Como si se tratara de cuadrar el círculo, un día después de anunciar el gobierno la reforma laboral, Durán i Lleida declaraba ante la prensa que era preciso regular el derecho de huelga y manifestación para que éste no atentara contra el interés general. El diputado de CiU realizó tales manifestaciones a raíz de la convocatoria de huelga en el transporte público de Barcelona para los últimos días de febrero coincidiendo con la celebración del World Mobile Congress. “Esta huelga va en contra del interés de Barcelona y de Cataluña” afirmó Durán i Lleida utilizando sin el menor reparo el nombre de Cataluña como arma de chantaje político y emocional. El caso es que al día siguiente de presentar el PP la reforma laboral más agresiva y salvaje del periodo democrático, CiU remataba la ofensiva proponiendo limitar derechos constitucionales en previsión de un aumento de la conflictividad social en las calles.
La derecha española y la catalana componen una gran alianza en su objetivo común por desmantelar el Estado social y los servicios públicos, por un lado, y anular los derechos laborales de los trabajadores, por otro. En Cataluña no existe esa “derecha civilizada” que algunos teorizaron en su momento incluso desde las tribunas del progresismo de salón. Ya con el PSOE en el gobierno y actualmente con el PP, CiU se ha erigido en el portavoz de las propuestas más delirantes de la patronal no solo avalando cuantas reformas laborales se han sucedido sino afanándose por endurecer los decretos en sus respectivos trámites parlamentarios. Obviamente, CiU ha saludado favorablemente la última reforma laboral del PP, la cual está haciendo mella de manera muy profunda en el cada vez más deteriorado tejido laboral catalán. De hecho, fue la compañía del Liceo una de las primeras empresas en acogerse a la reforma laboral presentando un ERE exprés que afecta al 90% de la plantilla del conocido teatro barcelonés. Después del Liceo llegó el resto. Tan solo en las dos primeras semanas de aplicación de la reforma laboral se presentaron en Cataluña más de 300 expedientes de regulación de empleo afectando a un total de 6.900 trabajadores y triplicándose la cantidad respecto a los últimos meses.
Es posible que a Durán i Lleida le satisfaga que ahora los empresarios catalanes puedan despedir más barato y puedan rebajar los salarios pactados en convenios. No en vano, siempre podrá echar mano del sempiterno debate del déficit fiscal para justificar los recortes en la sanidad o para explicar el porqué uno de cada cinco catalanes viven bajo el umbral de la pobreza. Hace unas semanas, el consejero de economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, antiguo dirigente universitario del integrador y glorioso PSUC de la década de los 70, cifraba el déficit fiscal del Estado hacia Cataluña en 16.000 millones de euros anuales. Según Mas-Colell, el expolio fiscal contra Cataluña servía para crear ocupación en otras comunidades a la vez que hacía inevitable la política de recortes sociales en los servicios públicos catalanes.
Una vez más se enarbola la bandera del agravio nacional para tapar las miserias propias haciéndonos creer que los recortes en Cataluña no obedecen a criterios ideológicos sino que se deben a que otros territorios “viven a costa nuestra”. Supone CiU que abrazar un modelo de nacionalismo similar al que defiende Umberto Bossi en el norte de Italia y fomentar el enfrentamiento entre comunidades es rentable y hace que los catalanes disculpemos a los verdaderos responsables en Cataluña del aumento de la pobreza y del copago en la sanidad pública. Lo que no dice CiU es que los 16.000 millones que Mas-Colell cifraba como déficit fiscal corresponden exactamente al fraude fiscal de las rentas del capital en Cataluña y que éste sextuplica el valor de los recortes en sanidad y representa casi una cuarta parte del fraude fiscal en España. Es más fácil culpabilizar al vecino.
Hace unos meses el clasista Durán i Lleida puso el grito en el cielo contra el subsidio agrario del campo andaluz. Según Durán i Lleida, que un jornalero andaluz en el desempleo cobre una prestación de 420 euros durante seis meses provoca que el gobierno de CiU se vea en la necesidad de cerrar hospitales en Cataluña. Ese es el mensaje de la derecha neocón en Cataluña. Pero es también el mensaje de la derecha en Madrid y en el resto de España. Las derechas van de la mano cuando se trata de defender sus privilegios e intereses. Tiempo habrá para montar batallas identitarias artificiales que disimulen el idilio real que viven PP y CiU. Un idilio que se puso de manifiesto un día antes de la aprobación en el congreso de la reforma laboral cuando el PP indultó a Josep María Servitje, un antiguo alto cargo de la Generalitat con Jordi Pujol sentenciado a cuatro años y medio de cárcel por malversación de dinero público. Por cierto, Durán i Lleida nada más conocer el indulto felicitó al gobierno del PP por el favor prestado. Al día siguiente en el congreso votó a favor del decreto de reforma laboral. De esa misma reforma que se fraguó entre el palacio de la Moncloa y el hotel Ritz de Madrid, hospedaje habitual de Durán i Lleida en la capital.
Pedro Luna Antúnez.
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