán una mierda. E insisto, parece que algunos no se quieren dar cuenta de la realidad social del país en el que viven. Esta misma tarde he recibido un correo electrónico de una organización política de izquierdas deseando unas buenas vacaciones a toda la militancia y avisando del cierre de la sede nacional durante todo el mes de agosto. Es decir, la lucha sigue compañeros. Pero en septiembre.

Pedro Luna Antúnez.

Pacto fiscal

Dice Artur Mas que gracias al Pacto Fiscal se resolverán casi todos los problemas de Cataluña. Supongo que en ese “casi” no incluirá, por ejemplo, el elevado fraude fiscal, los desahucios, el paro o unas tasas de pobreza infantil en Cataluña cercanas al 24%. El gobierno de la Generalitat es un elogio a la desfachatez y a la doble moral. Ha sido el fiel escudero del PP en la demolición controlada del Estado del bienestar. Decretos del gobierno central como el de la Reforma Laboral, los recortes en la prestación del desempleo y en el salario de los empleados públicos, la subida del IVA o la amnistía fiscal, recibieron los vítores más entusiastas desde la bancada convergente en el Congreso. Esas medidas han supuesto el empobrecimiento generalizado de la población española. También de la catalana, ya muy pauperizada desde que CiU inició su particular cruzada contra los servicios públicos en Cataluña, siendo el primer gobierno autonómico en aplicar el copago sanitario o adelgazando las ayudas a la renta mínima de inserción para los parados sin recursos económicos.

Hoy, a pocas horas de solicitar una línea de crédito al Estado, el Parlament de Catalunya ha aprobado una propuesta de pacto fiscal basada en el concierto económico para Cataluña. Es decir, en una agencia tributaria propia. No es ninguna novedad. El objetivo de una Hacienda catalana es una vieja reclamación del nacionalismo catalán sustentada en un supuesto expolio fiscal del Estado contra Cataluña. El recrudecimiento de la crisis hizo que el nacionalismo recuperase la demanda del concierto económico como cortina de humo para ocultar, y en ocasiones justificar, los recortes sociales en Cataluña. En este sentido, un lema como el de “Espanya ens roba” ha sido repetido de manera incesante por la cohorte del nacionalismo catalán formada por CiU-ERC y un tropel de nuevos partidos inspirados en el nacionalismo padano como Solidaritat Catalana per la Independencia, Reagrupament o Democracia Catalana del mediático Joan Laporta. Lo cierto es que el nacionalismo supo hegemonizar el debate social y el pacto fiscal pasó a erigirse en el eje central de discusión política en Cataluña.

Cataluña ya dispone de una propuesta para el pacto fiscal. O mejor dicho, el nacionalismo ya dispone de su propuesta. Que el pacto fiscal pueda ser una realidad en el futuro poco importa, la verdad. Desde una perspectiva social, el sistema fiscal es injusto y regresivo en España. Pero en Cataluña no sería muy diferente. Se trata únicamente de cambiar de gestores. El verdadero expolio, el que cometen las rentas altas contra la clase trabajadora, no sufrirá merma alguna porque no hay voluntad política para ello. Ni en España ni en Cataluña. Básicamente, seguiremos igual. Para finalizar, un último apunte. Cuesta creer que ICV-EUiA haya apoyado la propuesta sin la inclusión en el texto de un pacto social que apostara por la lucha contra el fraude fiscal, por una fiscalidad progresiva y por la solidaridad interterritorial. Tampoco es una novedad que la izquierda se haya dejado subsumir de nuevo por el nacionalismo de derechas.

Pedro Luna Antúnez.

El marasmo

Un domingo por la tarde es un buen momento para desempolvar los viejos volúmenes de nuestra biblioteca y releerlos por encima mientras saboreamos un buen café. Por ejemplo, esta tarde he vuelto a leer algunos pasajes de un ensayo que Miguel de Unamuno escribió en 1895. Su título: Sobre el marasmo actual de España. Pensaba hallar en el análisis de Unamuno de la España de finales del siglo XIX ciertas similitudes con la situación política actual. Hallé algo más que simples coincidencias cuando Unamuno se refería a la “honda crisis que atravesaba la sociedad española” y a que había “en su seno reajustes íntimos, vivaz trasiego de elementos, hervor de descomposiciones y recombinaciones, y por de fuera un desesperante marasmo”, que no conducía sin remisión al “espectáculo deprimente el del estado mental y moral de nuestra sociedad española”. Finalmente, Unamuno se refería a la prensa como una “una verdadera balsa de agua encharcada, vive de sí misma; en cada redacción se tiene presente, no el público, sino las demás redacciones; los periodistas escriben unos para otros, no conocen al público ni creen en él”. Una prensa que en definitiva adolecía de “verdaderos periodistas”.

La radiografía que Unamuno hizo de la España de 1895 no difiere demasiado de la que podríamos hacer de la España actual. La parálisis política e institucional, el adocenamiento de la prensa oficial, el caciquismo y el despotismo, la corrupción como algo inherente al propio sistema, la desfachatez de una monarquía obsoleta y parásita así como la podredumbre moral de la clase dirigente y de las élites financieras y económicas, siguen siendo moneda común hoy en día en España. Ésas son las taras de serie de un sistema, que si bien ha podido cambiar las apariencias y ser más o menos indulgente según el contexto histórico, sigue siendo el mismo que nos gobierna desde hace siglos. Con honrosos paréntesis como fue el de la Segunda República.

Nos han hecho creer que vivíamos el periodo democrático más duradero y estable de la historia de España, en un país moderno y socialmente avanzado, en una democracia parlamentaria consolidada fruto de una transición que fue modélica y el espejo para aquellos países avanzaban hacia la libertad. “La marca España triunfa en el mundo” nos decían cada vez que Induráin ganaba el tour de Francia o cuando por fin alzamos victoriosos la copa del mundo de fútbol. Decían que habíamos dejado atrás la España cabizbaja y acomplejada, la de La moral de la derrota del regeneracionista Luis Morote o aquella que Antonio Machado definió, entre otras lindezas poéticas, como país de “charanga y pandereta…devota de Frascuelo y de María, de espíritu burlón…vieja y tahúr, zaragatera y triste”. Sin embargo, esa España que poetizó Antonio Machado jamás desapareció. El fracaso del Estado moderno y de la ilustración en nuestro país o la posterior quiebra democrática y cultural de 1939, han hecho que la historia de España continúe explicándose como un eterno retorno hacia la miseria económica, el atraso cultural y la indolencia política.

Pedro Luna Antúnez.