Análisis sobre la situación social y económica

Artículo publicado en Rebelión.

La actual coyuntura económica y social es ciertamente dramática. Desde que se iniciara la crisis, ha sido exclusivamente la clase trabajadora la que ha pagado las consecuencias de una situación provocada por el gran capital, por quienes tras años de especulación financiera e inmobiliaria desmedida han provocado un estado de bancarrota de la economía española. La crisis, aún habiendo tenido una transcendencia internacional, ha chocado frontalmente con la débil y precaria estructura económica del Estado español. No podía ser de otra manera cuando el patrón de crecimiento económico en la última década se ha basado esencialmente en la especulación inmobiliaria y en los servicios de bajo coste.

Los respectivos gobiernos tanto del Partido Popular como del PSOE han edificado un modelo económico frágil, escasamente productivo y orientado hacia el beneficio rápido. Al mismo tiempo, tal modelo económico ha consolidado un mercado de trabajo de naturaleza precaria con altas tasas de temporalidad y de siniestralidad, abuso de las horas extras, fraude empresarial en materia contractual y de la seguridad social, etc. Con ello, si bien entre 1999 y 2006 los beneficios empresariales aumentaron en un 73%, la clase trabajadora apenas vio mejorar sus condiciones laborales, sino más bien todo lo contrario. Por ejemplo, entre 1995 y 2005 la clase obrera española perdió poder adquisitivo, en torno a un 4% menos. Por otro lado, en los últimos veinte años la temporalidad laboral apenas se ha movido de la franja del 30% y las medidas adoptadas para paliar tan elevado índice han resultado ineficaces y en ocasiones contraproducentes para los intereses de la clase trabajadora. Es decir, el ciclo de crecimiento económico de finales del siglo anterior y principios del actual no generó riqueza real ni bienestar social para el conjunto de la clase trabajadora. En época de crecimiento se privatizaron los beneficios. En la actualidad, son las pérdidas las que se socializan.

Es por ello que los procesos y las dinámicas actuales no son casuales y con anterioridad a la crisis, el mercado laboral español ya presentaba los déficits en cuanto a precariedad y temporalidad que han provocado el desplome y la destrucción de empleo posterior. La insuficiencia del Estado del bienestar y de la protección social en España no son consecuencia de la crisis sino una de las causas de la misma. Ya en febrero de 2005 el Sector Crítico de CCOO alertaba en un estudio sobre la “desconvergencia” que se estaba produciendo con respecto a la Unión Europea en materia de gasto social. En este sentido, el ciclo expansivo de la economía española que se había iniciado en 1995 no se aprovechó para mejorar la protección social y acercarnos a Europa sino que la tendencia había sido la inversa. El gasto en protección social representaba en España el 24% del PIB en 1993 y en la Unión Europea el 28,8%. Por lo tanto, el diferencial era de 4,8 puntos. Pues bien, en 2000 el gasto social en España era del 20,1% y aunque el gasto de la Unión Europea se había reducido a un 27,3%. El diferencial había aumentado hasta los 7,2 puntos.

La propaganda neoliberal del déficit cero se había fraguado mediante una drástica reducción del gasto social en un contexto de crecimiento económico. En paralelo, se había utilizado de manera escandalosa el superávit de la Seguridad Social para cuadrar las cuentas del Estado, tapando el agujero de la reforma fiscal y transfiriendo recursos de la protección social a las rentas más elevadas. Por otra parte, la economía no crece de manera infinita sino que depende de los ciclos y de las fluctuaciones del mercado. Esa es una ley básica de la economía que parecieron obviar las élites del neoliberalismo. La crisis que vendría después no haría sino agudizar los problemas estructurales de la economía española y su fragilidad desde el punto de vista social y de empleo.

La destrucción de empleo es sin duda actualmente el mayor problema que afecta a la economía española y al conjunto de la clase trabajadora de nuestro país. Y el problema se hace aun más grande cuando la protección social es insuficiente para hacer frente a las necesidades de subsistencia de los desempleados y a las crecientes bolsas de pobreza. Un país que apenas gasta en protección social el 20% del PIB no puede afrontar en condiciones la mejora de las ayudas al desempleo, teniendo en cuenta además que el problema del desempleo en España es estructural y no obedece exclusivamente a la evolución de la economía.

Podríamos afirmar que el desempleo caracteriza el modelo económico español y que forma parte del mismo como uno de sus rasgos más visibles. Es cierto que el desempleo ha aumentado a causa de la crisis pero con anterioridad a la crisis el problema no era precisamente insustancial. No olvidemos que en los últimos quince años la cifra de parados apenas ha bajado de los 2.000.000de afectados llegando a alcanzar los 3.000.000 en fases de crecimiento económico.

En el tercer trimestre de 2008 se produce un punto de inflexión y el desempleo aumenta hacia cuotas históricas, pasando de 2.500.000 de parados a 4.000.000 en apenas año y medio. En una dinámica de socialización de las pérdidas y de sacrificio permanente de los trabajadores y trabajadoras es complicado atisbar a día de hoy cuando remitirá la situación. Los índices no parecen acompañar y en 2010 la destrucción de empleo no sólo no se ha frenado sino que se ha disparado, afectando muy especialmente a tres colectivos tan vulnerables como los jóvenes, las mujeres y la población inmigrante.

En la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año la tasa de desempleo se ha situado en el 20,05% y el número de parados ha alcanzado la cifra de 4.612.700 desempleados, 286.000 más que en el último trimestre de 2009, 602.000 más que hace doce meses y 2.000.000 más que hace un año y medio. Un país que genera 2.000.000 millones de desempleados en 18 meses es un país socialmente desestructurado y que adolece de políticas económicas activas que por lo menos puedan paliar la sangría en cuanto a destrucción del empleo. En tales circunstancias, España es un país socialmente enfermo al que ni siquiera se le administra el tratamiento ni los antídotos apropiados puesto que estos últimos son propuestos por los mismos que han provocado la enfermedad.

Decíamos en líneas anteriores que la protección social en España es insuficiente. En este caso, los intentos por mejorarla han sido infructuosos o cuando menos han significado un brindis al sol. Porque de infructuosa podemos calificar la ayuda de los 420 euros a los desempleados aprobada por el gobierno central el año pasado. Tal ayuda, concedida a los desempleados sin prestación económica desde el 1 de enero de 2009 no sólo es insuficiente desde una perspectiva material sino que además exige unos requisitos que buena parte de los afectados no pueden cumplir. Por ejemplo, la ayuda es incompatible con la percepción de otro tipo de prestaciones sociales o rentas mínimas y requiere no tener rentas superiores a 468 euros, es decir, el 75% del Salario Mínimo Interprofesional. En el momento actual el gobierno central debería plantearse una ampliación de la renta activa de inserción de carácter universal si de verdad aspira a mejorar la situación insostenible de millones de trabajadores y trabajadoras que una vez superado el plazo máximo de prestación del desempleo carecen de ayuda o renta mínima alguna para subsistir. Recordemos que actualmente son ya 1.300.000 las familias españolas que tienen a todos sus miembros en el paro.

Se ha demostrado que las intenciones del gobierno central a la hora de luchar contra la crisis económica y el desempleo son las mismas recetas que propone la patronal. Tales intenciones se han puesto de manifiesto en dos proyectos del gobierno de Zapatero de marcado perfil neoliberal: por un lado, la propuesta de revisión del Pacto de Toledo y del sistema público de pensiones y por otro lado, el documento de reforma del mercado de trabajo presentado por el gobierno el pasado 12 de abril. Con el primero, el objetivo del gobierno es el de iniciar un proceso gradual hacia el empobrecimiento del sistema público de pensiones y reforzar el papel de la previsión social complementaria, aproximándose, así, a un modelo mixto basado en una seguridad social pública débil y de carácter asistencial y en una protección social de iniciativa privada. La raíz neoliberal del proyecto de revisión del sistema de pensiones se caracteriza por situar el debate en torno a los gastos y no en los ingresos, cargando sobre la clase trabajadora el incremento de los ingresos de la Seguridad Social mientras el pasado mes de julio el propio gobierno central planteó una reducción de las cuotas empresariales del 2%.

Retrasar por decreto la edad de jubilación hasta los 67 años y ampliar el periodo de cálculo de cotización exigible para generar una pensión de los 15 años actuales a los 25 años son medidas profundamente antisociales que muestran la verdadera cara de un gobierno aliado con los intereses empresariales. Por ello, fue determinante el éxito de las movilizaciones convocadas por las organizaciones sindicales en toda la geografía española el pasado 23 de febrero en protesta contra la reforma de las pensiones planteada por el gobierno.

Respecto al proyecto de reforma del mercado de trabajo presentado por el gobierno el 12 de abril a sindicatos y patronal, el ejecutivo central persigue una reforma laboral en toda regla con cuatro grandes ejes centrales como objetivos:

- Reducción de las indemnizaciones por despido. El gobierno pretende generalizar el contrato de fomento de la contratación indefinida (indemnización de 33 días) introducido en la reforma laboral de 1997 con la finalidad de reducir los elevados índices de temporalidad laboral. Éste contrato sustituiría progresivamente al contrato ordinario de 45 días de indemnización. En paralelo, el proyecto de reforma contempla la aplicación en España del llamado “modelo austriaco”, consistente en una nueva aportación mensual como indemnización por despido que genere una bolsa propiedad del trabajador resultante de un fondo empresarial pero que se nutre del salario del propio trabajador (en Austria la aportación es del 1,53% del salario bruto). Con tal medida, el gobierno español espera únicamente abaratar el despido pero parece ignorar que el modelo que se aplica en Austria se asienta sobre un Estado social muy superior al español. Por ejemplo, en Austria la tasa de desempleo es del 5% frente al 20% de España y en Austria la prestación por desempleo es indefinida. ¿Pretende también el gobierno del PSOE extrapolar la realidad social austriaca a la paupérrima realidad española o se trata sólo de reducir las indemnizaciones por despido?.

- Ampliación del contrato de formación. Esta medida la justifica el gobierno para mejorar los índices de empleo juvenil pero sin atender a la precariedad que comporta un tipo de contrato exento de los topes salariales pactados en los convenios y que no genera derecho al desempleo ni a la jubilación. El gobierno aspira a incrementar la edad límite para acceder al contrato de formación, pasando de los actuales 21 años hasta los 24 años.

- Supresión de las restricciones a las ETT´S. Mediante el proyecto de reforma, el gobierno afirma su predisposición a eliminar las trabas legales hacia las empresas de trabajo temporal (ETT,S). Por ejemplo, se propone extender las ETT´S a sectores como la construcción donde su implantación era muy limitada. Al mismo tiempo se potencian las empresas privadas de recolocación.

- Mayor flexibilidad en los contratos a tiempo parcial. El objetivo del gobierno en este punto es la desregulación completa de la jornada laboral de los trabajadores contratados a tiempo parcial de manera que las empresas puedan modificar los horarios de trabajo a su antojo y con un mínimo preaviso a determinar y en el que se podrían incluso acordar la aplicación de horas extras.

En definitiva, estamos frente a una reforma laboral profundamente lesiva contra los intereses de la clase trabajadora. La actitud de rechazo de los sindicatos de clase a las medidas del gobierno central obligan a replantear un nuevo escenario y unas nuevas pautas en la mesa del dialogo social. El gobierno ha de cambiar los parámetros de la negociación si pretende llegar a un acuerdo y si de verdad espera acabar con los desajustes sociales y con la destrucción de empleo, ha de encarar la negociación desde una perspectiva social y de impulso de política laborales activas que fomenten la creación de empleo sin perdida de derechos, mejora de la protección social, defensa del sistema público de pensiones, aplicación de políticas fiscales progresivas, etc.

Las 100 propuestas de Izquierda Unida para una salida social de la crisis, presentadas por la organización el pasado mes de febrero son sin duda un gran eje con el que trabajar y proponer alternativas a la ofensiva neoliberal de la patronal y del gobierno. Exigir la causalidad en los contratos temporales, el aumento progresivo del salario mínimo interprofesional hasta un 60% del salario medio o la reducción de la jornada laboral semanal a 35 horas sin merma salarial son propuestas tangibles sobre una base real, la necesidad, por un lado, de controlar la contratación temporal y por otro lado, de mejorar el poder adquisitivo de los colectivos más frágiles. La creación de empleo es sin duda el otro gran reto y para hacerlo hacen falta recursos económicos. Izquierda Unida propone un fondo de 10.000 euros más 1.800 de la Comunidades Autonomías para acometer un plan activo de creación de puestos de trabajo, lejos de la eventualidad del Plan E y de las palabras hueras del gobierno en materia de empleo. La izquierda sindical y política ha de pasar a la acción y ha de hacerlo sin complejos. Es necesario un rearme ideológico desde la izquierda. Un rearme que impulse conjuntamente el diálogo social y la movilización. Se ha puesto de manifiesto que la movilización de los trabajadores y trabajadoras ha supuesto un acicate y una motivación extra para mantener la posición de firmeza de las organizaciones sindicales en la mesa de negociación. Esa es la línea a seguir.

Hace pocas semanas, el profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, Carlos Alfonso Mellado, publicaba en la Fundación 1º de Mayo de CCOO un estudio en el que se afirmaba una gran verdad: la solución a la crisis no es la reforma laboral que “tantas voces acreditadas” demandan con gran ahínco y no lo es porque la crisis no tiene su origen en el mercado de trabajo sino en un colapso de los mercados financieros internacionales (y en el caso de España, en el estallido de la burbuja inmobiliaria y a causa de un modelo productivo basado en sectores muy vulnerables). Por lo tanto, la alternativa no está en la reforma de ese mismo mercado de trabajo y menos aún si la reforma se asienta en abaratar el despido o en flexibilizar aún más las relaciones laborales en el marco de la empresa.

En cualquier caso y a la vista de la coyuntura actual, el gobierno central parece ignorar la situación de precariedad laboral y social millones de ciudadanos y ciudadanas. El reciente anuncio del gobierno de realizar un ajuste que afectará al salario de los funcionarios, a las pensiones y la futuro de la prestación por maternidad suponen un duro golpe a un Estado social y del bienestar ya de por sí frágil. En concreto, el gobierno aplicará en 2010 una reducción salarial del 5% y la congelación del sueldo en 2011 en la función pública. Así mismo, en 2011 se congelará la revalorización de las pensiones, excepto las no contributivas y las mínimas, a la vez que se suprimirá el régimen transitorio de la jubilación parcial. Además se eliminará el carácter retroactivo de las ayudas de la ley de dependencia y en 2011 se suprimirá la ayuda de 2.500 euros por maternidad. Por último, el gobierno reducirá en 6.045 millones de euros la inversión pública estatal entre 2010 y 2011, periodo en el que también se aplicará un recorte de 600 millones en la ayuda oficial al desarrollo. Es decir, más jarabe de palo contra la clase trabajadora. Frente a ello, no nos queda otra salida que manifestar nuestro rechazo, salir a la calle en el contexto de una movilización general y recuperar el diálogo social desde la exigencia de dar una salida a la complicada situación que atraviesan millones de ciudadanos y ciudadanas. La respuesta de las organizaciones sindicales y políticas ha de ser contundente y para ello se han de preparar las condiciones, despojándose de ciertas rémoras y aspirando a algo más que gestionar los efectos de la crisis. Y lo diremos cuantas veces haga falta: que la crisis la paguen quienes la han provocado. Mientras no se resuelva tal necesidad, el conflicto social estará servido.

Pedro Luna Antúnez.

Pensiones, salarios y negociación colectiva en Seat

Decía J.K Galbraith que en economía la mayoría siempre se equivoca.

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"Economistas de otra galaxia"

La receta no es nueva ni es original. Las voces más cercanas al neoliberalismo dentro y fuera del gobierno del PSOE ganan cada vez más influencia y su exigencia es clara y precisa: hay que revisar el sistema público de pensiones alargando la edad de acceso a la jubilación hasta los 67 años y es necesario bajar los salarios a fin de mejorar los índices de productividad de la economía española. Sobre la reforma de las pensiones el debate está abierto y es de plena actualidad, habiéndose centrado la atención mediática en la ampliación de la edad de jubilación si bien la propuesta del gobierno contiene otra serie de medidas igualmente regresivas para la clase trabajadora. Por ejemplo, se propone la ampliación del periodo de cálculo de cotización exigible para generar una pensión, pasando de los 15 años actuales a los 25 años. Asimismo, el documento refuerza el papel de la previsión social complementaria, abriendo el camino hacia la consolidación de un sistema mixto de protección social, por un lado, una seguridad social débil y meramente asistencial y por otro lado, una protección social alternativa de iniciativa privada. En este sentido, es aceptable una previsión social complementaria ligada a planes de pensiones de empresa con control sindical pero en absoluto podemos aspirar al modelo anglosajón de pensiones basado en la necesidad de contratación de planes de pensiones privados. Tal pretensión parece ser la del gobierno central ya que mientras se revisan a la baja las pensiones públicas se siguen financiando los planes de pensiones privados de las rentas más elevadas.

Pero realmente ¿está en peligro el sistema público de pensiones en España?. La revisión del pacto de Toledo propuesta por el gobierno central alude a la sostenibilidad y al futuro del sistema, no en vano, sobre tal directriz se cimentó el primer pacto firmado en 1995. La preocupación por el futuro de nuestro sistema público de pensiones no sólo es legítima sino necesaria, y en los últimos años el movimiento sindical y en especial CCOO ha sido corresponsable con la situación. Por ejemplo, habrá que explicar que el sistema de pensiones ha sido flexible en los últimos años de modo que ha permitido jubilaciones anticipadas con penalización y jubilaciones más allá de los 65 años con una ligera bonificación. No obstante, advertimos en esta ocasión un análisis deliberadamente desproporcionado del gobierno a fin de propiciar un clima de alarma entre la población española sobre el futuro de las pensiones. La situación, por el contrario, es otra y no tan dramática. Cabe destacar que la Seguridad Social registró en 2009 un superávit de 8.502 millones de euros y en 2010 prevé uno de 2.000 millones de euros. Las arcas, por consiguiente, parecen estar saneadas.

Al mismo tiempo, el gobierno cuestiona la viabilidad futura del sistema de pensiones con motivo de la ampliación de la esperanza de vida entre la población española en el periodo 1980-2005, habiendo pasado de 76 a 80 años. Claro que tal argumento es una media verdad puesto que la mejora en la esperanza de vida de los españoles en los últimos 25 años se ha debido no tanto a que los pensionistas vivan cuatro años más sino a una reducción importante de la tasa de mortalidad infantil. En cambio, nada se dice de la diferencia de 10 años de la esperanza de vida en España entre los más ricos y los más pobres, siendo ésta de 7 años en la Unión Europea.

En definitiva, el gobierno trata de colar una reforma de las pensiones por la vía de la reducción de gastos cuando el debate debería situarse en los ingresos. Bajo el pretexto de salvar el sistema público de pensiones se persigue endurecer el periodo de cálculo y los requisitos de acceso a una pensión, “mileurizar” las pensiones públicas más altas y orientar la protección social hacia la empresa privada para aquel que pueda pagarla, desgravando hasta 10.000 euros al año en el IRPF. Los objetivos de fondo posiblemente sean éstos y no tanto el de alargar la edad de jubilación hasta los 67 años, una propuesta obviamente impopular que ha servido al gobierno de escudo mediático para que no transcendieran públicamente otras propuestas que no dejan de ser la esencia de la revisión que se propone del pacto de Toledo.

Al contrario que la reforma de las pensiones, sobre la cuestión salarial no se ha teorizado tanto y de alguna manera el debate ha pasado casi inadvertido. El gurú y economista de cabecera de Zapatero, el premio Nóbel de economía de 2008, Paul Krugman, ya advirtió en su momento que España debería someterse a una profunda devaluación interna con recortes de salarios y precios para poder salir de la crisis económica ya que no podía esperar ayudas de la Unión Europea. En paralelo, el comisario europeo de Asuntos Económicos, el socialista Joaquín Almunia, alertó hace unos meses sobre la necesidad de tener en cuenta la baja productividad de la economía española a la hora de calcular los salarios, evitando que los salarios se situaran por encima de la productividad, circunstancia que según Joaquín Almunia provocaría la pérdida de competitividad de la economía española. El caso es que en los últimos años los salarios no han estado por encima de la productividad, y menos aún de los beneficios de las empresas, sino más bien al contrario. Recordemos que en los años de bonanza de la economía española, durante el periodo 1999-2006 los beneficios empresariales crecieron hasta el 73% mientras la clase trabajadora perdía poder adquisitivo, entorno a un 4% menos. Es decir, no sólo crecieron los beneficios empresariales por encima de los salarios sino que la diferencia entre ambos fue realmente abismal.

La receta clásica, y utilizada hasta la saciedad durante la crisis post-92, fue la de devaluar la moneda nacional. Pero como es lógico ésta es una medida imposible desde que desapareciera la peseta y entrara en escena el euro, y como no era posible devaluar la moneda hallaron la solución en aplicar el tijeretazo en los salarios de la clase trabajadora. Ese ha sido durante años el manual del ministerio de economía y el de una patronal anquilosada en los usos y maneras del desarrollismo de los años 60. Jamás escucharon las advertencias de los economistas alejados del pensamiento único, a los que Felipe González acusaba en su época de “no ser de izquierdas ni de derechas sino simplemente de otra galaxia”.

Una vez explotó la burbuja inmobiliaria y se derrumbó como castillo de naipes la frágil estructura de la economía española, basada en la especulación y en la construcción, los apóstoles de la competitividad fijaron de nuevo su atención en los salarios. La consigna era la de recortar salarios con el objetivo de ganar en competitividad. ¿Pero competitividad con quién?. Por supuesto, no con Alemania, Francia o Gran Bretaña, tres países con salarios muy por encima de los salarios españoles y que sin embargo también nos ganan en productividad. Pero cuando en España se habla de mejorar la productividad siempre se piensa en la reducción de los salarios prácticamente como la única alternativa. No se habla de aumentar la productividad con una nueva política económica e industrial que dé sus resultados a medio plazo ni tampoco se aconseja invertir la política fiscal que en los últimos 20 años han dejado las cuentas públicas tan débiles como un geranio ante el huracán de la crisis económica. Desde CCOO hace años que se viene haciendo hincapié en la necesidad de impulsar un nuevo modelo productivo más encarado hacia la industria como sector estratégico, el I+D+i, y la incorporación de actividades de un mayor valor añadido. Así se gana en productividad. Sin necesidad de emigrar hacia otra galaxia.

"En economía la mayoría siempre se equivoca"

El episodio de la congelación salarial en Seat demuestra claramente como en época de crisis económica se necesita una referencia que marque el camino a seguir. A principios de 2009 y una vez superado el marco del XVII Convenio Colectivo, vigente entre 2004 y 2008, el salario de los trabajadores de Seat queda congelado a falta de un convenio nuevo que regule los incrementos salariales de acuerdo con la evolución del IPC. Recordemos que en 2009 el gobierno central no hace público el IPC previsto, una referencia que en los últimos años se había situado en el 2%, en sintonía con los objetivos inflacionistas del Banco Central Europeo, y que iba asociada en materia salarial a la mayoría de convenios colectivos. El mismo XVII Convenio Colectivo de Seat utilizaba la referencia del IPC previsto con cláusula de revisión salarial para adecuar los incrementos salariales al IPC real. Pero en 2009 no hay nuevo Convenio Colectivo de Seat, ni proceso de negociación en marcha, y por lo tanto, no hay subida salarial, un contexto que aprovechará la dirección de la empresa para supeditar la viabilidad y el futuro de la marca a la reducción de los costes salariales.

En esta coyuntura, en febrero de 2009 el IPC se situó en el 0,7% de la tasa interanual al bajar un 0,1% respecto al IPC de enero. Según el INE (Instituto Nacional de Estadística), la tasa interanual de febrero de 2009 marcaba su nivel más bajo en los últimos cuarenta años, en una deriva que supuestamente había de culminar en deflación y en el consiguiente desplome del IPC. A la vista de la situación, la dirección de Seat mueve inmediatamente a sus peones. El 26 de febrero en el seno de un Comité Intercentros, y tras una intensa campaña mediática en la prensa, la dirección informa a las organizaciones sindicales de Seat que la posible fabricación del modelo Audi Q3 en la planta de Martorell está condicionada a la reducción de costes y al aumento de la rentabilidad del Grupo Seat. En concreto, la dirección de Seat, al alimón con las directrices que emanan de Volkswagen, propone a la representación social las siguientes medidas a cambio de la asignación del nuevo modelo:

• Mantenimiento del empleo en los próximos dos años (2009 y 2010).
• Congelación salarial a las plantillas del Grupo Seat durante dos años (2009 y 2010).
• Presentación de un ERE temporal de dos años (2009 y 2010) condicionado a la asignación del nuevo modelo y hasta la fabricación del mismo (2011).
• Inversión de 300 millones de euros destinados a la fabricación del modelo Audi Q3.

Curiosamente, el mismo 26 de febrero la Sección Sindical de UGT-Seat publica una hoja informativa en la que no sólo se hace eco de las propuestas de la dirección de la empresa sino que ejerce de portavoz de las mismas. La UGT en su hoja apunta a que mientras en el resto de las empresas del sector las direcciones empresariales no sólo se conforman con una reducción salarial, sino adelgazan sus plantillas todo lo que pueden. Por ello, la UGT afirma que la situación en Seat es diferente ya que estamos hablando de fabricar un nuevo modelo y garantizar el empleo en el Grupo Seat a cambio de una congelación salarial de dos años. Y sino queda clara cual es la posición de UGT, en el penúltimo párrafo afirman lo siguiente: Ante estas y otras perspectivas UGT valorará la mejor vía para salvaguardar los puestos de trabajo, aunque sea con el sacrificio de toda la plantilla ya que esto es solidaridad con compromiso de futuro, y no demagogia la cual nos podría arrastrar y desembocar a situaciones no deseadas, por lo menos por este sindicato.

Entre la dirección de Seat y la UGT se estaba abonando el terreno para acordar dos años de congelación salarial. Por otra parte, en marzo de aquel mismo año el IPC cae en picado y se rebasa el umbral de la deflación, situándose la tasa interanual en el -0,1%, es decir, sólo en un mes el IPC se redujo en 0,8%. Se trataba sin duda del mejor escenario para justificar un acuerdo de congelación salarial con la contrapartida de la adjudicación de un nuevo modelo. El 9 de marzo se reúne el Comité Intercentros de Seat y la dirección de la empresa solicita a la representación social cual es su respuesta a las propuestas del 26 de febrero. La UGT responde que aún considerando excesivas las propuestas de la empresa, entiende que lo prioritario es buscar soluciones que permitan evitar situaciones irreversibles para toda la plantilla aún más cuando le consta, por informaciones recibidas de VW, que el nuevo modelo aún no ha sido adjudicado.

Dicho esto, la UGT propone mantener las tablas salariales de 2008 en 2009 y el incremento del 50% del IPC previsto en 2010. Para 2011 la UGT propone un incremento salarial tomando como base el IPC, más un posible porcentaje a negociar en función de los IPC reales de 2009 y 2010, y teniendo en cuenta la situación económica de la empresa. Finalmente, para 2011 la UGT propone la percepción de una paga no consolidable y condicionada a los resultados financieros de la empresa de un mínimo de 200 euros. Con ello, la UGT proponía una congelación salarial en toda regla y una recuperación del poder adquisitivo supeditada siempre a la cuenta de resultados de la empresa. Añadir que la UGT propuso la celebración de un referéndum entre la plantilla de Seat con el fin de legitimar su batería de propuestas en materia salarial.

Frente a ello, la posición de CCOO en el Comité Intercentros del 9 de marzo fue la de exigir que la plantilla del Grupo Seat en ningún caso perdiera poder adquisitivo consolidado en tablas durante la vigencia del acuerdo (IPC reales de 2009, 2010 y 2011). Asimismo, desde CCOO propusimos la percepción durante el acuerdo de las cantidades dejadas de ingresar en aplicación de la cláusula de revisión del XVII Convenio Colectivo, reclamando la reactivación de la misma cláusula una vez finalizada la vigencia del acuerdo en 2012. Respecto a la celebración del referéndum, desde CCOO, y aún estando de acuerdo con la consulta a la plantilla, alertó sobre la necesidad de realizar una pregunta clara y que el redactado de la misma se decidiera en el seno del Comité Intercentros.

A la sazón, la propuesta de UGT no garantizaba la recuperación del poder adquisitivo en 2011 tras dos años de congelación salarial, porque la recuperación no se consolidaba en tablas salariales y porque se condicionaba a la evolución positiva de los resultados financieros de la empresa. Al contrario de la UGT, la propuesta de CCOO exigía en todo momento no perder poder adquisitivo en el transcurso de los tres años de vigencia del posible acuerdo, consolidando los incrementos salariales en tablas y sin supeditar tal exigencia al balance económico de la empresa.

El 18 de marzo se celebró el referéndum votándose la propuesta que la UGT presentó en el Comité Intercentros del día 9. En los días precedentes a la consulta, la UGT se había encargado de avivar el miedo entre la plantilla al situar la congelación salarial como la única alternativa al despido seguro de miles de trabajadores y trabajadoras del Grupo Seat. Incluso en los medios de comunicación el referéndum de Seat propició la profusión de encuestas en tertulias y diarios con la pregunta de rigor: ¿entre congelarse el sueldo y perder el puesto de trabajo, qué elegiría usted?. Porque en realidad, el referéndum del 18 se presentó como un dilema entre salario y empleo. Todos los resortes, sindicales, empresariales, mediáticos y políticos, amplificaron el eco atronador del miedo a los despidos y al futuro de Seat como marca viable. El 11 de marzo el editorial de El Periódico de Catalunya (La plantilla de Seat tiene la palabra) decía lo siguiente: Aunque entendemos que las dinámicas sindicales en las empresas son complejas y que los trabajadores, en general, son los grandes afectados por esta profunda crisis, sería una desgracia dejar pasar esta oportunidad por una leve pérdida de poder adquisitivo de la plantilla. Los tiempos son muy duros y todas las partes implicadas deben mantener la cabeza fría para que los costes sociales sean los menos posibles.

Como era de esperar, el referéndum sirvió para que la UGT se diera un baño de masas y para que la propuesta de congelación salarial recabase un amplio respaldo. El voto afirmativo obtuvo el 65,17% de los votos frente al 31,3% de votos en contra y el 3,5% de votos nulos o en blanco. Decía J.K Galbraith que “en economía la mayoría siempre se equivoca”, y sin dar ni quitar la razón al ilustre economista canadiense, y aún habiéndonos opuesto a la congelación salarial propuesta por la UGT, creemos que la reacción de la mayoría de la plantilla de Seat fue comprensible. Cuando a una plantilla se le coloca la espada de Damocles de elegir entre congelarse el sueldo o perder el empleo es de prever que opte por la primera opción. Lo que ya no es tan comprensible fue la ligereza con la que UGT aceptó los argumentos de la dirección de Seat favorables a la contención salarial a cambio de una promesa hueca. Porque es iluso pensar que la fabricación del modelo Audi Q3 se deba a que la plantilla de Seat se haya congelado el salario durante dos años. En Seat la masa salarial de la plantilla apenas representa el 7% del valor final del producto y en concreto la congelación salarial para 2009 y 2010 le supone a la dirección de Seat un ahorro escaso de 5 millones de euros, en una estimación al alza.

Es evidente que a la hora de asignar la fabricación de un modelo a un centro de trabajo, se siguen otra serie de criterios, ya sean en el ámbito del ahorro de costes como en el ámbito técnico y profesional. Del primero, hay que constatar una realidad que es irrefutable: el auténtico ahorro de costes para Seat no ha venido de la congelación salarial sino de la subvención económica recibida de la administración pública, entorno a 300 millones de euros, en concepto de las ayudas al sector de la automoción (Plan de Competitividad del Sector de Automoción) aprobadas por orden ministerial en 2009. Ayudas, que por cierto, están supeditadas a la no aplicación de despidos en los próximos años por parte de la empresa receptora.

Recordemos dos de las propuestas que la dirección de Seat presentó en el Comité Intercentros del 26 de febrero:

• Mantenimiento del empleo en los próximos dos años (2009 y 2010).
• Inversión de 300 millones de euros destinados a la fabricación del modelo Audi Q3.

Curiosamente, la inversión de 300 millones de euros no salió de las arcas de la empresa sino de la administración, justamente los 300 millones percibidos del plan de competitividad del sector de la automoción con la condición de no aplicar despidos y por lo tanto, de mantener el empleo. Pero lo más trágico fue que en enero de 2010 la dirección de Seat decidió de manera unilateral el despido de más de 200 trabajadores/as del personal indirecto.

Respecto a los criterios del ámbito técnico y profesional, recordemos que fue el propio presidente de Audi, Rupert Stadler, quien admitió que las razones para asignar el modelo Audi Q3 a Seat se debían a la calidad, productividad y cualificación de la planta de Martorell. El anuncio, que se hizo público el pasado 21de abril por medio de la intranet de Audi casi un mes después del referéndum, desmontó por completo la idea generalizada de que la fabricación del muevo modelo en Seat iba a ser posible gracias a la congelación salarial. Si Seat competía con plantas como Gyor (Hungría) o Bratislava (Eslovaquia) a la hora de fabricar el Audi Q3 es indudable que la ventaja de Martorell residía en la calidad y la cualificación de la planta y no tanto en los costes salariales. La congelación salarial de Seat no es más que una cuestión política, una estrategia empresarial para condicionar la negociación del próximo Convenio Colectivo. Ya en la negociación del XVII Convenio Colectivo, uno de los objetivos de la dirección de Seat fue la de recortar la masa salarial de la plantilla vía supresión de la cláusula de revisión salarial y del plus de festivos. La congelación salarial en Seat es una cuestión política como también lo es que les suban el salario a los trabajadores alemanes de Volkswagen. En septiembre de 2009 la dirección de la multinacional llegó a un acuerdo con el sindicato alemán IG Metall por el cual se incrementaba en un 4,2% el sueldo de los 95.000 empleados de las seis plantas alemanas de Volkswagen. Habrá que pensar que el consorcio no trata por igual a las colonias a que la metrópoli o habrá que pensar que efectivamente el salario no determina la viabilidad industrial ni los volúmenes productivos de los centros de trabajo de Grupo Volkswagen.

Lo diremos sin ambigüedades: la experiencia de la congelación salarial en Seat ha sido y es un fraude sin precedentes. Eso es algo que no podemos ignorar ni maquillar, máxime cuando estamos en 2010 y la plantilla no ha visto mejorado su nivel salarial en los términos que proponía la UGT para el presente año: incremento del 50% del IPC previsto. Ello unido a los despidos de enero de 2010 ha avivado una sensación de debilidad sindical y política frente a la petulancia de la empresa, la cual, con o sin oposición, va haciendo camino y alcanzando las metas que se propone. Desde el movimiento sindical de Seat y desde las instituciones se han cometido errores y ahora se trata de corregirlos. Se han equivocado y el tiempo así lo ha demostrado. Y si por mayoría entendemos la UGT, la Generalitat de Catalunya, el gobierno central, los medios de comunicación y la opinión pública en general, pues tendremos que darle, muy a pesar nuestro, la razón a J.K Galbraith.

"La negociación colectiva es nuestro objetivo"

Como decíamos en líneas anteriores, estamos en 2010 y la plantilla de Seat continúa perdiendo poder adquisitivo sin haber percibido ni siquiera el incremento salarial propuesto por la UGT en el Comité Intercentros en el Comité Intercentros del 9 de marzo de 2009 y ratificado por la plantilla en el referéndum del mismo mes. Claro que habrá que explicar a los trabajadores y trabajadoras de Seat que no existen los acuerdos del Audi Q3 ya que la propia dirección de la empresa manifestó que la propuesta de congelación salarial para 2009 y 2010 aceptada en el referéndum de marzo no se ajustaba a la planteada por la dirección en el Comité Intercentros del 26de febrero (acta del Comité Intercentros del 20 de marzo de 2009). En todo caso, si a día de hoy la plantilla de Seat sigue padeciendo la congelación de su nivel salarial, se debe no sólo a las propuestas incumplidas, sino a la falta de un nuevo Convenio Colectivo que regulara los incrementos salariales desde 2009. Teniendo en cuenta tal situación, se nos antoja como una prioridad inaplazable la negociación del XVIII Convenio Colectivo de Seat

La negociación del Convenio Colectivo no se puede postergar más y ha de tener como eje central la recuperación del poder adquisitivo perdido durante 2009 y 2010. Es el momento y la situación general del país y de la industria no ha de suponer un obstáculo sino más bien un estímulo. Creemos que el mejor instrumento del que disponen la clase trabajadora y las organizaciones sindicales para hacer frente a la crisis económica es la negociación colectiva. Así se desprende, por ejemplo, del reciente Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, vigente para el periodo 2010-2012 y que supondrá la mejora del nivel salarial de millones de trabajadores y trabajadoras de nuestro país. El acuerdo establece incrementos salariales con una tendencia evolutiva y al alza: un 1% en 2010, entre el 1% y el 2% en 2011 y entre el 1,5% y el 2,5% en 2012, incluyendo la activación de una cláusula de garantía salarial que atenderá a la diferencia entre el incremento salarial pactado en el Convenio Colectivo y la inflación real. El acuerdo es un paso adelante en un contexto de crisis económica y de destrucción del empleo a la vez que reivindica el papel de la negociación colectiva como herramienta de avance social después de un año como 2009 caracterizado por el bloqueo por parte de la patronal de la negociación colectiva y de la cuestión salarial.

El acuerdo firmado en el ámbito confederal debería servir como acicate para activar la negociación del XVIII Convenio Colectivo de Seat. Una empresa como Seat no puede ser un oasis en el marco actual del dialogo social y menos aún en el aspecto salarial, un elemento que históricamente había diferenciado a Seat, otorgándole un perfil de empresa con un nivel salarial por encima de la media del sector industrial. Como tampoco la acción sindical en Seat puede ser ajena a la estrategia en materia salarial que emana del confederal. Con lo cual, en Seat nuestro sindicato ha de reclamar aquello que CCOO está reclamando en el resto de empresas y sectores: la negociación del Convenio Colectivo. Ese es nuestro objetivo. Porque el Convenio Colectivo es la única vía posible para evitar que la plantilla siga perdiendo poder adquisitivo. Y después del fiasco de la congelación salarial, donde CCOO mantuvo una posición correcta como sindicato de clase, planteamos que el proceso de negociación del nuevo Convenio Colectivo sea liderado por CCOO.

Para ello necesitamos un sindicato integrador y cohesionado en lo interno y disciplinado en lo orgánico, entendiendo lo orgánico como el resultado de un debate participativo y plural. Necesitamos las CCOO herederas de las luchas obreras de Seat y adaptadas, al mismo tiempo, al cambio sociológico y generacional que se ha producido en Seat en los últimos años. Un sindicato ha de evolucionar conforme evoluciona la sociedad, la clase trabajadora y su propia afiliación. Asimismo, un sindicato también ha de evolucionar conforme evoluciona el mundo de la empresa, el cual ya no tiene nada que ver con la vieja empresa fordista, ni a nivel organizativo ni productivo. Decía Ignacio Fernández Toxo en el IX Congreso Confederal de CCOO que no podíamos seguir dirigiendo el sindicato con las mismas concepciones que hace 15-20 años porque la realidad era hoy bien distinta. Ese es un reto que ha de afrontar y superar las CCOO de Seat en el camino hacia una nueva etapa sindical. En definitiva, sólo con la referencia de unas CCOO fuertes y sólidas se podrá encarar con las máximas garantías la negociación del XVIII Convenio Colectivo, un proceso que se vislumbra duro y complejo. Es por lo tanto el momento de pasar a la ofensiva y de ser firmes en la defensa de los intereses de la clase trabajadora de Seat.

La recuperación del poder adquisitivo de 2009 y 2010, la regulación de los incrementos salariales para los próximos años con la referencia del IPC previsto y con cláusula de revisión salarial según el IPC real, el mantenimiento del 100% del plus de festivo, la dignificación de la categoría de ingreso (nivel salarial de especialista u oficial de 3ª), la activación voluntaria de los trienios para el personal acogido desde 2002 al plan de pensiones del Grupo Seat, la suficiencia de la flexibilidad pactada en el XVII Convenio Colectivo, la regulación de las cargas de trabajo (no se puede negociar con la salud de los trabajadores ni se puede incrementar la productividad a costa del trabajador) o la ampliación y mejora de los permisos retribuidos son algunas de las propuestas que se han de trabajar desde CCOO en línea con nuestros documentos aprobados colectivamente y con las necesidades de la plantilla de Seat.

Pedro Luna Antúnez. Miembro de la Ejecutiva y del Consejo Intercentros de CCOO-Seat.

Óscar Guardingo Martínez. Miembro del Consejo Intercentros de CCOO-Seat.

Hospitalet de Llobregat, 8 de marzo de 2010.

La teoría de la cebolla

Siempre nos dejamos llevar por el lado oscuro.

Hace unos años un buen compañero de fatigas relató una breve moraleja en el cierre de un encendido debate sobre la situación laboral y la actuación de los sindicatos. Presentó la historia como la teoría de la cebolla y decía más o menos así: "imagínense una cebolla compuesta por diferentes capas. Pues bien, la estructura de la cebolla y su posterior pelado según vamos desprendiéndonos de sus capas tiende a asemejarse a los vaivenes y escisiones en las organizaciones políticas de izquierdas. Es decir, se van pelando las capas porque se considera que cierta capa es prescindible por revisionista, que la otra capa lo es por reformista, a continuación le llega el turno a la capa socialdemócrata para pasar después a cortar la capa de los sindicalistas, la capa de los concejales y finalmente la capa de aquellos que nos miran mal o realizan algún análisis autocrítico. Nos acabamos quedando con una cebolla más bien delgaducha y enclenque pero eso sí pura e inmaculada como ninguna otra. Es la historia y el drama de la izquierda".

Pedro Luna Antúnez.

Nos vemos en Madrid

El próximo 12 de diciembre se celebra en Madrid una gran movilización general convocada por los sindicatos CCOO y UGT con el objetivo de denunciar el bloqueo de la negociación colectiva y las consecuencias que la crisis económica está provocando entre la clase trabajadora de nuestro país. Asimismo, la movilización del 12 de diciembre en Madrid servirá para exigir al gobierno central y especialmente a la CEOE la reanudación del diálogo social como instrumento de avance en las políticas de protección social, creación de empleo y del sistema público de pensiones, ámbitos seriamente amenazados por la patronal en el desarrollo de la negociación del diálogo social, proceso de negociación que se vio truncado por las elevadas exigencias de la CEOE en materia de abataramiento del despido y reducción de las cuotas empresariales a la seguridad social.

Es el momento de movilizar a los trabajadores y trabajadoras. A pesar de que en países como Francia y Alemania se atisba el final de la recesión, en España la crisis económica sigue destruyendo mensualmente miles de puestos de trabajo y según la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2009 el número de desempleados se sitúa en 4.123.300 y la tasa del paro en un alarmante 17,93%. Son las consecuencias de un patrón de crecimiento desordenado y escasamente productivo que durante años consolidó una economía basada en la especulación inmobiliaria y en los servicios de bajo coste. Es por ello que la movilización del 12 de diciembre apuesta por el cambio de modelo productivo, por otra manera de crecer y por una economía al servicio de las personas y del empleo, de base industrial y cimentada en las inversiones tecnológicas, en el I+D+i y en una formación permanente de calidad.

Es necesario realizar un llamamiento a la clase trabajadora a que se sumen y participen activamente en la movilización del 12 de diciembre en Madrid. El éxito de la convocatoria dependerá de la participación del conjunto de trabajadores y trabajadoras y si la movilización registra una asistencia masiva el grado de incidencia de las organizaciones sindicales en el diálogo social y en el desbloqueo de la negociación colectiva será aún mayor, y por lo tanto, ello repercutirá positivamente en los intereses generales de la clase trabajadora. Cabe esperar que la gran movilización del 12 de diciembre en Madrid se convierta en el punto de partida hacia un acuerdo social que haga frente a la crisis económica y alivie la complicada situación que viven millones de familias y trabajadores/as de nuestro país.

Pedro Luna Antúnez.

La derrota de Publio Quintilio Varo

Se cumplen dos mil años de la batalla de Teutoburgo en septiembre del año 9 d.C.

Hace dos mil años las tierras que actualmente ocupa Alemania eran un lugar oscuro, primitivo y casi inaccesible para el gran poder político, económico y cultural de la época, el Imperio Romano. Germania era la tierra de los bárbaros por antonomasia, habitada por moles humanas de larga melena y poseedoras de un ardor guerrero tan encarnizado y brutal que haría sucumbir a las invencibles legiones romanas. El historiador alemán Arthur Rosenberg explica en su breve libro Democracia y lucha de clases en la antigüedad que hace dos mil años casi la totalidad de Alemania estaba completamente salvaje y abandonada y que en las espesuras boscosas entre el Oder y el Rin vivían hombres cuyo grado de civilización no era muy diferente al de los congoleños de hoy (Arthur Rosenberg escribió el libro en 1912).

Ya a raíz de la conquista de las Galias por Julio César, Roma había situado el límite de su expansión en la línea del Rin. Era el año 51 a.C y la frontera entre los temibles e incivilizados germanos y la Roma de Cicerón y del joven Virgilio dejaba dos mundos tan opuestos frente a frente. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo I a.C apenas hubo incursiones de Roma en las tierras bárbaras, seguramente porque andaba demasiado ocupada en solventar sus propias contiendas civiles y en consolidar la construcción de un imperio que ya lo era desde la proclamación de César Augusto en el año 27 a.C. El comienzo de las hostilidades se puede fijar en el 16 a.C cuando un ejército germano tendió una emboscada al gobernador romano de la Galia belga y le derrotó de manera denigrante, lo que desencadenó la reacción de Roma con cuyas operaciones de castigo hizo extender su dominio hasta el río Elba. Un dominio, eso sí, que durante años fue más teórico que real y que empezó a tambalearse tras la elección como gobernador del codicioso Publio Quintilio Varo.

Corría el año 9 d.C y los pueblos germanos habían decidido unirse para hacer frente a las legiones romanas invasoras. La gestión de Publio Quintilio Varo en Germania había sido severa y expeditiva en exceso, sus métodos crueles, la corrupción generalizada y las elevadas tasas de los impuestos romanos provocaron un clima de rebelión entre las tribus germanas y un odio feroz hacia el gobernador romano. Publio Quintilio Varo disponía en Germania de tres legiones romanas más 9.000 soldados de tropas auxiliares, es decir, en total alrededor de 25.000 soldados romanos. Finalmente, el choque llegó en septiembre de aquel funesto año para el Imperio Romano. Publio Quintilio Varo había decidido de manera irresponsable adentrase en los bosques de Teutoburgo (en la actual Baja Sajonia) para dar un rodeo en un trayecto hacia la zona del Rin donde habrían de invernar las legiones romanas.

La incursión en los bosques de Teutoburgo fue una decisión fatal. Las tribus germanas sabedoras de los planes de los romanos se habían cohesionado y unido e incluso obedecían las órdenes de un sólo comandante militar, el famoso líder querusco Arminio. Ironías de la Historia, Publio Quintilio Varo había facilitado con su deficiente gestión la unión de las antaño dispersas y belicosas entre sí tribus germanas. Y así llegó la terrible jornada del 9 de septiembre cuando en medio de una tormenta torrencial, sobre caminos empantanados y cubiertos de barro, las tropas de Arminio sometieron a las legiones romanas en una incruenta emboscada. Los ejércitos de Publio Quintilio Varo estaban rodeados y sin duda que no les esperaba un destino agradable. En los días siguientes al 9 de septiembre las tres legiones romanas fueron prácticamente aniquiladas y apenas lograron escapar un millar de soldados, mientras más de 20.000 soldados romanos, entre legionarios y tropas auxiliares, yacían sobre la espesura de Teutoburgo. Publio Quintilio Varo en un arranque de honor romano se quitó la vida antes de entregarse vivo a los germanos, aunque como bien sabemos los germanos no hacían prisioneros y se dice que los pocos romanos que se entregaron fueron quemados vivos metidos en jaulas de mimbre.

Hace dos mil años del desastre de Teutoburgo y de la derrota de Publio Quintilio Varo. Aquel mes de septiembre del año 9 d.C los romanos sufrieron una de las derrotas más humillantes de su historia. Roma jamás volvió a extender su imperio más allá del Rin y salvo victorias puntuales de carácter defensivo como las del gran general Julio César Claudiano Germánico en el 12 d.C o las de Marco Aurelio en el siglo II d.C, los romanos rehuyeron entrar en guerra contra los germanos e ignoraron las tierras del norte de Europa como zona de expansión política y cultural.

Pedro Luna Antúnez.

Los 421 euros

Marina Berti en Quo Vadis.

El anuncio del gobierno central de conceder una ayuda económica de 421 euros durante seis meses a los desempleados demuestra hasta que punto el gobierno del PSOE no tiene una política social y de choque contra la crisis que aborde de manera profunda la complicada situación que atraviesan millones de españoles. Obviamente, toda ayuda a aquellos que más lo necesitan siempre es necesaria pero ello no se puede hacer desde la más absoluta improvisación e incluso desde el desconocimiento de la realidad social y económica del país. Por ejemplo, precipitado fue el anuncio de Zapatero en el pasado debate del estado de la nación de conceder la ayuda únicamente a los desempleados sin prestación económica desde el 1 de agosto. Las demandas y las críticas de las organizaciones sindicales y de izquierda hicieron rectificar al gobierno y finalmente la ayuda se concederá a efectos del 1 de enero, ampliando así el número de receptores de la cuantía.

Considero positiva la ampliación pero creo que el gobierno central sigue sin tener las ideas claras y no acomete cambios estructurales en el ámbito económico y laboral como la puesta en marcha de un nuevo modelo productivo, el impulso de sectores estratégicos como la industria, un plan global de actuación contra el paro y sobretodo, una reforma fiscal que exija a los más ricos pagar más y por lo tanto, apechugar como lo está haciendo la clase trabajadora. No en vano, la crisis la ha de pagar quien la ha provocado, aquellos que durante los años de crecimiento económico se embolsaron millones y millones de euros (los beneficios empresariales crecieron entre 1999 y 2006 un 73%), mientras los trabajadores españoles eran los únicos de la Unión Europea que perdían poder adquisitivo.

Los 421 euros son una ayuda, es cierto, pero no son la solución a la grave situación laboral y social que sufren millones de trabajadores y trabajadoras en España . No es la solución porque es insuficiente. ¿Puede vivir alguien con poco más de 400 euros al mes?. No es la solución porque son necesarios unos requisitos que no todo el mundo puede cumplir y porque no se ha diseñado la ayuda como una ampliación de la renta activa de inserción de carácter universal. Asimismo, no es la solución porque liga la duración de la ayuda a la referencia del 17% de la tasa del desempleo cuando de lo que se trata es de combinar tanto la creación de puestos de trabajo y la adecuación de los programas de inserción laboral con la mejora de las prestaciones por desempleo de los parados, alargando el periodo y la cuantía de las ayudas.

Pedro Luna Antúnez.

Una de griegos y romanos

Afronto la llegada de las vacaciones con la ilusión de sumergirme en las entrañas de la época clásica, desde Homero pasando por Pericles, Sócrates, Alejandro Magno, Aníbal, Escipión el Africano, Catón el Viejo, Cicerón, Julio César, Pompeyo, Catón de Útica, Bruto, César Augusto, Virgilio, Claudio, Séneca, Petronio, Trajano y Adriano. El Mundo Clásico. La epopeya de Grecia y Roma de Robin Lane Fox es mi libro del verano y en su lectura, entre otros menesteres, estaré ocupado durante estos días.

Pedro Luna Antúnez.

El diálogo social en tiempos de crisis

Desde que estallara con inusual virulencia la crisis económica, se ha fraguado en el seno de las organizaciones sindicales un debate sobre cuales han de ser las propuestas y las medidas que sirvan de acicate con el objetivo de paliar los graves efectos que el actual ciclo económico está causando entre la clase trabajadora española. Porque sin duda, la realidad social de nuestro mercado de trabajo es ciertamente precaria y dolorosa. Según datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) del primer trimestre de 2009, la tasa del paro se ha situado en el 17,4% y la cifra de desempleados alcanzó el máximo histórico de 4.010.700 personas, de las cuales 1.500.000 carecen de prestación económica por desempleo o de alguna renta mínima de subsistencia. En paralelo, 1.068.000 familias tienen a todos sus miembros en el paro y cerca de 700.000 familias están a un paso de la indigencia.

Es decir, la crisis está golpeando muy duramente a la clase obrera y en España lo está haciendo de manera más intensa que en el resto de la Unión Europea. Y ello es así porque la actual crisis, que tiene un origen financiero, ha chocado frontalmente con la propia fragilidad estructural del sistema económico español y con un patrón de crecimiento que en los últimos años se ha basado esencialmente en la especulación inmobiliaria y en los servicios de bajo coste, consolidando así un modelo escasamente productivo, poco competitivo, que no genera riqueza para el conjunto de la ciudadanía, que no crea empleo y el poco que crea es de naturaleza precaria (elevadas tasas de temporalidad y de siniestralidad laboral, abuso de las horas extras, fraude empresarial en materia contractual y de la seguridad social, etc.) y que se trata, en definitiva, de un modelo económico con pies de barro e inseguro laboral y socialmente.

Es por está razón que una de las demandas de las organizaciones sindicales, y especialmente de CCOO, no ahora sino desde hace años, ha sido el impulso de un nuevo modelo productivo como eje dinamizador de una economía basada en la industria, en el I+D+i, en un mayor valor añadido y en un empleo estable y de calidad. Cierto es que a día de hoy el cambio del modelo productivo no ha cuajado aún, entre otros motivos, porque cambiar el modelo productivo no es algo que se produzca de la noche al día sino que requiere de un proceso gradual de cambios profundos en la economía de un país y del cambio de mentalidad de la misma clase empresarial, la cual es en España reaccionaria y autocrática tanto por origen como por actitud.

Así pues, para hacer frente a la crisis convienen medidas de alcance más inmediato. En este sentido, Ramón Górriz, Secretario de Acción Sindical de CCOO, intervino el pasado 17 de junio en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de Diputados y entre otras afirmaciones realizó las siguientes: Las causas de la situación que vivimos en España, no residen en el mercado de trabajo, y por tanto no se solucionan con reformas laborales. CCOO está dispuesta a participar del debate de la reforma de la negociación colectiva en España. Una reforma que potencie la negociación colectiva como instrumento para garantizar seguridad y flexibilidad a los trabajadores y a las empresas. Efectívamente, Ramón Górriz señala de manera muy acertada cual ha de ser el antídoto principal en la batalla sindical contra la crisis, que no es otro que el de reforzar la negociación colectiva como la gran herramienta legal que dispone la clase trabajadora para mejorar sus condiciones laborales.

Claro que cuando hacemos hincapié en la idea de reforzar la negociación colectiva no ha de hacerse bajo el paraguas de un diálogo social a la defensiva y algo endeble. El dialogo social ha de partir de unas premisas claras e inequívocas. Por ejemplo, tal y como señala Ramón Górriz éste no es el momento de una nueva Reforma Laboral y menos aún si se atisba como horizonte en la mesa de negociación un posible abaratamiento del despido como demanda la patronal. Asimismo, desde las organizaciones sindicales tampoco puede asumirse la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora como una alternativa a la crisis como también pretende la CEOE al socaire de la grave coyuntura económica. Es evidente que la cuestión salarial no causa la crisis y por lo tanto no puede ni debe ser la solución a la misma. ¿Acaso ha sido determinante en Seat la congelación salarial para 2009 y 2010 cuando apenas representa el 7% del valor final del producto y un ahorro de 5 millones de euros frente a los 240 millones de euros que la multinacional recibirá de ayuda pública por la adjudicación del modelo Audi Q3?.

Por otro lado, el sistema público de la Seguridad Social no puede ser objeto de discusión si lo que se aspira es a reducir las cotizaciones empresariales a la caja común. No olvidemos que ya en la Reforma Laboral de 2006 se acordó la reducción de las cotizaciones empresariales en un 0,5% al desempleo y en un 0,2 % al FOGASA (Fondo de Garantía Salarial). Y sería imprudente concretar nuevas reducciones de las cotizaciones y alterar los ingresos de la Seguridad Social por lo que ello pudiera generar al futuro y a la estabilidad del sistema público y de pensiones.

En consecuencia, el fin es el de reforzar la negociación colectiva, sí, pero como camino hacia un diálogo social que establezca las bases de un gran pacto por la creación de empleo y la cohesión social. La ampliación de la prestación del desempleo para las familias sin cobertura, la mejora de la renta activa de inserción, el fomento de las políticas de economía social, la reforma de la ley concursal, el endurecimiento de la legislación en materia de presentación y aprobación de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE´S) o la revisión del sistema financiero son propuestas que se han realizado desde las organizaciones sindicales (véase documento sobre Propuestas sindicales para un acuerdo por el empleo y la protección social del 20 de mayo) que sitúan cuales son las verdaderas necesidades sociales y de que modo podemos garantizar un futuro más alentador y seguro para millones de trabajadores y trabajadoras de nuestro país.

Pedro Luna Antúnez.

Lo primero es lo primero

Los resultados de las elecciones europeas son lisa y llanamente lesivos contra los intereses de millones de trabajadores y trabajadoras de la Unión Europea. Europa ha girado hacia la derecha y lo ha hecho en el momento más inoportuno para hacerlo. Es más, el viejo continente ha demostrado no tener memoria (véase la directiva de ampliación de la jornada laboral de 65 horas, por ejemplo) y haberse abonado a la versión más inmoral e infame de la política (véase “il cavaliere” Berlusconi en una Italia derrotada culturalmente que ya no es heredera de Gramsci o de Berlinguer). En España, la campaña electoral se convirtió en un programa de la prensa rosa y la abstención, generalmente de izquierdas, se erigió en la vencedora real de unos comicios para olvidar. Incluso desde las organizaciones políticas de izquierdas han de asumir cierta responsabilidad del páramo político que hemos padecido los últimos días. Un poco de pedagogía política, por favor. Ese es nuestro reto, también el de los sindicatos, tal y como afirma de manera muy acertada Javier Doz, Secretario de Internacional de CCOO en un comunicado publicado hoy mismo.

Porque como bien transmite el sagaz vídeo de los compañeros de CCOO-Madrid, historia que ilustra este breve artículo, “lo primero es lo primero”. Como no podría ser de otra manera.

Pedro Luna Antúnez.

Sobre la huelga general del País Vasco

Una serie de organizaciones sindicales del País Vasco han convocado una huelga general para el próximo 21 de mayo en protesta por la destrucción de empleo y el chantaje de la patronal. Bien hecho, compañeros, es la primera idea que nos vendría a la cabeza teniendo en cuenta que efectívamente la actual situación económica y social está castigando de manera muy intensa a la clase trabajadora. Sin embargo, me asaltan ciertas dudas respecto a las verdaderas intenciones de la huelga general vasca.

En primer lugar, llama la atención que la huelga general haya sido convocada únicamente por los sindicatos nacionalistas (ELA y LAB principalmente) y que a los sindicatos CCOO y UGT ni siquiera se les haya consultado sobre la conveniencia de la huelga ni invitado a participar en la misma. Por lo visto, los propios convocantes de la huelga general recriminaron a CCOO y UGT de ser "sindicatos españolistas" y de defender un modelo de diálogo social semejante al de "una carcasa vacía". Curiosa acusación ésta última cuando sólo han pasado unas pocas semanas de la rúptura de la mesa para el diálogo social formada por el gobierno central, la patronal y los sindicatos CCOO y UGT, negociación tripartita encargada de renovar en 2009 los Acuerdos de Negociación Colectiva (ANC). Recordemos que no hay acuerdo en la ANC por desavenencias con respecto a la subida salarial para 2009, ya que que los sindicatos CCOO y UGT exigen un 2% frente al 1% que está dispuesto a aceptar la patronal. Carcasa vacía o no, me parece gracioso que tal crítica proceda de un sindicato como ELA, brazo sindical del PNV y de la derecha nacionalista vasca, cuando el modelo de negociación colectiva que defiende éste mismo sindicato en el País Vasco es el de trasladar la negociación al ámbito de la empresa, permitiendo así la segregación de la negociación colectiva y el desamparo de miles de trabajadores de pequeñas y medianas empresas que carecen de la posibilidad de negociar sus propios convenios colectivos. Sobre la acusación de "españolismo" a CCOO y UGT considero que no merece la pena perder ni un sólo segundo en realizar análisis alguno.

En segundo lugar, "coincide" que la huelga general se realizará un par de semanas después de la elección de Patxi López como Lehendakari en el País Vasco. Por ello, la razón de la huelga parece estar más vinculada a intereses partidistas en clave de política interna vasca que a la defensa de los derechos sociales y laborales de los trabajadores vascos. No en vano, una huelga general no es algo abstracto en el contenido y se suele hacer para manifestar el rechazo de la mayoría sindical a las medidas en materia económica y laboral del gobierno de turno. Como es lógico aún no existen medidas del futuro gobierno de Patxi López contra las que protestar y en sólo quince días tampoco me imagino que las habrá cuando además aún ni se habrá constituido el gobierno. Y por supuesto que hay desempleo y chantaje de la patronal pero ¿acaso no lo había con el gobierno del PNV?. Como decía en líneas precedentes, ELA es el sindicato del PNV, Partido que durante treinta años ha regido los destinos del País Vasco y que tanto le ha dolido tener que abandonar el poder. La asociación de ideas creo que se hace por sí misma. Es decir, me da la impresión que la huelga es una coartada del nacionalismo vasco para dar su "particular bienvenida" al nuevo gobierno, que dicho sea de paso, a mí tampoco me gusta. De hecho, ciertos sectores de la patronal han recibido la convocatoria de huelga con agrado y simpatía. Por ejemplo, José María Vázquez, presidente de la patronal vizcaína (Cebek), que supongo cercano al PNV, ha declarado que la huelga está fundamentada. A mí me parece que no es muy usual que la patronal justifique la convocatoria de una huelga general, ¿será que la patronal de Vizcaya es más sensible a las injusticias sociales que ella misma provoca?. Quí lo sa.

Los compañeros de CCOO del País Vasco han calificado la huelga general de excluyente, mediática y virtual. Y son tres verdades como tres templos. Es excluyente porque ignora a una parte muy importante del sindicalismo vasco, la que representa el sindicalismo de clase y confederal frente al sindicalismo corporativo, nacionalista e insolidario de las organizaciones convocantes de la huelga general. Es mediática porque se realiza pocos días después de la investidura del nuevo Lehendakari con la clara finalidad de “hacerse la foto” y es virtual porque las organizaciones sindicales que convocan la huelga no tienen capacidad real para incidir ni para resolver la apurada situación que sufren millones de trabajadores en el País Vasco y en el resto de España.

Pedro Luna Antúnez.